Contingentes de militares de verde olivo y policías montan retenes y detienen a automovilistas y pasajeros de buses; entran a casas, revuelven muebles y techos y se llevan a moradores; amenazan con detener y condenar a varios años de cárcel a quien proteste o genere disturbios en las calles; suspenden las reuniones y hasta las procesiones católicas; se auxilian de delatores u “orejas” que aprovechan para señalar a enemigos personales o a quien “los mire mal”…

Era la «Ley de defensa y garantía del orden público», impuesta en agosto de 1978 por el gobierno del general Carlos Humberto Romero, considerado «anticomunista duro», que trató de aplastar a sangre y fuego cualquier insurgencia pero que sólo profundizó la violencia política y finalmente fue derrocado.

Los militares necesitaban una patente de corso para enfrentar a la incipiente pero dividida guerrilla marxista, que había agudizado su ola de secuestros de empresarios, hombres de negocios y diplomáticos. La solución fue imponer dicha legislación, que permitía abusos y violaciones a los derechos humanos con total impunidad.

La ley establecía penas de tres a siete años de prisión a “los que propaguen de palabra, por escrito o por cualquier otro medio en el interior del país, o envíen al exterior, noticias o informaciones tendenciosas o falsas destinadas a perturbar el orden constitucional o legal, la tranquilidad o seguridad del país, el régimen económico o monetario, o la estabilidad de los valores y efectos públicos; los que den cabida en los medios masivos de difusión a tales noticias e informaciones y los salvadoreños que encontrándose fuera del país divulguen en el exterior noticias e informaciones, de la misma naturaleza”.

También se penaban “las demostraciones inequívocas y expresas dadas a conocer, de la conexión del hecho con los objetivos de tales doctrinas (anárquicas), consistentes en manifiestos, frases, palabras, letras, y signos o siglas de la denominación de agrupaciones clandestinas, y toda otra clase de figuras o emblemas, que aparezcan con anterioridad, simultáneamente, o con posterioridad a la ejecución del delito”.

Previamente, el régimen había suspendido las garantías constitucionales desde el 28 de febrero de 1977, cuando el ejército y la policía sofocaron a sangre y fuego una multitudinaria protesta en la Plaza Libertad, en el corazón de San Salvador, contra el denunciado fraude en las elecciones del 20 de febrero en las que el general Romero reclamó el triunfo, pero la oposición impugnó los resultados y se tomó la plaza. Ese Estado de Sitio se mantuvo hasta el 27 de junio del mismo año, es decir, el decreto fue prorrogado tres veces.

Romero impuso posteriormente la Ley de Defensa y Garantía del Orden Público como un Estado de Sitio permanente, que desató la represión contra la oposición, las capturas arbitrarias, los cateos sin orden judicial y la delación a través de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) y grupos paramilitares.

Al mismo tiempo, grupos clandestinos de derecha invitaban a perseguir a los «comunistas» y atentar contra el clero católico: «Haz patria: mata a un cura», decían carteles y volantes que dispersaban en las mismas iglesias o plazas públicas. El resultado: el asesinato de una decena de sacerdotes católicos que antecedería al magnicidio de monseñor Romero y otros crímenes como el martirio de fray Cosme Spessotto y la violación y asesinato de tres monjas y una seglar a manos de un grupo de guardias nacionales.

La represión que vino después, con sangrientas masacres en el centro de San Salvador por la dispersión de marchas populares a tiros y las detenciones extrajudiciales, sólo llevó a más violencia, pues la guerrilla urbana contestó con fuego, más secuestros de empresarios y diplomáticos y ataques a puestos militares y sus organizaciones de masas intensificaron las protestas y comenzaron a armarse.

En mayo de 1979, los miembros del Bloque Popular Revolucionario (BRP), que se habían tomado la Catedral Metropolitana y se mantenían lanzando mensajes y cantando con guitarras piezas de la Nueva Trova en las gradas del pequeño atrio, fueron desalojados a tiros, lo cual dejó varios muertos. En los meses previos había sucedido lo mismo con una marcha en el parque Libertad, por lo cual los manifestantes tuvieron que refugiarse en la Iglesia del Rosario y enterrar allí a los que cayeron bajo las balas. El mundo veía con estupor todo eso y la mano dura de Romero le trajo resultados contraproducentes.

