El abogado constitucionalista Enrique Anaya cumplió un año de estar detenido sin que hasta el momento haya tenido un “juicio justo” y ante “preocupaciones sobre el respeto al debido proceso”, denunciaron organizaciones sociales.
Anaya fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) el 7 de junio de 2025 bajo acusaciones de presunto lavado de dinero y de activos.
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador autorizó el 5 de diciembre de 2025 la ampliación de la etapa de investigación del proceso penal en contra de Anaya.
La resolución revela que el auxiliar fiscal asignado a este caso solicitó el 2 de diciembre ampliar esta fase debido a que aún existen diligencias pendientes y que son importantes antes de presentar el dictamen de acusación.
La ampliación de plazo es de seis meses y desde entonces no se conocen nuevos datos de la situación del abogado.
La organización Cristosal Centroamérica señaló este domingo que tras un año después de su captura, Anaya “continúa privado de libertad sin haber tenido un juicio justo”.
“Mientras se limita su acceso a la defensa, su familia sigue sin poder confirmar su estado de salud ni si recibe el tratamiento médico que necesita. Enrique está preso por decir en voz alta lo que muchos callan: que el régimen está anulando los espacios democráticos y concentrando el poder en una sola persona. A un año de su injusto encarcelamiento, exigimos #LibertadParaEnriqueAnaya”, escribió la organización en redes sociales.
Un año después de su captura, Enrique Anaya continúa privado de libertad sin haber tenido un juicio justo.
Mientras se limita su acceso a la defensa, su familia sigue sin poder confirmar su estado de salud ni si recibe el tratamiento médico que necesita.
El Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) también se pronunció a través de un comunicado y señaló que “recuerda con profunda preocupación que este 7 de junio se cumple un año de la detención arbitraria del profesor Enrique Anaya Barraza en El Salvador”.
Agregó que el abogado es miembro del Instituto y que ha dedicado su trayectoria académica y profesional al estudio del derecho constitucional y a la defensa de los principios democráticos.
“Asimismo, ha denunciado de manera constante las violaciones a los derechos humanos que se han producido en El Salvador, particularmente aquellas relacionadas con detenciones arbitrarias y el uso expansivo de mecanismos excepcionales de seguridad”, señaló el IIDC.
Y añadió que a un año de estos hechos, “persisten serias preocupaciones sobre el respeto al debido proceso, la independencia judicial y las garantías indispensables para la protección de los derechos fundamentales en El Salvador”.
El IIDC recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante la Resolución 67/2025, le otorgó medidas cautelares al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud.
En dicha resolución, la CIDH solicitó al Estado salvadoreño poner fin a su incomunicación prolongada, garantizar el contacto con sus familiares y representantes legales, asegurar la atención médica adecuada y revisar la continuidad de la prisión preventiva conforme a los estándares interamericanos.
“Por ello, reiteramos nuestro llamado a las autoridades salvadoreñas para que den cumplimiento a estas medidas, respeten plenamente las obligaciones internacionales asumidas por el Estado y adopten las acciones necesarias para garantizar sus derechos fundamentales, restablecer la legalidad y asegurar el acceso efectivo a la justicia”, puntualizó el comunicado.
COMUNICADO:
El IIDC se pronuncia a un año de la detención arbitraria del Profesor Enrique Anaya Barraza en el Salvador. Persisten la preocupación sobre el debido proceso, la independencia judicial y las garantías de protección de derechos fundamentales. pic.twitter.com/AlnoOZgYjs
— Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (@IIDCUNAM) June 7, 2026
