La Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) apenas horas después de que se conociera que el Premio Nobel de la Paz había recaído en una de sus exjuezas, la sudafricana Navi Pillay.

«Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI», anunciaron en un comunicado desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.

«Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos», dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que «durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos».

«Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra», advirtió Rubio en un mensaje de vídeo publicado en redes sociales.

La nota indició que «el Departamento del Tesoro está emitiendo un conjunto de licencias generales que autorizan ciertas transacciones que involucran a la CPI para proteger los intereses de Estados Unidos».

Rubio rechazó «el enjuiciamiento de ciudadanos estadounidenses: militares que defienden su país, agentes de la Patrulla Fronteriza que protegen a nuestra nación y líderes electos que garantizan nuestra seguridad nacional» y aseguró que «Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses».

Pese a las sanciones, Rubio defendió que confiaba en «una solución diplomática».

Además, mostró la determinación de Estados Unidos de continuar su campaña para «desmantelar la CPI ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses dejen de sentirse amenazados».

«Nuestro mensaje es claro: Estados Unidos y su pueblo no están sujetos a la jurisdicción de la CPI», y añadió «o la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI».

La Corte Penal Internacional es un organismo independiente con sede en La Haya, Países Bajos, fundado en 2002 para perseguir y juzgar crímenes de guerra, del que forman parte 125 países, incluidos todos los de la UE y la OTAN, excepto Estados Unidos y Turquía.