La izquierda armada y sus organizaciones de masas ganaban simpatías cada día, sobre todo con el triunfo de los sandinistas contra la dictadura de Anastasio Somoza el 19 de julio de 1979, lo cual puso más nerviosos a los militares salvadoreños ante una eventual rebelión popular.

Estaba claro que Romero no estaría mucho tiempo en el poder, pero que mientras habría mucha violencia, tensión y sangre, lo cual volvía insostenible su permanencia en el poder.

La tarde del 15 de octubre de 1979, un grupo de oficiales jóvenes derrocó a Romero y convocó a sectores tanto de la derecha empresarial como de la izquierda intelectual a formar gobierno. Romero huyó a México.

La que se denominó Junta Revolucionaria de Gobierno, integradas por los coroneles Arnoldo Majano Ramos y Jaime Abdul Gutiérrez y los civiles Guillermo Ungo, Román Mayorga Quiroz y Mario Andino, comenzó a abrir espacios y emitir “reformas progresistas” por decreto, entre ellas la liberación inmediata de los presos políticos.

Sin embargo, la Junta enfrentó un contragolpe que fue denunciado a través de El Diario de Hoy por el veterano dirigente comunista Schafik Handal.

La policía y unidades militares volvieron a perpetrar masacres de manifestantes y obligaron a salir del poder a la izquierda intelectual y progresista en enero de 1980.

Esto fue aprovechado por los democristianos para hacer un pacto con los militares y, con apoyo de Estados Unidos, lanzar una reforma agraria y bancaria que le restara banderas populares a la izquierda guerrillera. ORDEN fue disuelta por decreto, pero sus miembros siguieron operando en apoyo de la policía como delatores o auxiliares, con la tolerancia del grupo en el poder que decretó el «Estado de Sitio», prohibiendo las reuniones políticas y hasta las procesiones, así como diariamente obligaba a las emisoras y televisión a encadenarse para leer proclamas del régimen.

La junta de militares y democristianos comenzó a cerrar espacios alegando que “luchaba contra el comunismo”, lo cual exacerbó la represión y la respuesta violenta de la izquierda militante, como se pudo registrar el 22 de enero de ese año cuando una gigantesca marcha de la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), que aglutinaba sindicatos y organizaciones afines a la guerrilla, fue disuelta a golpe de metralla en pleno centro de San Salvador.

Las capturas y cateos estaban a la orden del día en San Salvador, sus barrios y colonias y el interior del país. Las cárceles se llenaron de nuevo de presos políticos y el hallazgo de cadáveres en calles y despoblados era el pan de cada día. Todo era una anarquía y nadie podía pararlo.

Tras el asesinato de San Romero (24 de marzo) y la estampida que dejó decenas de muertos durante su entierro, frente a la Catedral Metropolitana, el 30 de marzo de 1980, la junta decretó el estado de sitio y el encadenamiento periódico de la radio y la televisión, medidas que fue prorrogando como patente de corso, según argumentaba, para combatir el comunismo, pero realmente era un cheque en blanco para cometer abusos y quedar en la impunidad.

En este caos fueron asesinados los dirigentes del Frente Democrático Revolucionario Juan Chacón, Enrique Álvarez Córdova y otros, así como el rector de la Universidad de El Salvador (UES), ingeniero Félix Ulloa padre.

El 10 de enero de 1981, con el lanzamiento de la primera ofensiva guerrillera, con énfasis en San Salvador y Santa Ana, la junta agrega el toque de queda al Estado de Sitio.

Al cabo de unos meses, levanta el toque de queda, pero no el Estado de Sitio, que sigue rigiendo hasta que se instala una Asamblea Constituyente que redacta una Carta Magna.

El Estado de Sitio y el toque de queda no volvieron a regir hasta noviembre de 1989, cuando la guerrilla lanzó su ofensiva Hasta el Tope y se tomó colonias y barrios de la capital y la periferia, así como en el interior del país.

Tras los acuerdos de paz y las reformas consensuadas a la Constitución ya no se habló de «estado de sitio» sino de «régimen de excepción» –probablemente un eufemismo para hablar fino y dejar atrás el pasado de abusos y el estigma de horrores– que se impondría temporalmente por casos de gravedad social y del cual el gobierno de turno tendría que dar cuenta a la Asamblea Legislativa.