Congresista presiona al gobierno de Trump para renovar el TPS a 170,000 salvadoreños
El representante demócrata Tom Suozzi advierte que una eventual cancelación del programa el próximo 9 de septiembre «destrozaría familias» que han residido y aportado a la economía de EE. UU. por un cuarto de siglo
El congresista estadounidense Tom Suozzi solicitó al gobierno de Trump ampliar el TPS para los salvadoreños en Estados Unidos. Foto EDH/Archivo.
El congresista estadounidense Tom Suozzi, representante demócrata por Glen Cove, ha instado formalmente a la administración del presidente Donald Trump a renovar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un beneficio que ampara a más de 170,000 connacionales en todo el territorio estadounidense.
De esta cifra global, se estima que aproximadamente 17,000 beneficiarios residen en el estado de Nueva York, con una fuerte concentración en la región de Long Island y Queens.
A pesar de las gestiones, el legislador no ha recibido garantías de que el programa vaya a ser extendido más allá de su fecha de caducidad, prevista para el próximo 9 de septiembre.
Tras un intercambio epistolar con el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, se prevé la falta de compromisos firmes por parte del gobierno federal para otorgar una nueva prórroga.
El costo económico y humano de una eventual cancelación
En una misiva enviada a Mullin, Suozzi defendió el arraigo de la diáspora salvadoreña y las consecuencias humanas de suspender el amparo de manera abrupta.
«No extender la prórroga destrozaría familias cuyos miembros han vivido de forma continua en Estados Unidos durante casi tres décadas, todo ello mientras contribuyen a la economía, fortalecen la fuerza laboral en industrias clave y apoyan a familias que a menudo incluyen hijos ciudadanos estadounidenses», enfatizó el congresista.
Por su parte, el secretario Mullin respondió que la decisión final del Ejecutivo se fundamentará estrictamente en el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Asimismo, sugirió que existen vías legales alternativas para que los beneficiarios puedan ajustar su estatus migratorio.
No obstante, en una réplica inmediata, Suozzi rebatió dicha postura argumentando que la mayoría de los tepesianos salvadoreños no califican para dichas opciones debido a circunstancias jurídicas únicas y complejas, añadiendo que, de haber estado disponibles tales alternativas, los beneficiarios ya las habrían tomado.
El congresista Tom Suozzi insta a la administración Trump a renovar el estatus de protección temporal para los más de 170.000 salvadoreños. Foto EDH/Cortesía Tom Suozzi
Un beneficio histórico bajo la discrecionalidad del Ejecutivo
Los salvadoreños amparados bajo este programa humanitario han residido y trabajado legalmente en los Estados Unidos desde el año 2001, cuando el gobierno estadounidense otorgó la designación especial a raíz de los dos devastadores terremotos que sacudieron al país centroamericano en enero y febrero de ese año.
Y previamente, desde 1990 también el TPS benefició a salvadoreños desplazados por la guerra.
Aunque Long Island alberga una de las comunidades salvadoreñas más densas del estado neoyorquino, las agencias federales no disponen de un desglose exacto de cuántos de ellos poseen activamente el TPS.
El panorama de las renovaciones se volvió aún más complejo tras un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia, emitido el pasado 25 de junio.
La resolución judicial no solo autorizó a la administración federal a proceder con la cancelación del TPS para otras naciones como Haití y Siria, sino que reafirmó la jurisprudencia de que la facultad exclusiva de prorrogar o rescindir el estatus de un país recae enteramente en el secretario de Seguridad Nacional.
Propuestas de transición ante el Congreso
Ante el riesgo inminente de una expiración, el congresista Suozzi planteó al secretario Mullin mecanismos de contingencia humanitaria. Entre las propuestas destaca la implementación de una política de «libertad condicional en el lugar» (parole in place) y un periodo de transición extendido de dos años en caso de que la designación general para El Salvador sea denegada.
Este plazo, de acuerdo con el legislador, permitiría a la administración de la Casa Blanca trabajar de la mano con el Congreso en una solución legislativa permanente, definitiva y humana para una población plenamente integrada en el tejido social estadounidense.
«Dejar que la designación del TPS expire y arriesgarse a arrancarlos de sus familias es inhumano y antiamericano», concluyó Suozzi.
