Bases Magisteriales Salvadoreñas denunció tres nuevos casos de supresión de plazas docentes ocurridos durante junio y aseguró que las medidas constituyen despidos arbitrarios, ilegales e inconstitucionales.

Los casos involucran a dos maestras que laboraban en el centro escolar del cantón San Sebastián, en Olocuilta, departamento de La Paz, y al subdirector Ernesto Alexander Castro, quien se desempeñaba en el centro escolar del cantón El Morro, en Santiago Texacuangos, San Salvador.

Durante una conferencia de prensa, representantes de la organización afirmaron que existe un patrón común en los tres casos: la supresión de las plazas ocupadas por los docentes sin que, según los afectados, se haya seguido el procedimiento establecido en la Ley de la Carrera Docente.

Las docentes Carmen Elizabeth Ramos y Alice —quien no participó en la conferencia debido a problemas de salud derivados de la situación, según la organización— relataron que fueron convocadas el lunes 1 de junio a la Dirección Departamental de Educación de La Paz.

De acuerdo con su testimonio, la directora departamental, Vanessa Morazán, les informó verbalmente que sus plazas habían sido suprimidas, pero no les entregó ninguna resolución escrita ni documentación oficial que respaldara la medida.

«Simplemente me dijeron que mi plaza ya no era necesaria debido a una reorganización institucional y que no me presentara más al centro escolar», afirmó Ramos, quien aseguró haber trabajado durante aproximadamente 15 años en la institución.

La docente sostuvo que nunca recibió sanciones disciplinarias ni tuvo conflictos con estudiantes o padres de familia y señaló que buscará su reinstalación mediante las instancias correspondientes.

Por su parte, Ernesto Alexander Castro explicó que fue citado el 28 de mayo a la Dirección Departamental de Educación de San Salvador, donde se le notificó que su plaza quedaba suprimida por una reestructuración institucional.

Según relató, la comunicación se realizó mediante la lectura de un documento que, aseguró, no contenía firmas ni sellos visibles y del cual no recibió copia.

«Solo me dijeron que mi plaza quedaba suprimida y que posteriormente recibiría una indemnización. No me explicaron ninguna causa relacionada con mi desempeño laboral», manifestó.

Cuestionan legalidad del procedimiento

Bases Magisteriales argumentó que la Ley de la Carrera Docente reconoce la estabilidad laboral como uno de los principales derechos del magisterio y que cualquier separación del cargo debe ser resuelta a través de los procedimientos establecidos por dicha normativa.

La organización sostuvo que un docente solo puede ser suspendido o despedido luego de un proceso ante la Junta de la Carrera Docente correspondiente, donde tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

«Consideramos que estos despidos son arbitrarios, ilegales e inconstitucionales», expresó la organización durante la conferencia.

Asimismo, señaló que en los casos denunciados las direcciones departamentales habrían asumido atribuciones que corresponden a otras instancias, lo que, según su interpretación, vulneraría el derecho constitucional de audiencia y defensa, tal y como ha ocurrido en múltiples casos en los últimos meses.

PGR solicita información

Bases Magisteriales informó que las dos docentes de Olocuilta acudieron a la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar asistencia legal.

Según explicó la organización, la institución remitió una comunicación a la Dirección Departamental de Educación de La Paz solicitando que informe si existe algún acuerdo, resolución o acto administrativo que respalde la supresión de las plazas y que remita copia certificada de la documentación correspondiente.

La organización aseguró que la notificación verbal de este tipo de decisiones dificulta que los afectados puedan demostrar posteriormente que fueron removidos de sus cargos.

Gremio anuncia acompañamiento legal

Bases Magisteriales informó que Ernesto Castro ya presentó su caso ante la Junta de la Carrera Docente de San Salvador, mientras que las dos maestras de Olocuilta acudirían ante la Junta de la Carrera Docente de La Paz para iniciar los procedimientos correspondientes.

Además, señaló que brindará acompañamiento jurídico y gremial a los tres docentes durante el proceso.

La organización afirmó que ha conocido entre 40 y 60 casos de docentes que han buscado apoyo por situaciones similares durante los últimos meses, aunque aclaró que no cuenta con un registro nacional completo debido a que solo tiene conocimiento de los casos que son reportados directamente a la gremial.

Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Educación no se habían pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados por Bases Magisteriales ni sobre los casos específicos expuestos durante la conferencia.

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