Nuevamente vemos al conocido influencer, envuelto en una polémica, esta vez por haber convocado a cientos de jóvenes y como punto de reunión en la Binaes y luego se trasladarían a la plaza Simón Bolívar, en el Centro Histórico de San Salvador, para realizar una llamada “Batalla de Farmear Aura”. Para quienes —como yo— pertenecemos a otra generación, vale explicar el término: “farmear aura” nació de la cultura de los videojuegos y las redes sociales y consiste, básicamente, en realizar poses, movimientos o actuaciones llamativas para ganar simbólicamente “aura”, es decir, admiración, presencia o reconocimiento frente a los demás.

Hasta ahí no encuentro ningún problema. Los jóvenes tienen sus propias expresiones culturales, como las tuvimos nosotros, y sería absurdo pretender que cada generación se comporte como la anterior.

El problema comienza cuando una actividad deja de ser una reunión espontánea entre amigos y se convierte en un evento convocado públicamente, con cientos de asistentes y hasta un premio económico, porque entonces aparecen responsabilidades que no desaparecen simplemente porque el escenario sea una plaza pública.

Aquí conviene hacer memoria. No es la primera controversia pública protagonizada por este influencer. Hace algunos meses causó indignación un video en el que se dirigió de manera vulgar a una persona adulta mayor; posteriormente buscó al señor, pidió disculpas y le entregó MIL DÓLARES ($1,000.00).

Aquello no era un asunto menor, porque nuestro ordenamiento jurídico protege especialmente la dignidad de las personas adultas mayores y exige un trato digno, respetuoso y considerado hacia ellas.

Ahora vuelve a surgir una discusión distinta, pero que tiene un elemento común: tener miles de seguidores no coloca a nadie por encima de las reglas que gobiernan la convivencia social. Las redes sociales pueden otorgar popularidad, pero la popularidad jamás ha sido una fuente del Derecho.

En esta ocasión, cuando la autoridad le requirió la autorización correspondiente, el influencer cuestionó públicamente por qué necesitaba permiso para encontrarse en un parque público. Incluso manifestó durante la transmisión que continuaría el evento aunque lo multaran o lo llevaran detenido. Allí existe una confusión jurídica que vale la pena aclarar.

El artículo 571 del Código Civil efectivamente establece que las calles, plazas, puentes y caminos son bienes nacionales de uso público, cuyo uso pertenece a todos los habitantes. Pero de esa disposición no puede extraerse la conclusión de que cada ciudadano pueda apropiarse temporalmente de una plaza y destinarla a cualquier actividad organizada sin regulación.

Una cosa es que usted llegue con su familia a caminar por la plaza, se siente en una banca o atraviese libremente el lugar; otra completamente distinta es que convoque por redes sociales a centenares de personas, organice una competencia, establezca una dinámica, ofrezca premios y transforme temporalmente el espacio en el escenario de su evento. El dominio público garantiza el acceso de todos; no concede a ninguno un derecho absoluto sobre el espacio.

Y aquí la discusión deja incluso de ser interpretativa. Existe un Reglamento General para el Uso de los Espacios Públicos en la Delimitación Territorial del Centro Histórico de San Salvador, cuya finalidad es precisamente regular la utilización de estos lugares.

La normativa permite autorizar temporalmente actividades culturales, turísticas, promocionales y recreativas, y considera evento aquellas actividades que producen una aglomeración de personas como consecuencia de una invitación pública o particular.

La autoridad competente tiene expresamente la facultad de otorgar permisos para el uso temporal del espacio público y de ejercer vigilancia y control.

Por eso resulta difícil sostener jurídicamente el argumento de “nadie me dijo que necesitaba permiso”. La obligación de conocer y gestionar la autorización corresponde al organizador.

De hecho, en las iglesias evangélicas conocemos perfectamente esta realidad: cuando queremos celebrar un culto, una campaña evangelística o una actividad pública en una plaza, no basta llegar con los hermanos, colocar las bocinas y decir: “la plaza es de todos”.

Nos requieren permisos y una verdadera camándula de requisitos. Y los cumplimos, precisamente porque vivir en sociedad significa sujetarnos todos a las mismas reglas.

Hay, además, otro aspecto que me preocupa mucho más que la discusión administrativa. En imágenes difundidas del evento se observan actuaciones que, cuando menos, merecen una seria reflexión sobre el mensaje que estamos transmitiendo a niños y adolescentes.

Si efectivamente uno de los participantes tomó una gallina y simuló con el animal un acto sexual, como muestran los videos que circulan, la pregunta ya no es únicamente si aquello produce “aura”, risas o reproducciones.

La pregunta es: ¿esto es lo que queremos convertir en espectáculo para nuestros jóvenes? No pretendo convertir cada tontería juvenil en delito ni creo que el Estado deba perseguir cualquier expresión irreverente; sería igualmente peligroso.

Pero tampoco confundamos libertad con ausencia absoluta de límites. Una cosa es el humor, incluso el humor absurdo; otra es normalizar comportamientos degradantes en espacios donde concurren familias, adolescentes y niños, únicamente porque producirán un video viral.

Durante años hemos reclamado que nuestros jóvenes abandonen aquella vieja cultura de barriada que glorificaba la violencia, la vulgaridad, la humillación del otro y el desprecio por las reglas. Muchísimo se ha hecho como sociedad para recuperar espacios públicos que durante décadas estuvieron prácticamente secuestrados por la delincuencia.

Sería una contradicción que ahora, cuando las familias pueden volver al Centro Histórico, aceptáramos como progreso sustituir una cultura antisocial por otra en la que mientras más extravagante, vulgar o desafiante sea una conducta, más reconocimiento obtiene en las redes.

El influencer tiene derecho a crear contenido y los jóvenes tienen derecho a divertirse; pero quienes poseen capacidad para movilizar a cientos de muchachos deberían comprender también que la influencia trae consigo responsabilidad.

Por eso creo que este caso puede resumirse en una palabra que últimamente parece molestar a algunos: orden. Orden no significa autoritarismo. Orden significa que el parque pertenece a todos, pero nadie puede apropiárselo a su antojo; que existe libertad, pero también reglas; que podemos divertirnos sin convertir cualquier vulgaridad en espectáculo; y que cumplir un permiso no constituye persecución contra nadie. Cuando mi iglesia solicita una plaza pública, cumplimos los requisitos.

Cuando una empresa organiza un concierto, también debe hacerlo. Y cuando un influencer convoca a cientos de personas para “farmear aura”, exactamente la misma regla debe aplicarse. Eso se llama igualdad ante la ley. Y, sobre todo, eso se llama aprender a vivir en sociedad.

Abogado y teólogo.