“Estados Unidos se encuentra en una encrucijada. Un país que fue el símbolo mundial de la democracia se encuentra ahora al borde del autoritarismo”. Esta afirmación aparece en el libro “Democracy Awakening” de la historiadora Heather Cox Richardson, publicado en 2023. Para entonces, la potencia del norte estaba en plena campaña electoral, esa que llevó por segunda vez a la Casa Blanca a Donald Trump. Richadson identifica un patrón recurrente en la historia estadounidense y que antecede las grandes crisis políticas: hay inconformidad acumulada; la gente común se muestra desencantada de la realidad que vive, pero asume que el “sistema” se corregirá solo, apoyándose en las instituciones existentes.

Esto provoca una disminución de la participación política, que, en lugar de mejorar las cosas, las empeora. Hay un proceso gradual de erosión y devaluación de la democracia. Cuando la situación se vuelve insostenible, las esperanzas se ponen en alguien que asumirá la tarea. El problema es que cuando esto sucede el poder queda en manos de una minoría que no está interesada en resolver los problemas, sino en aprovecharlos para concentrar poder político y riqueza, en un viraje autoritario que termina de minar las bases del sistema democrático y republicano. Su libro trata sobre cómo colapsa la democracia, y aunque se centra en los Estados Unidos, puede ser muy útil para explicar los cambios en el poder en otros países, incluyendo El Salvador.

Para Richardson, hay casos en que las democracias mueren desde adentro. Este argumento es importante porque por mucho tiempo los latinoamericanos creímos que la principal amenaza provenía de otros actores, por ejemplo, los militares reaccionarios y sus consabidos golpes de Estado o la intervención imperialista. Es por eso que, cuando en El Salvador superamos la etapa de la guerra civil y logramos la paz, asumimos ingenua y cómodamente que entrabamos en un proceso de democratización progresivo, cuyo mejor signo serían las elecciones libres y la alternancia presidencial.

En el colapso del sistema republicano y de la democracia salvadoreña hubo tres factores asociados: primero, el acomodamiento de ARENA y FMLN a los espacios políticos heredados de los acuerdos de paz, y su negativa a ir más allá. Se asumió que la alternancia en el poder era prueba de que el sistema marchaba. Este acomodamiento implicó un entendimiento equivocado de que ser oposición equivale a “oponerse a todo”. De este modo se anuló la posibilidad de cambios significativos y se fortaleció a las mal llamadas “terceras fuerzas” con los cuales el partido en el poder negociaba para superar al principal partido de oposición.

El segundo factor fue la violencia pandilleril. Ni ARENA ni el FMLN pudieron resolver ese problema. Cualquier medida que propusiera el gobierno, por ejemplo, un estado de excepción, no tenía posibilidad de prosperar en la Asamblea. Lo anterior dio espacio para que, en su momento, cada gobierno terminara negociando con las pandillas, primero la reducción de homicidios y luego apoyos electorales. Agotamiento del bipartidismo e incapacidad en el combate de las pandillas, provocó desencanto. Bukele y Nuevas Ideas aprovecharon el hartazgo de la población de ese círculo vicioso de violencia y componendas políticas, prometiendo que ellos sí resolverían el problema. Paradójicamente llegaron al poder negociando con las pandillas de una manera más descarada que los anteriores.

El tercer factor aparece, una vez que Bukele y Nuevas Ideas se apoderan del poder ejecutivo y del legislativo, por voluntad del electorado, hay que decirlo. El dominio de la Asamblea Legislativa le permite a Bukele romper el último obstáculo a sus pretensiones de concentración del poder. Se destituyó de manera ilegal a la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general, nombrando sustitutos a servidores incondicionales de la presidencia. Todo lo que vino después es consecuencia de lo anterior. Vale decir, que todo ese proceso de desmantelamiento del estado del derecho y la democracia contó el aval tácito de la Fuerza Armada.

Procesos de este tipo solo prosperan si la ruptura es avalada por una parte importante de la población. En este punto hay dos elementos claves. Primero el convencimiento de que estado de derecho y separación de poderes eran un obstáculo para combatir a las pandillas. Segundo, la imposición de una narrativa que distorsiona la realidad y la historia, a fin de justificar cualquier exceso. Los abusos son prueba de distanciamiento de las prácticas de los políticos tradicionales. Según, Richardson se recurre a una tergiversación de la historia y un discurso que contrapone en términos absolutos a “nosotros” los buenos victimizados, frente a los “malos”, en el caso salvadoreño: pandilleros, ARENA y FMLN. Estos últimos no solo toleraron a los primeros, sino que defraudaron las arcas del Estado.

Imponer esa narrativa supone descalificar cualquier instancia que pueda cuestionarla, por ejemplo, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, y crear condiciones que anulen cualquier posibilidad de cuestionamiento y protesta. Esto último explica por qué el régimen de excepción se sigue prorrogando automáticamente a pesar del tan publicitado éxito de los planes de seguridad. El régimen de excepción se ha convertido en mecanismo de control social y político. La prueba más evidente es la “facilidad” con que se ha desalojado a los vendedores informales y al comercio formal del centro capitalino y se ha despedido a miles de empleados públicos, al margen del debido proceso.

La eliminación del sistema de pesos y contrapesos propios de un sistema republicano conduce fatalmente a la concentración del poder y a la falta de transparencia. El ejecutivo se vuelve omnímodo, absorbe instancias antes autónomas y acapara recursos que usa de manera discrecional y arbitraria, no en función de satisfacer necesidades de la población, sino para fortalecer al ejecutivo. La reducción de municipios y la lipidia económica que viven los que subsisten, y la ubicua presencia de la Dirección de Obras Municipales y sus equipos color cian son la mejor prueba de ello.

Richardson argumenta que el autoritarismo moderno en Estados Unidos es el esfuerzo de una minoría (el movimiento MAGA y élites económicas) para gobernar sobre una mayoría. En El Salvador, no es posible aún identificar una élite económica como la que perfila Richardson. Obviamente el bukelismo está beneficiando a ciertos grupos emergentes, pero se cuida de no incomodar a otros ya establecidos que se beneficiaron del orden anterior y también de este. Es por eso las gremiales empresariales se muestran tan indulgentes con el gobierno.

En resumen, el caso salvadoreño ilustra la tesis de Richardson de que una sociedad puede elegir voluntariamente disminuir su propio poder en favor de un «hombre fuerte» cuando siente que las instituciones previas le han fallado. A diferencia de El Salvador, en Estados Unidos el sistema republicano y la democracia están amenazados, pero no han colapsado. La explicación no hay que buscarla en Trump, que ha hecho cuanto ha estado en sus manos para lograrlo; la explicación está en la solidez de las instituciones estadounidenses, especialmente en el poder judicial. Trump tampoco ha logrado dominar a los mandos de las fuerzas armadas, como lo prueban sus frecuentes choques con influyentes oficiales militares.

Democracy Awakening no tiene un sentido derrotista. Al contrario, sostiene que el autoritarismo no es un destino inevitable. En El Salvador, la democracia colapsó por la erosión de la confianza en las instituciones que nosotros descuidamos; por lo tanto, estamos obligados a rescatarla, y lo primero que debemos rescatar es la Constitución. Recuperar la democracia exigirá algo más que criticar al gobernante de turno; requerirá reconstruir un proyecto político en el que el respeto a la ley no sea visto como un estorbo, sino como garantía de que el ‘hombre fuerte’ no se convierta en tirano.

Historiador, Universidad de El Salvador