El lunes de esta semana, en su discurso a las Cortes españolas, León XIV recordó a los presentes principios fundamentales, imprescindibles para llevar a cabo su labor de gobierno; partió de la premisa que muestra cómo la Iglesia “reconoce la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política”.

Así, dicho lo anterior, hizo referencia a la robusta y fructífera tradición jurídica de los españoles y a su amor por la libertad, citando a Cervantes, Unamuno, Francisco de Vitoria y la Escuela jurídica de Salamanca, cuyos maestros “comprendieron que la razón no podía ser invocada para revestir de legitimidad cuanto la fuerza o el interés presentaban como conveniente”.

En un estado español en cuyas cortes, al menos para una mayoría de diputados, el aborto y la eutanasia ya no se ponen en cuestión, el papa apuntó: “¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido, al anciano, al enfermo, a quien sufre en silencio o a quien depende enteramente del cuidado de los demás? La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional: es una meta de civilización”.

Luego, más fuerte y más claro, pero con serena objetividad les hacía reflexionar haciéndoles considerar que “la grandeza de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”.

En su intervención quiso, como decíamos, recordar temas fundamentales, esos en los que se sostiene el ordenamiento jurídico y que como base de todo se encuentran fuera de discusiones o diálogos acomodaticios. Concretamente, recordó a sus oyentes que “toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva: qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes”; de tal manera que todo ordenamiento jurídico debe fundamentarse en el convencimiento de que todos y cada uno de los ciudadanos son sujeto de derechos y deberes, simple y sencillamente por su condición de persona humana, es decir, independientemente de su rol en la sociedad, u otras consideraciones circunstanciales.

Así se entiende con mayor hondura que haya señalado en el mismo lugar donde se discuten y se promulgan los decretos y leyes que “una ley no alcanza su grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse”.

También abordó temas importantísimos en el quehacer jurídico del foro en el que se encontraba; como por ejemplo, el modo en que se debía no solo tutelar sino fomentar el crecimiento de la familia desde las leyes para el beneficio de todos los ciudadanos; la forma más digna y consecuente con el respeto de la dignidad humana de tratar el complejo tema de la inmigración; el papel de los legisladores en un mundo mediado por la tecnología; la mejor estrategia para considerar, desde el congreso de una nación, los temas en relación a la guerra y la paz; y, por supuesto, el papel del disenso y el diálogo en una democracia señalando como “la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”.

Ahora bien, desde una perspectiva pragmática, resultadista, todo lo anterior podría sonar, sin lugar a dudas, como ingenuo o utópico… sin embargo, cuando se consideran todas las cosas y nos miramos en el espejo de la historia, resulta más bien descarnadamente realista.

Como apunta un comentarista “esos principios que recuerda el Papa no bastan, desde luego, para hallar soluciones a los problemas concretos, en la complejidad de lo real. Pero sin ellos, no se da con la respuesta justa: una política convertida en chalaneo no armoniza visiones ni intereses contrapuestos y tiende a inclinarse hacia los del poderoso de turno”.

Ingeniero/@carlosmayorare