«Después de la matanza vino el Cuerpo de Bomberos a lavar la sangre de las calles para borrar las huellas de la masacre. Lavó la sangre de las calles, pero no de nuestras memorias».

Con esas palabras, escritas casi medio siglo después de los hechos, el médico cirujano José Joaquín Morales Chávez habló para El Diario de Hoy sobre uno de los episodios más violentos de la historia contemporánea de El Salvador: la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975, cuando una manifestación de universitarios y estudiantes de secundaria fue reprimida brutalmente por los cuerpos de seguridad del Estado.

Su relato, publicado originalmente en 2023, reconstruye desde el interior del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) una escena que continúa siendo motivo de memoria, controversia e impunidad.

El contexto: una universidad bajo presión

La década de 1970 estuvo marcada por el creciente descontento entre los movimientos sociales y estudiantiles con el régimen militar imperante desde hacía cuatro décadas.

Tras la intervención militar de la Universidad de El Salvador (UES), ordenada el 19 de julio de 1972 por el gobierno del coronel Arturo Armando Molina, el campus permaneció ocupado durante casi un año por la Fuerza Armada. Cuando la universidad reabrió sus puertas en 1973, el movimiento estudiantil continuó siendo señalado por las autoridades como un foco de «adoctrinamiento marxista», mientras las organizaciones universitarias denunciaban una creciente persecución política.

En julio de 1975 la tensión volvió a escalar. Días antes de la masacre, estudiantes del Centro Universitario de Occidente, en Santa Ana denunciaron allanamientos, capturas y agresiones por parte de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional, cuando realizaban un espectáculo bufo, con sátira y protesta hacia el régimen.

Al mismo tiempo, estudiantes protestaban contra la decisión del régimen militar de haber destinado aproximadamente un millón de colones para la realización del certamen Miss Universo, celebrado el 19 de julio de ese mismo año en El Salvador, mientras diversos sectores reclamaban mayores inversiones sociales.

PODRÍA INTERESARLE: Cada vez nacen menos niños en el país, ¿problema o desafío?

La marcha

El miércoles 30 de julio de 1975, alrededor de las 2:30 de la tarde, miles de estudiantes de la Universidad de El Salvador y de institutos nacionales salieron desde la Facultad de Ciencias y Humanidades.

La manifestación tenía como objetivo denunciar la represión ocurrida días antes en Santa Ana y exigir respeto a la autonomía universitaria y a los derechos humanos.

«Todo indicaba que habían preparado una emboscada»

Desde uno de los pisos superiores del Hospital General del ISSS, el entonces residente de cirugía José Joaquín Morales Chávez observaba el paso de la manifestación.

Los estudiantes, recuerda, avanzaban pacíficamente por la entonces Avenida Universitaria —hoy 25 Avenida Norte— mientras cantaban consignas. Sin embargo, algo llamó inmediatamente su atención.

«Observé que miembros del Ejército, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y la Policía Nacional estaban apostados con tanquetas y fusiles en el área del puente… Todo indicaba que los cientos de miembros de las fuerzas represivas habían planificado una emboscada para masacrar a los estudiantes», escribió.

Poco después comenzaron los disparos. Los cuerpos de seguridad lanzaron gases lacrimógenos y abrieron fuego contra la manifestación. La multitud quedó atrapada entre los efectivos apostados frente al puente y otro contingente militar ubicado cerca del hospital.

Muchos jóvenes intentaron escapar saltando desde el paso a desnivel. Otros buscaron refugio dentro del Seguro Social.

«Deja a ese… ahí»

Morales Chávez recuerda que, junto al doctor Roberto Ticas, salió del hospital vestido con su gabacha blanca para intentar rescatar heridos. En medio del humo y los disparos encontró a un estudiante agonizando. Lo cargó entre sus brazos para trasladarlo al hospital. No logró llegar.

Según su testimonio, un militar lo golpeó con la culata de un fusil G-3 y le ordenó abandonar al joven. «Hijo de p… deja a ese pend… ahí», recuerda que le gritó el uniformado.

El estudiante quedó tendido sobre el asfalto.

Una carrera contra el tiempo

Dentro del hospital comenzaron a llegar decenas de jóvenes heridos.

Morales Chávez relata que algunos médicos pretendían trasladarlos inmediatamente a cirugía, pero el jefe del Departamento de Cirugía se opuso argumentando que no existía autorización del director del hospital para intervenirlos.

Mientras se discutía, un estudiante gravemente herido murió frente al quirófano.

«Murió llamando a su mamá», recuerda el médico.

Finalmente los cirujanos decidieron ignorar las órdenes administrativas e ingresaron a los pacientes más graves a las salas de operaciones. Uno de ellos era un joven con un disparo de fusil en el hígado. Sobrevivió a la intervención quirúrgica, pero falleció seis días después por insuficiencia hepática.

Antes de morir reveló que su padre era miembro de la Fuerza Armada.

«El papá nunca vino a verlo», escribió Morales Chávez en una de las partes más dramáticas de su relato.

¿Cuántos fueron asesinados?

Esa es una pregunta que continúa sin una respuesta definitiva.

El gobierno militar sostuvo en su momento que únicamente una persona había fallecido, mientras que otros reportes de prensa hablaban de siete víctimas mortales.

Sin embargo, organizaciones estudiantiles, familiares y sobrevivientes sostienen que el número fue considerablemente mayor.

La Asociación General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños (AGEUS) ha señalado que las víctimas mortales pudieron superar el centenar.

Investigaciones posteriores permitieron identificar, hasta 2022, al menos 17 personas asesinadas, 38 desaparecidas y 19 heridos plenamente documentados, aunque las cifras continúan siendo objeto de investigación, y desde los movimientos estudiantiles siempre se ha manejado una cifra que rondaría las 100 víctimas.

Diversos testimonios coinciden en que los cuerpos fueron retirados rápidamente del lugar y que posteriormente el cuerpo de Bomberos lavó el pavimento para eliminar los rastros de sangre.

Sin justicia

Entre los principales señalados por sobrevivientes e investigadores como responsables políticos de la represión figuraba el entonces ministro de Defensa y Seguridad Pública, general Carlos Humberto Romero, quien posteriormente llegó a la Presidencia de la República en 1977 y ejerció un régimen anticomunista de mano dura que fue la antesala de la guerra civil que estalló tres años más tarde.

Ninguno de ellos enfrentó un proceso judicial por estos hechos. Romero falleció en 2017, después de permanecer muchos años exiliado en México, a donde partió tras el golpe que lo derrocó el 15 de octubre de 1979.

Ahora, 51 años después, la masacre del 30 de julio continúa siendo uno de los episodios más emblemáticos de la represión militar y detonante de la guerra civil que duró 12 años.

Y para quienes la vivieron, como el médico José Joaquín Morales Chávez, permanece una imagen imposible de borrar.

«Lavaron la sangre de las calles, pero no de nuestras memorias», escribió para El Diario de Hoy.

MIRE TAMBIÉN: Colegio Médico celebra indemnizaciones del Rosales pero advierte de más casos pendientes