El Tribunal de Sentencia de San Vicente cerró de forma definitiva el proceso penal conocido como el caso Santa Marta, luego de declarar en firme y ejecutoriada la sentencia absolutoria a favor de los ocho procesados por el asesinato de María Inés Alvarenga, un hecho ocurrido en agosto de 1989, durante el conflicto armado salvadoreño, en el cantón Santa Marta, distrito de Victoria, Cabañas.

Según informaron familiares de los imputados, la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) Santa Marta y diversas organizaciones sociales, la notificación oficial del cierre fue emitida por la sede judicial el pasado 16 de octubre. Con esta resolución, la exoneración penal queda blindada en su totalidad para los ocho ambientalistas, que antes eran guerrilleros.

En junio de este año, la Cámara de la Tercera Sección del Centro había declarado en firme el fallo de manera parcial, beneficiando únicamente a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, Alejandro Laínez García y José Eduardo Sancho Castañeda.

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No obstante, la reciente disposición del juzgado extiende el cierre definitivo a los otros cuatro señalados: Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio —a quienes previamente se les había dejado abierta una responsabilidad civil en abstracto para que la familia de la víctima decidiera si iniciaba un reclamo por esa vía—.

Denuncian criminalización de la lucha antiminera

Mediante pronunciamientos públicos, las organizaciones comunitarias sostuvieron que el desenlace del juicio no responde a una independencia del sistema judicial, sino a la presión y movilización social sostenida a nivel nacional e internacional.

«Los hechos demostraron que el espurio proceso fue una persecución política y una criminalización del activismo ambiental», afirmó Alfredo Leiva, representante de ADES Santa Marta, quien además advirtió que se mantendrán vigilantes ante cualquier intento de reactivar nuevas acciones penales contra los líderes de la comunidad, cuya labor fue clave para lograr la prohibición de la minería metálica en El Salvador en 2017.

Un recorrido judicial marcado por dos absoluciones

El expediente se abrió el 11 de enero de 2023 con las primeras detenciones en Santa Marta y Guacotecti, Cabañas.

La Fiscalía General de la República (FGR) acusaba a los ocho hombres —entonces integrantes de la Resistencia Nacional (RN), una de las cinco organizaciones que conformaban el FMLN— de haber privado de libertad, torturado y asesinado a Alvarenga el 22 de agosto de 1989 bajo sospechas de colaborar con el Ejército.

Durante casi cuatro años, el proceso estuvo marcado por cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos y relatores de las Naciones Unidas debido a la aplicación de medidas de detención provisional y la falta de pruebas directas.

Antes del cierre actual, los ocho implicados ya habían sido exonerados en dos ocasiones: primero en octubre de 2024 por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque —que declaró prescrita la acción penal, fallo que luego fue anulado por una Cámara— y posteriormente el 24 de septiembre de 2025, cuando el Tribunal de Sentencia de San Vicente los absolvió del delito de homicidio en un segundo juicio, sentencia que ahora adquiere carácter definitivo.

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