Muchas zonas rurales de El Salvador no cuentan con señal de internet, dificultando su comunicación pese a contar con dispositivos inteligentes. Foto EDH/Archivo
La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió un dictamen favorable para reformar la Ley especial de exoneración de pago del precio base y tasa anual por la concesión de frecuencias del espectro radioeléctrico para comunicaciones satelitales.
La propuesta busca facilitar el acceso a internet satelital directamente en dispositivos móviles, orientando el beneficio principalmente a las zonas rurales y de baja densidad poblacional de El Salvador donde no llegan las redes terrestres.
La iniciativa, presentada por el Órgano Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, modifica el marco normativo vigente desde 2022 para dar el salto de conexiones fijas en infraestructura local a transmisiones directas entre satélites y celulares (satélite a móvil).
Durante la presentación ante la comisión, Walter Alejandro Panameño, subdirector de proyectos de transformación digital del Ministerio de Economía, expuso datos del más reciente censo de población y vivienda para contextualizar la penetración del servicio en el país.
Según las estadísticas oficiales presentadas, el 79.8% de la población salvadoreña utiliza internet. De este grupo, el 77.5% posee un teléfono inteligente, mientras que cerca de cuatro de cada diez hogares cuentan actualmente con servicio de internet residencial.
A la reunión también asistió Rafael Arbizu, gerente de Telecomunicaciones de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), quien junto al representante del Ministerio de Economía detalló los alcances técnicos de la normativa.
Durante la sesión, legisladores de las diferentes bancadas expresaron sus valoraciones sobre el impacto de la medida en los sectores desconectados y la dinámica del mercado.
Discusión de la iniciativa
La presidenta de la comisión y diputada de Nuevas Ideas, Dania González, enfatizó el historial de reformas orientadas a la conectividad e impulsadas en los últimos años, subrayando la prioridad de atender a las poblaciones fuera de la red terrestre:
«Lo que estamos haciendo es precisamente impactando a esa población que viva en esas zonas rurales, que tiene un dispositivo inteligente, una tablet, un teléfono celular para que desde el satélite directamente reciba conectividad y pueda acceder a todo esto».
Durante la jornada, la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, cuestionó los resultados de la normativa aprobada en 2022 y advirtió sobre la conveniencia de no concentrar el servicio en un solo proveedor privado a largo plazo:
«Es importante que el país también y nosotros como legisladores tengamos una visión de no depender en el mediano y largo plazo exclusivamente de empresas tecnológicas que en algún momento pueden llegar a tener o de hecho ya suelen tener más poder que los propios estados».
Ante las consultas sobre el mercado, el gerente de Telecomunicaciones de SIGET, Rafael Arbizu, explicó que hasta la fecha las conexiones satelitales fijas han beneficiado a 1,400 escuelas públicas en áreas vulnerables, pero subrayó que la reforma abre la competencia a cualquier firma internacional que cumpla los requisitos técnicos. Asimismo, aclaró que la exoneración abarca únicamente el servicio de acceso a internet en el espectro asignado y prohíbe su uso para prestar telefonía pública tradicional o configuraciones mixtas de red.
El dictamen N.° 42 pasa ahora al pleno legislativo para su discusión y posterior votación final.
De ser ratificada y publicada en el Diario Oficial, la norma entrará en vigencia ocho días después de su publicación.
