Hace poco este periódico publicó una noticia que debería encender las alarmas de todos aquellos entes preocupados por la realidad nacional, mejor dicho, por el futuro del país, y provocar indignación ciudadana. “Deuda pública de El Salvador supera los $34,865 millones, un 3% más que en 2025”, decía el titular. Detallaba que, de ese total 15,676 millones son deuda externa, y 19,118 son deuda interna. De esta última, casi 11,670 millones corresponden a la duda con los fondos privados de pensiones.

El endeudamiento no es nada nuevo en la historia del país; el Estado salvadoreño nació endeudado y ha permanecido así. El problema no es que exista la deuda; el problema está en las razones por las cuales nos endeudan y en la magnitud de la deuda.

La llamada deuda federal se contrajo poco después de la declaración de independencia y en cierto modo era justificable. El reino de Guatemala había declarado su independencia, asumía autogobierno y soberanía, lo cual implicaba sentar las bases de un Estado y no tenía recursos para financiarlo. Se requería un préstamo; al parecer se negoció mal y buena parte del préstamo se fue en comisiones, lo poco que llegó a las arcas nacionales no pudo aprovecharse, pues poco después la región cayó en la vorágine de la guerra civil. Al desintegrarse la Federación la deuda fue prorrateada entre las cinco provincias; cada Estado heredó su parte que pagó como bien pudo.

Durante el siglo XIX, el Estado salvadoreño vivió un recurrente endeudamiento, provocado básicamente por tres factores: la pequeñez de la economía, la dependencia de impuestos al consumo (importaciones y licores) porque no se gravaban las exportaciones, básicamente añil y café; y la turbulencia política (guerras contra Estados vecinos, la campaña contra los filibusteros de William Walker y una abundancia de levantamientos, asonadas y revueltas). Cada alteración del orden político cogía al Estado escaso de recursos, por lo que había tomar medidas de emergencia. La más común era levantar “empréstitos forzosos”.

El mecanismo era aparentemente simple. El ejecutivo establecía la suma que necesitaba, digamos 40,000 pesos; la asamblea decretaba el empréstito y definía el mecanismo, también muy simple. Los 40,000 pesos se dividían entre los departamentos según capacidades. Se informaba al gobernador de la cantidad que le correspondía a su departamento, la cual dividía entre los municipios de su comprensión. Cada alcalde municipal debía colectar lo correspondiente. El alcalde que conocía cómo estaba distribuida la riqueza de su municipio identificaba quienes debían aportar y cuánto. Hacía la colecta y extendía un recibo que consignaba el monto de la deuda, el plazo y los intereses a pagar por el Estado. Obviamente, el mecanismo se prestaba para abusos y conflictos (López Bernal, 2018).

Adicional a los empréstitos, en el XIX, el Estado debió pagar indemnizaciones por los daños sufridos en la propiedad privada en razón de las guerras. Se organizó un fondo, administrado por una Junta que recibía las demandas, las procesaba y procedía a la indemnización. Para algunos pícaros, reclamar por daños se volvió negocio. Acosta señala que “año con año aparecían nuevos acreedores, muchos de ellos de mala fe, cobrando al Estado sumas cuantiosas que inventaban haber perdido en pasadas revueltas y que acreditaban con testigos falsos” (Acosta, 2013, p. 170).

Hay pocos estudios sobre la deuda nacional para la segunda mitad del XIX. Antonio Acosta es el que más ha trabajado el tema y sus conclusiones son duras. Señala que mucha de la debilidad fiscal del Estado se debía a que los legisladores (la mayoría de ellos terratenientes y finqueros) se cuidaban de no gravar las exportaciones. Pero, además, hacían buenos negocios prestándole dinero al Estado (deuda interna). Había una sospechosa indulgencia entre gobiernos. Dice Acosta, “Salvo en los casos de golpes de estado duros y revanchistas como fue el de ‘los 44’ contra C. Ezeta en 1894, en las sucesiones presidenciales pacíficas los compañeros de oligarquía tenían que hacer equilibrios retóricos para eludir responsabilidades en la situación financiera del Estado, sin culpar excesivamente a sus inmediatos antecesores” (Acosta, 2025, p. 284).

