El Ministerio de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), inició jornadas de registro para beneficiar a retornados a El Salvador desde noviembre de 2025. Foto EDH/Cortesía.
El anuncio de un programa de apoyo económico impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha generado diversas reacciones en los sectores que dan seguimiento al fenómeno migratorio. César Ríos, director de la Asociación Agenda Migrante El Salvador (AAMES), valoró de forma positiva la iniciativa, aunque enfatizó la necesidad de trascender la asistencia inmediata hacia un enfoque de desarrollo local y comunitario.
El programa gubernamental, que se enmarca dentro del Plan Nacional de Reintegración para Personas Retornadas, iniciará jornadas de registro para beneficiar a 2,500 personas que regresaron al país a partir de noviembre de 2025.
De acuerdo con Violeta Olivares, directora de Protección a la Persona en Movilidad de la Cancillería salvadoreña, la iniciativa pretende facilitar la reintegración de esta población a través de asistencia inmediata, proyectos productivos y otras oportunidades integrales en nueve municipios del territorio nacional.
El desafío de la sostenibilidad
Al respecto, Ríos declaró que «todo esfuerzo orientado a apoyar a personas salvadoreñas retornadas debe ser valorado y significativo». Consideró que el anuncio representa «una señal positiva de atención a una población que enfrenta múltiples desafíos al regresar al país».
El director de AAMES reconoció que la propuesta se integra a una planificación más amplia que incluye proyectos productivos, lo cual calificó de relevante al mostrar «una intención de ir más allá de la asistencia inmediata».
No obstante, advirtió sobre las limitaciones de estas medidas de forma aislada: «Sin embargo, también es importante señalar que el apoyo económico por sí solo no garantiza una reintegración sostenible».
Según Ríos, este tipo de ayudas «puede ser un alivio inicial, pero el verdadero desafío es lograr que ese alivio se convierta en una puerta de entrada a procesos permanentes de inclusión productiva y laboral y financiera. Eso debería ser el objetivo final de este programa».
Retorno desde un enfoque local
Para la Asociación Agenda Migrante El Salvador, el paso indispensable tras esta medida radica en «fortalecer la gobernanza municipal para las migraciones».
Ríos insistió en que el proceso real de retorno ocurre lejos de las oficinas centrales de las instituciones estatales.
«La reintegración no ocurre en los escritorios nacionales, ocurre en el territorio, en los municipios, en las comunidades donde las personas buscan rehacer su vida, encontrar un empleo, emprender un negocio, inscribir a sus hijos en la escuela, reconstruir redes que habían abandonado», aseveró.
Bajo este enfoque, Ríos abogó por una reestructuración conceptual de la asistencia: «Por eso insistimos en que cada vez más los programas dirigidos a población retornada deben dejar de verse únicamente como políticas migratorias y pasar a ser políticas del desarrollo local. El retorno es una etapa de transición, no una condición permanente».
El representante concluyó que «celebrar este anuncio también implica invitar a dar el siguiente paso, construir desde lo local, desde el municipio, desde lo comunitario, solo así podremos hablar de una verdadera inclusión y de un desarrollo que beneficie no solo a quienes retornan, sino a toda la comunidad».
Este plan de asistencia económica se presenta en un contexto de aumento significativo en los retornos forzados.
Datos recientes publicados por la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reflejan que la cifra de salvadoreños deportados desde Estados Unidos incrementó un 97.61% entre enero y marzo de este año en comparación con el mismo periodo de 2025.
La estadística oficial detalla que, de los 5,351 salvadoreños retornados en el primer trimestre de este año, un total de 5,033 procedían de territorio estadounidense.
Este incremento coincide con un alza en los vuelos de deportación operados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los cuales ascendieron de 33 a 41 vuelos en dicho lapso temporal, según los monitoreos de la organización Human Rights First.
