Una crisis humanitaria silenciosa que se extiende por más de dos décadas en las colonias Valle Verde 1 y 2, en Apopa, llegó este miércoles al pleno de la Asamblea Legislativa.

La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, promovió una modificación de agenda durante la sesión plenaria ordinaria 131 para buscar respuestas institucionales a más de 2,000 hogares que carecen de un servicio estable de agua potable; sin embargo, la iniciativa no obtuvo el respaldo de la bancada mayoritaria.

La problemática en la zona se agudizó recientemente. Durante años, la empresa AMPO prestó el servicio de forma deficiente, cobrando los recibos de manera puntual pero suministrando agua en cantidades mínimas y de pésima calidad.

Tras la constante presión social y mediática de la comunidad, la compañía privada anunció su retiro, dejando a los habitantes en total incertidumbre sobre quién asumirá el control del suministro.

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Cargas financieras y el impacto directo en las mujeres

La parlamentaria de VAMOS explicó que ha visitado la zona en dos ocasiones durante las últimas semanas, constatando el grave deterioro en la calidad de vida, la salud y el comercio local. Entre los testimonios recopilados se encuentran madres solteras que deben destinar hasta $60 mensuales —entre pipas y fardos de agua— para cubrir necesidades básicas, obligándose a trasladarse a otros sectores solo para lavar la ropa.

«Quiero ser enfática: la falta de abastecimiento de agua potable recae especialmente en los hombros de las mujeres. Son ellas las que se rebuscan y sacrifican su tiempo de descanso, sus energías y la posibilidad incluso de trabajar, de tener un empleo remunerado o de cuidar a sus hijos, ante la falta de un suministro de agua estable», denunció Ortiz ante el pleno.

La escasez ha provocado que niños pierdan jornadas escolares y que personas de la tercera edad, en situación de soledad, dependan de la solidaridad vecinal para acarrear el recurso cuando alguna pipa transita por el sector. Además, se han registrado en el pasado también problemas con el tema de la proliferación de zancudos debido a que los habitantes de la zona deben mantener agua recolectada (muchas veces agua de lluvias) en baldes, lo que ha desencadenado casos de dengue.

Petición concreta: que ANDA asuma el suministro

Representantes de Valle Verde 1 y 2 acudieron al primer poder del Estado para entregar correspondencia a cada grupo parlamentario. Su exigencia principal es clara: que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) intervenga y se convierta en su proveedor oficial, dejando atrás los modelos privados que han fallado por años.

Ante esto, la modificación de agenda promovida por Ortiz buscaba introducir dos piezas de correspondencia:

Solicitud de informe a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA): Para transparentar la situación jurídica actual de la junta de agua juramentada, esclarecer la salida de la empresa administradora y conocer qué medidas de emergencia zonales se han ejecutado.

Recomendable a ANDA: Para realizar un estudio técnico de factibilidad que determine cómo y bajo qué condiciones la autónoma puede asumir el servicio definitivo.

««»Recordemos que la Ley General de Recursos Hídricos reconoce que el agua es un derecho, ustedes mismos legislaron esa ley. Una pipa de agua de vez en cuando no puede ser una solución. Una generación completa de salvadoreños que viven en Valle Verde 1 y 2 no ha conocido en toda su vida un servicio de agua potable como Dios manda», recriminó la legisladora.

Bloqueo oficialista y señalamientos de «falta de humanidad»

A pesar de la urgencia expuesta, la fracción mayoritaria de Nuevas Ideas y sus aliados denegaron los votos para modificar la agenda e incorporar la discusión. La resolución no fue favorable, dejando la petición archivada sin posibilidad de debate.

Tras la votación, Ortiz cuestionó la postura del oficialismo, recordando señalamientos previos de la junta directiva del Congreso sobre la negativa sistemática a sus propuestas.

«Lamento profundamente la falta de humanidad, de madurez política y de empatía de la fracción mayoritaria. Una vez el presidente de la Asamblea Legislativa me dijo que no iba a estar de acuerdo con nada de lo que yo proponga. Pues yo les recuerdo, colegas diputados, que nosotros solo somos instrumentos y debemos ser la voz de la gente», sostuvo.

La parlamentaria concluyó señalando que mientras en el recinto legislativo se consume agua embotellada con comodidad, en las comunidades de Valle Verde las familias recogen agua de lluvia para lavar trastes o suministran agua en bolsa a sus hijos, con los riesgos sanitarios que esto conlleva.

«No le están diciendo que no a esta diputada, le están diciendo que no a más de 2,000 familias salvadoreñas que pagan sus salarios», sentenció.

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