Cuando una relación comercial termina con una condena de 15 años de prisión resulta necesario preguntarse si estamos frente a una verdadera conducta delictiva o ante un conflicto contractual que pudo resolverse por la vía civil. La diferencia no es menor: de ella puede depender la libertad de una persona.

El pasado 10 de noviembre de 2026, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a Fidel Antonio Zavala Pérez a 15 años de prisión por estafa agravada, en perjuicio de tres personas, por un monto total de $4,025, imponiéndole cinco años por cada víctima.

En primer lugar, quiero dejar expresamente establecido que NO HE EJERCIDO LA DEFENSA DE FIDEL ZAVALA EN ESTE PROCESO EN EL QUE HA SIDO CONDENADO A 15 AÑOS DE PRISIÓN.

Mi intervención profesional corresponde exclusivamente a un proceso penal anterior y distinto. En aquella causa, Fidel había sido absuelto en marzo de 2023; posteriormente, mediante resolución de Cámara, se ordenó repetir la vista pública en 2024. Fue durante esa nueva etapa cuando asumí su defensa técnica.

En aquel proceso se construyeron acuerdos con las personas involucradas y, finalmente, el 28 de octubre de 2025, el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador decretó el sobreseimiento definitivo a favor de Fidel Zavala. Se trata, por consiguiente, de dos causas judiciales diferentes que no deben confundirse.

Existe, además, un antecedente que considero oportuno mencionar con la prudencia que merece. Después de recuperar su libertad en 2023, Fidel denunció públicamente presuntos maltratos, torturas y otras vulneraciones de derechos humanos que, según su testimonio, habría presenciado durante su permanencia en centros penitenciarios.

En julio de 2024, esas denuncias fueron llevadas ante la Fiscalía General de la República. Posteriormente, organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron preocupación por su situación personal y las condiciones de su reclusión.

Este antecedente merece ser recordado, no para establecer una relación automática entre aquellas denuncias y la condena actual, sino porque toda persona, independientemente de su situación judicial, conserva el derecho de denunciar posibles abusos y recibir protección de su integridad física y dignidad humana.

Ahora bien, respecto de la sentencia condenatoria, considero que existe una cuestión jurídica que merece especial atención: la naturaleza contractual de las operaciones económicas que dieron origen a la acusación.

Según la información conocida, Fidel mantenía relaciones comerciales documentadas mediante contratos de inversión. Desde mi apreciación jurídica, esta circunstancia permite plantear razonablemente si el conflicto tenía un contenido predominantemente civil o mercantil.

La doctrina penal establece que el incumplimiento de un contrato no constituye automáticamente una estafa. Para configurar este delito es indispensable demostrar que existió un engaño previo o simultáneo a la entrega del dinero, que dicho engaño provocó un error en la víctima y que hubo una intención deliberada de defraudar.

Por supuesto, un contrato también puede utilizarse para cometer una estafa. Sin embargo, no basta acreditar que una inversión fracasó o que los rendimientos prometidos no fueron pagados. Lo determinante es establecer si existió desde el principio una conducta engañosa penalmente relevante.

El tribunal ha considerado probado un plan de engaño. No obstante, desde la perspectiva de la defensa, resulta legítimo examinar si las pruebas permiten distinguir suficientemente entre un incumplimiento comercial y una conducta fraudulenta, especialmente cuando la relación económica nació de contratos suscritos entre las partes.

En cuanto a la pena, considero que 15 años de prisión por un perjuicio patrimonial de $4,025 constituye una sanción particularmente severa, cuya proporcionalidad merece un examen cuidadoso.

Reconozco que la cantidad económica no determina por sí sola la gravedad del delito. También deben considerarse las circunstancias de los hechos, el número de conductas acreditadas y las reglas legales aplicables. Sin embargo, la imposición de una pena de semejante magnitud exige una fundamentación sólida que explique su necesidad y proporcionalidad.

Mi reflexión no pretende desconocer los derechos de las víctimas, quienes merecen justicia y reparación, ni atribuir motivaciones indebidas a las autoridades judiciales. Tampoco sería responsable emitir una conclusión definitiva sin examinar íntegramente la sentencia.

Lo que sostengo es que el Derecho Penal debe intervenir cuando se demuestra una verdadera defraudación, pero no debe utilizarse para criminalizar el simple incumplimiento de obligaciones civiles o mercantiles. Este es precisamente el sentido del principio de intervención mínima.

Considero, por tanto, que la sentencia merece una revisión jurídica cuidadosa en la instancia correspondiente, tanto respecto de la existencia del engaño como de la proporcionalidad de la sanción.

Porque una cosa es incumplir una obligación económica y otra muy distinta es obtener dinero mediante un engaño deliberado. Confundir ambas situaciones puede conducir a consecuencias penales extraordinariamente graves.

La justicia debe proteger a las víctimas, pero también garantizar que nadie pierda su libertad sin que cada elemento del delito haya sido plenamente acreditado. Quince años de prisión representan una parte considerable de la vida de una persona, y una decisión de semejante trascendencia exige mucho más que severidad: exige certeza, razonabilidad y una aplicación rigurosa del Derecho.

La verdadera fortaleza de la justicia no está en cuánto castiga, sino en su capacidad de distinguir, con independencia y equilibrio, entre una deuda, un incumplimiento y un delito.

Lic. Jaime Ramírez Ortega
Abogado y Teólogo.