No es de extrañar entones que, ya entrado el siglo XIX y durante la administración de Jorge Meléndez, el Estado salvadoreño estuviera agobiado por las deudas, al punto que debió negociar un empréstito de mayor magnitud con un banco estadounidense ligado a la United Fruit Company del potentado bananero y ferrocarrilero Minor Keith. El gobierno salvadoreño nombró como negociador al alsaciano René Keilhauer, en realidad, empleado de Keith que obviamente favoreció los intereses de su jefe en detrimento de los del gobierno. El 12 de julio de 1922, la asamblea legislativa aprobó el préstamo por 16.5 millones de dólares, que se destinarían a consolidad la deuda nacional interna y externa y a proporcionar fondos para construcción de infraestructura, entre estas la pavimentación y alcantarillados del centro de San Salvador y ferrocarril. El Estado salvadoreño no tenía buen récord crediticio; por ello el gobierno se vio obligado a comprometer el 70% de los ingresos de aduanas para pagar el préstamo, y aceptó la supervisión de aduanas por un agente fiscal nombrado por el banco acreedor (Lindo Fuentes, 2019, p. 268). Tan humillante condición provocó muchas protestas populares.

El acumulado de deuda pública ha sido un lastre para las finanzas nacionales. Fácil es caer en la tentación de pensar que ha primado la irresponsabilidad de los gobernantes y los intereses de grupos de poder económico en el caso de la deuda interna. Sin embargo, ha habido periodos en que el endeudamiento ha sido mucho menor y, no obstante, han coincidido con atrevidas apuestas de desarrollo; es lo que aconteció en las décadas de 1950 y 1960. Esto se debió a que el Estado fue capaz de aumentar la recaudación fiscal (impuesto progresivo a la exportación de café) y a una disciplina fiscal poco reconocida. En esas dos décadas, el gasto en defensa y seguridad pública disminuyó significativamente, al tiempo que se aumentaba la inversión social, principalmente en salud y educación (Pleites, 2022, p. 549).

La tendencia al endeudamiento no es nueva, pero en los últimos siete años ha llegado a niveles nunca vistos. Los gobiernos de Bukele han tenido a su disposición ingentes recursos — ha aumentado la recaudación fiscal —, pero sobre todo ha aumentado la deuda, en buena medida porque no tiene oposición política en la asamblea y esta le aprueba todo sin ningún regateo. Lo más grave es que trabaja en un régimen de opacidad creciente. No hay manera de saber cómo se invierten los fondos. Un detalle adicional de la deuda interna, una parte importante corresponde a fondos de pensiones, es decir ahorros de los trabajadores, a los que no se les pagan intereses de mercado, sino los que arbitrariamente asigna el gobierno. Un factor que pesa mucho sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y que este y los anteriores gobiernos han ignorado impunemente.

Bibliografía

Acosta, A. (2013). Los orígenes de la burguesía de El Salvador. El control sobre el café y el Estado 1848-1890. Sevilla: Instituto de Estudios sobre América Latina, Universidad de Sevilla.

Acosta, A. (2025). La burguesía oligárquica y el camino a la fractura social en El Salvador 1890-1931 (Vol. 1). San Salvador: UPED/IEAL.

Lindo Fuentes, H. (2019). El alborotador de Centroamérica: El Salvador frente al imperio. San Salvador: UCA Editores.

López Bernal, C. G. (2018). Municipalidades, gobernaciones y presidencia en la construcción del Estado en El Salvador, 1840-1890. San Salvador: Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, México D. F. / Editorial Universitaria, Universidad de El Salvador.

Pleites, W. (2022). La economía salvadoreña después de la independencia. San Salvador: Ministerio de Educación.

Historiador, Universidad de El Salvador