Con aportes de AFP

Familiares y miembros de algunas organizaciones sociales de El Salvador exigieron este miércoles la libertad incondicional para las personas detenidas durante el régimen de excepción arrestadas por supuestos vínculos con las pandillas a pesar de que, aseguraron, son inocentes.

Ante esto, rechazaron el plan del presidente, Nayib Bukele, de otorgar libertad anticipada y controlada a supuestos colaboradores de pandillas al considerar «injusto» que un inocente acepte un delito que no cometió.

Recientemente, el presidente Bukele reveló que el Gobierno cuenta con un plan para dar beneficios carcelarios a aproximadamente un 50 % de los colaboradores no habituales de las pandillas, detenidos en el contexto de un régimen de excepción, que tuvieron que vivir bajo el «yugo» (dominio) de estas bandas, lo que alcanzaría a unos 5.000 presos.

No obstante, el mandatario no brindó detalles sobre su ejecución y, hasta el momento, las autoridades de la Fiscalía y del Sistema Judicial no se han pronunciado al respecto.

Los grupos humanitarios calificaron de «discrecional» la medida y advierten que podría hacer que inocentes se inculpen para obtener ese beneficio.

«Los inocentes no tienen que ser condicionados, no tienen que entrar en un proceso abreviado, no tienen que confesar ningún delito (…) ni siquiera son colaboradores», dijo en rueda de prensa Samuel Ramírez, del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción.

«Hay muchos que contaron con la suerte de no ser obligados por las pandillas para hacerles favores, no fueron colaboradores de estos grupos, pero aun así fueron capturados por el simple hecho de ser pobres o de vivir en una zona peligrosa», lamentaron, según un comunicado leído por las organizaciones.

Liliana Urias, portavoz del Movimiento Madres por la Libertad y cuyo esposo e hijo fueron detenidos en 2022, aseguró a EFE que sus parientes «nunca colaboraron con alguna pandilla», «ellos no deben de salir condicionados, su proceso debe terminar reconociendo su inocencia», dijo.

«Las personas inocentes no necesitan una liberación anticipada, ni un beneficio condicional, necesitan que el sistema judicial actúe con independencia y que se les garantice el derecho a la defensa de forma individual», expresó.

Samuel Ramíez, del Movimiento de Víctimas del Régimen (Movir), catalogó de injusto que «una persona tenga que aceptar un delito, aceptar una culpabilidad cuando su proceso carece de garantías judiciales».

Además, señaló que el Estado debe indemnizar «a todos los afectados detenidos arbitrariamente» y «debe brindar una explicación sobre los fallecidos en las cárceles».

Para Salvador Ruiz, del Comité de Víctimas del Régimen de Excepción del Bajo Lempa, el plan de liberación «anticipada» busca «silenciar» y «doblegar» a las víctimas de violaciones de derechos humanos. 

Si se declaran culpables, sus casos no puedan ser presentados ante instancias internacionales de justicia, advirtió.

Los grupos sostienen que la medida vulnera la presunción de inocencia y evidencia la falta de independencia entre los poderes del Estado.

Ruiz opinó que ejecutar un plan como el planteado por el presidente «significaría perpetuar la impunidad, porque el Estado nunca reconocerá el error de haber capturado injustamente a miles de inocentes, nunca reconocerá las muertes en las cárceles».

Consideró que la persona que sea liberada con condiciones «no tendrá la oportunidad de denunciar las violaciones sufridas en prisión porque se arriesgará a (ser) nuevamente detenido, lo que es un claro acto de silenciar voces».

El régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022, suspende garantías constitucionales a toda la población y ha dejado más de 96,000 personas detenidas, acusadas de ser pandilleros o colaboradores de estas bandas.

La medida goza de un amplio respaldo popular, pero organizaciones de derechos humanos han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos y la muerte de más de 500 personas bajo custodia de agentes de Seguridad del Estado.