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La paradoja de las becas universitarias

Garantizar el derecho a la educación superior no consiste únicamente en pagar la factura del sector privado; exige construir y consolidar una universidad nacional fuerte, con carreras actualizadas e investigación de calidad

El Salvador atraviesa una importante reconfiguración en sus políticas públicas orientadas al acceso a la educación superior. Bajo la premisa del “Florecimiento Salvadoreño” y la “Cultura de la Integración”, la Dirección de Integración (DI) ha impulsado un programa de becas que busca dar acceso a carreras universitarias y técnicas a los bachilleres que completen el denominado “Proceso Formativo”, donde tienen que realizar un número de actividades, según la beca a que apliquen.

La magnitud del proyecto es indiscutible: más de 21,000 nuevos jóvenes se sumarán a los 14,000 que ya cuentan con beca en cerca de 600 carreras universitarias, técnicas y vocacionales. El documento “Carreras universitarias 2027” da un total de 32751 cupos disponibles en 25 universidades, varias de las cuales tienen sedes en diversos lugares. No hay manera de saber los criterios con los cuales se asignan los cupos a cada universidad, pero llama la atención que 3 de ellas concentran el 48.25% de los cupos. La que más cupos tiene llega a 6800; en el otro extremo, una tiene apenas 10. También hay diferencias entre las carreras; algunas tienen un cupo estipulado, otras no. En general, se reproduce la oferta establecida por las universidades y esta responde, no a los intereses de país, sino a la relación costo-beneficio. Es decir, el programa no pretende cambiar el panorama profesional del país, más bien lo reproduce.

Es de justicia reconocer que este programa representa un alivio para miles de familias. Para un joven proveniente de un municipio con escasas oportunidades, la opción de cursar una licenciatura o carrera técnica sin pagar matrícula ni colegiatura constituye una oportunidad de movilidad social innegable. La red territorial articulada por la Dirección de Integración abarca los 14 departamentos en modalidades presenciales, semipresenciales y virtuales, apoyada por un sistema de asignación en tres fases diseñado para ubicar a la mayor cantidad posible de estudiantes. Estos deben acumular participaciones comunitarias y formativas para obtener sus certificaciones. El valor social del subsidio directo al estudiante no está en duda; lo que debe discutirse es la estrategia elegida por el Estado para apoyar la educación superior.

Mientras el Estado expande la cobertura mediante convenios con las instituciones de educación superior privadas, la Universidad de El Salvador (UES), única institución pública del país, permanece al margen de esta alianza. Esta ausencia no es un detalle menor; es un indicador de cómo la respuesta gubernamental al problema de educación superior ha preferido el inmediatismo de la transferencia de recursos al sector privado y no el fortalecimiento de la universidad pública. El señor Alejandro Gutman se ha referido varias veces a la UES en términos poco favorables. Señala que esta no está incorporada porque hay elementos políticos de por medio y por la poca disposición del rector, pero no explica cómo se podría resolver el tema del examen de admisión y el hecho de que la UES es gratuita.

Aquí se ubica el núcleo del problema. Desde hace unos años, la UES ofrece formación gratuita a todos los estudiantes de pregrado; exime del examen de admisión a algunos, pero la mayoría debe aprobar dicho examen y, dadas las debilidades con que los jóvenes egresan del bachillerato, para algunos es difícil superar ese filtro. Además, la UES asigna cupos según la especificidad de la carrera y las capacidades de cada Facultad. Todos los años, hay jóvenes que se quedan fuera, ya sea por no aprobar el examen, o por las dificultades físicas y presupuestarias de la UES. En contraste, las instituciones privadas que participan en el programa aplican sus propios criterios de selección interna, pero no hacen examen de admisión. Por lo tanto, hoy por hoy, la UES no resulta atractiva para muchos estudiantes, aunque ofrezca una formación de buen nivel.

Con el sistema actual, Pero dicho programa no favorece en nada a la universidad pública; más bien, le quita estudiantes. El Estado hace un desembolso continuo de fondos que se agotan en la formación de cada estudiante y no supone una inversión en la capacidad instalada de la Universidad pública. El programa ha sido una especie de salvavidas para las privadas, cuya matrícula venía descendiendo desde hace unos años. La UES no puede responder a un proyecto como ese de manera tan inmediata y abierta como las privadas; a cambio tiene un prestigio bien cimentado, una infraestructura y equipamiento que no tienen las privadas, cuerpo docente bien formado y ofrece carreras de muy buen nivel. Y no es cierto que esté muy politizada; al contrario, debiera estar más inmersa en la política, entendida como análisis y discusión de los problemas de país y no como alineamiento a favor del gobierno como algunos quisieran.

Hay un detalle importante que no se ha considerado. ¿Cómo apoyar carreras que pueden ser clave para el desarrollo del país, más allá del inmediatismo del empleo? Este país arrastra serios problemas medioambientales: contaminación de aguas y suelos, deforestación, vulnerabilidad frente a eventos climáticos y vulcanológicos. En la oferta de carreras de la DI y las universidades privadas no hay nada orientado a este tipo de problemas. La Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas y la Facultad de Ingeniería ofrecen carreras con alto potencial científico y de investigación. La educación universitaria, no debe centrarse únicamente en las demandas del mercado y la empleabilidad.

El Salvador no debiera encarar la democratización de la educación superior como una disyuntiva entre la inmediatez del subsidio privado y el estancamiento de la universidad pública. El programa de la Dirección de Integración evidencia que existen recursos y capacidad organizativa para movilizar y beneficiar a miles de jóvenes. No obstante, prescindir de la UES en este esfuerzo nacional envía una señal equívoca sobre el rol de la educación pública en el proyecto de país.

Garantizar el derecho a la educación superior no consiste únicamente en pagar la factura del sector privado; exige construir y consolidar una universidad nacional fuerte, con carreras actualizadas e investigación de calidad. El punto es discutir el cómo. Hasta hoy han primado recelos y gestos poco propicios. Gutman alega que ha habido arrogancia por parte de la UES. Quizá lo que no entiende es que no puede tratar a la única universidad pública igual que como trata a las privadas. También la UES debiera buscar opciones; hasta hoy se ha centrado en la asignación presupuestaria, puede haber otras posibilidades. Buscarlas debe ser una responsabilidad compartida.

Historiador. Universidad de El Salvador

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