La nueva caravana que salió de San Pedro Sula rumbo a Estados Unidos debería ser leída más allá de Honduras. Es, en realidad, una señal para toda Centroamérica.

El domingo 20 de septiembre, alrededor de 400 hondureños —entre ellos niños, mujeres, jóvenes y familias completas— iniciaron nuevamente el camino hacia el norte. Muchos dijeron salir por una razón conocida: falta de oportunidades. Y lo hicieron aun sabiendo que encontrarán una política migratoria estadounidense mucho más restrictiva, mayores controles y un riesgo elevado de detención y deportación. 

Ahí está precisamente la paradoja que nuestros gobiernos deberían observar.

Cuando una persona decide emprender una ruta peligrosa aun sabiendo que la frontera está prácticamente cerrada, quizá estamos haciendo la pregunta equivocada. No basta preguntarnos por qué sigue migrando. Debemos preguntarnos qué condiciones encuentra en su propio país para considerar que ese riesgo sigue siendo preferible a quedarse.

El problema, entonces, no son las personas.

El problema está en la capacidad de las políticas públicas para ofrecer respuestas.

Durante décadas, miles de familias centroamericanas encontraron en la migración una solución individual a problemas colectivos: desempleo, bajos ingresos, falta de acceso a servicios, inseguridad y ausencia de perspectivas de movilidad social. Estados Unidos se convirtió así no solamente en un destino migratorio, sino en una especie de válvula de escape para economías incapaces de absorber plenamente a su población.

Ahora esa válvula se está cerrando.

Y ese cambio modifica profundamente el escenario regional.

Honduras ofrece una imagen particularmente reveladora. Mientras una nueva caravana intenta salir hacia Estados Unidos, 33,829 hondureños habían retornado al país entre el 2 de enero y el 10 de septiembre de este año; 30,432 procedían de Estados Unidos. La mayoría se encuentra, además, en edades productivas. 

Es decir, Centroamérica comienza a experimentar simultáneamente dos movimientos: personas que continúan intentando salir y personas que están regresando.

Este fenómeno obliga a cambiar la política migratoria regional.

Ya no podemos construirla únicamente alrededor de fronteras, controles, deportaciones o llamados a “no migrar”. Una advertencia puede informar sobre el riesgo del viaje, pero no crea un empleo. Una frontera cerrada no aumenta el ingreso de una familia. Una deportación tampoco garantiza que la persona retornada encuentre oportunidades al regresar.

Por eso Honduras debe verse como una advertencia.

Lo que hoy observamos allí podría reproducirse en Guatemala, El Salvador y otros países si no comprendemos que una política migratoria restrictiva en Estados Unidos necesariamente debe encontrar, de este lado de la frontera, políticas económicas y sociales mucho más activas.

El desafío ya no es simplemente evitar que las personas se vayan.

Es construir condiciones para que quedarse sea una opción viable y para que quienes regresen encuentren oportunidades reales.

Si los gobiernos centroamericanos no interpretan este nuevo escenario, la presión migratoria no desaparecerá. Simplemente buscará otras rutas, posiblemente más costosas y peligrosas.

La frontera puede cerrarse.

Las causas que expulsan a las personas no.

César Ríos
Especialista en Migración, Desarrollo Local y Diáspora