El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT) emitió un pronunciamiento en el que denunció el progresivo deterioro y «desmantelamiento» del Sistema de Protección Social Universal en El Salvador.

A través de un balance técnico, la organización recordó que la protección social constituye un derecho humano fundamental que el Estado salvadoreño está obligado a garantizar, especialmente en periodos de marcada recesión y crisis económica.

Representantes del movimiento señalaron que la arquitectura de bienestar social en el país, cuyo reconocimiento constitucional se remonta a las cartas magnas de 1950 y 1983 (esta última en su artículo 50), ha sufrido un retroceso inédito a partir de las decisiones administrativas tomadas por el Ejecutivo actual.

El desglose histórico y estadístico presentado por el MDCT evidencia vacíos de cobertura que afectan a cientos de miles de adultos mayores, personas con discapacidad y trabajadoras del hogar.

El declive de la red institucional y la reforma previsional

De acuerdo con el informe de las organizaciones, el punto de quiebre en la política social ocurrió con la eliminación de la Secretaría de Inclusión Social (SIS).

Esta entidad articulaba la Ley de Desarrollo y Protección Social aprobada en 2014, la cual daba vida a 13 programas sociales con presupuestos plurianuales e indicadores fijos.

Tras su disolución, programas emblemáticos como Ciudad Mujer fueron fragmentados entre carteras ministeriales e institutos gubernamentales, lo que vino acompañado de severos recortes de fondos.

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«El impacto de estas medidas se refleja de forma directa en el sector de la tercera edad. A la fecha, solo el 22% de la población mayor de 60 años cuenta con una pensión formal en El Salvador», señaló el MDCT.

El movimiento denunció una reducción del 21.25% en el padrón de beneficiarios de las pensiones básicas universales no contributivas, lo que se traduce en que más de 8,000 adultos mayores dejaron de recibir este estipendio.

Según los denunciantes, aunque los fondos llegaron al Ministerio de Desarrollo Local, estos no fueron desembolsados a los beneficiarios legítimos. Actualmente, se calcula que unas 664,900 personas de la tercera edad carecen por completo de cobertura previsional en el país.

Indicador de Protección Social	Estado / Porcentaje Actual
Población mayor de 60 años con pensión formal	22%
Solicitudes de pensión por vejez que terminan en devolución de saldo	62%
Reducción de cobertura en pensiones básicas universales	21.25% (8,046 personas menos)
Brecha de adultos mayores sin ninguna cobertura previsional	~664,900 personas

Despidos en el sector público y deudas con el sector discapacidad

La vulneración de derechos también ha alcanzado de manera drástica a las personas con discapacidad.

El MDCT recordó que el país ratificó desde 1986 el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la readaptación profesional.

Pese a ello y a que el artículo 69 de la Ley Especial de Inclusión obliga a contratar a una persona con discapacidad por cada 20 trabajadores, el Movimiento de Trabajadores Despedidos reportó que 2,148 personas con discapacidad que laboraban en el sector público fueron cesadas de sus puestos; el 30% de ellas eran mujeres.

Asimismo, criticaron el traslado de funciones de entes rectores especializados como el CONAIPD y CONAIPAN hacia el Instituto Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA / INAVE), argumentando que esta última carece del personal técnico idóneo y el presupuesto necesario para atender la complejidad de estos sectores.

Alerta por desplome de programas escolares y agrícolas

Durante la conferencia, los portavoces ampliaron detalles sobre cómo los servicios básicos en los centros escolares han mermado su calidad y alcance.

Aseguraron que el programa de Paquetes Escolares ha sufrido una caída estimada del 20% en términos de cobertura efectiva, sumado a recurrentes quejas de los padres de familia por la deficiente calidad de los insumos entregados.

Por otra parte, se denunció el impacto de la reciente reforma al artículo 21 de la Ley de Fomento de la Producción de Higiene de la Leche, la cual abre la puerta a la comercialización de derivados lácteos reconstituidos a base de leche en polvo importada.

Esta medida, advierten, desplaza a los ganaderos locales y pone en jaque el programa del «Vaso de Leche Fresca» en las escuelas.

Respecto al sector agrícola, señalaron que el subsidio tradicional fue reemplazado por una tarjeta económica que no logra cubrir ni el 50% de los costos requeridos para cultivar una manzana de terreno.

Exigencias puntuales ante la Asamblea Legislativa

Ante la propuesta presentada por el Ministerio de Desarrollo Local para derogar la Ley de Desarrollo y Protección Social de 2014 y sustituirla por una nueva normativa, la coalición de trabajadores planteó una serie de demandas urgentes al Estado:

• Cumplimiento de convenios internacionales: Exigen la aplicación estricta del Convenio 102 de la OIT (normas mínimas de seguridad social), garantizando ingresos básicos para los mayores de 65 años e incluyendo progresivamente al 50% de la población en pobreza extrema.
• Inclusión laboral real: Instan a acatar los convenios 111 y 159 de la OIT para frenar la discriminación laboral, reparar los despidos injustificados en el sector público y aplicar las cuotas de contratación legal.
• Dignificación del trabajo del hogar: Ratificar el Convenio 189 de la OIT para proteger a más de 140,000 trabajadoras del hogar remuneradas, de las cuales solo el 1.3% cotiza actualmente bajo un régimen especial del ISSS que catalogan como discriminatorio.
• Restablecimiento de programas institucionales: Demandan el retiro de la propuesta de ley gubernamental, el regreso de los presupuestos plurianuales y el fortalecimiento de los programas de alimentación, salud escolar, agricultura familiar y las sedes plenas de Ciudad Mujer.

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