La Fiscalía General de la República logró dos condenas por casos de abuso sexual a menores de edad.
La institución informó que Francisco Hernández fue condenado a 42 años y ocho meses de prisión por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz y violación sexual en menor o incapaz, ambos agravados y en la modalidad continuada.
El ahora condenado aprovechaba su vínculo cercano con la familia para quedarse a solas con la víctima.
Según lo expuesto en el informe fiscal, durante más de cuatro años el imputado la sometió a agresiones sexuales de forma reiterada, en una zona rural del distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
Además, se agrega que la amenazaba con golpearla y la intimidaba para que no hablar de ello ni denunciara los hechos.
Sin embargo, eventualmente logró cambiarse de residencia y acudió a una oficina fiscal a interponer la denuncia correspondiente.
Gracias a las pruebas presentadas, se logró acreditar la responsabilidad a Hernández, quien finalmente fue condenado a 26 años y ocho meses por violación en menor o incapaz agravada continuada y 16 años adicionales por agresión sexual en menor o incapaz agravada continuada.
El fallo condenatorio fue emitido, en presencia del imputado, por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
Imagen de referencia. Foto EDH/Cortesía Centros Judiciales.
Otro hecho de agresión sexual
En otro caso, Samuel Antonio Torres Bailón fue condenado a 15 años de prisión por los delitos de agresión sexual en menor o incapaz agravada y remuneración por actos sexuales o eróticos.
En 2021, el imputado agredió sexualmente a una menor de edad en el mesón donde ella residía, en San Salvador Este.
Como en el caso anterior, el ahora condenado aprovechó la cercanía que tenía con la familia de la víctima para acercarse en los momentos en los que quedaba sola.
El hombre fue denunciado en 2022 y la Fiscalía procedió a judicializar el caso por el que finalmente fue condenado, aunque como reo en rebeldía (no ha sido capturado), a 15 años de prisión y el pago de $1,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
Tras las reformas de ley, se permite realizar juicio en el país sin que el imputado esté presente.
