La Comisión de Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa emitió, por unanimidad, un dictamen favorable para la ratificación del acuerdo bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones entre El Salvador y Argentina.

El convenio fue firmado originalmente el pasado 25 de septiembre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en el marco de la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Con la aprobación del dictamen, la iniciativa pasa al pleno legislativo para su ratificación definitiva.

Durante la sesión de trabajo, el jefe del departamento de Negociación y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lisandro Landaverde, explicó a los parlamentarios que el objetivo central del convenio es afianzar la cooperación económica en beneficio mutuo de ambas naciones, actualizando el marco legal que se mantenía vigente desde 1996 según registros de la Organización de Estados Americanos (OEA).

«Se busca reducir la incertidumbre jurídica que puede haber a través de las reglas del trato, protección de patrimonio, transferencias y solución de controversias, tanto para salvadoreños como argentinos que operen en ambas naciones», expuso Landaverde ante la mesa legislativa.

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Sectores clave y dinamización del empleo local

De acuerdo con las proyecciones técnicas expuestas por Cancillería, el acuerdo facilitará la llegada y desarrollo de iniciativas de inversión enfocadas principalmente en la agroindustria, la manufactura especializada y la infraestructura tecnológica y logística.

Asimismo, abarca proyectos de cooperación en salud, educación, energía renovable, ganadería, deportes, cultura, turismo, transporte y prevención de desastres.

Por su parte, el jefe del departamento de Política Económica Internacional, Néstor Gámez, enfatizó que este tipo de normativas internacionales genera un clima propicio para que empresas argentinas decidan establecer o expandir sus operaciones en el país.

Esto se traducirá, según el oficialismo, en la creación de empleo directo, la contratación de proveedores locales y una mayor dinamización del sector productivo salvadoreño.

Garantías jurídicas y salvaguardas del Estado

Entre los beneficios técnicos expuestos en el dictamen destacan la creación de estándares claros de protección y trato que brindan previsibilidad a los inversionistas de ambos países, así como mecanismos formales para la solución de controversias, regulación de transferencias financieras y reglas de compensación en casos de expropiación según los términos acordados.

El documento contempla además cláusulas que preservan la soberanía del Estado salvadoreño para adoptar y aplicar políticas públicas en materias prioritarias como salud, medio ambiente, seguridad nacional y derechos humanos. De igual forma, el convenio promueve la adopción de prácticas empresariales responsables y el respeto irrestricto a los derechos laborales.

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