Más que nunca, la política de “máxima presión” aplicada por la administración de Donald Trump contra el régimen cubano se está intensificando. La acusación formal contra Raúl Castro, figura prominente de la política cubana desde 1959, constituye el episodio más reciente, tras la visita del director de la CIA, John Ratcliffe, el 14 y 15 de mayo.

El 23 de enero de 2026, una orden ejecutiva firmada por el presidente Trump reforzó las sanciones al declarar que Cuba constituía “una amenaza inusual y extraordinaria”. La acusación contra Raúl Castro busca criminalizar al régimen dentro de una estrategia política destinada a desacreditarlo. ¿Con qué objetivo? Sin duda, en el contexto de una crisis económica y social cada vez más profunda —y posiblemente pronto también humanitaria—, se trata de provocar el derrumbe del sistema sin un compromiso militar directo y contando con apoyos internos.

El 20 de mayo de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación histórica contra Raúl Modesto Castro Ruz, de 94 años, expresidente del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado, ministro de Defensa durante 49 años (1959-2008) y secretario general del Partido Comunista hasta 2021, así como contra otros cinco militares cubanos. Todos ellos fueron acusados de “crímenes graves relacionados con el derribo de dos aeronaves civiles” pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

Los cargos incluyen conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de homicidio y dos cargos por destrucción de aeronaves. El anuncio, realizado en la Torre de la Libertad de Miami ante las familias de las víctimas y la comunidad cubanoamericana, se produce en medio de una crisis cubana de excepcional gravedad: colapso energético, escasez masiva y creciente presión estadounidense bajo la administración Trump.

Lejos de constituir un simple caso judicial relacionado con hechos de hace treinta años, esta acusación se presenta como una palanca estratégica dentro de una campaña más amplia destinada a asfixiar y eventualmente desestabilizar al régimen cubano. Reabre heridas históricas, consolida alianzas políticas en Estados Unidos y plantea interrogantes sobre el futuro de Cuba en un hemisferio occidental sometido a una profunda reconfiguración política.

El 24 de febrero de 1996, dos avionetas Cessna 337 Skymaster desarmadas, pertenecientes al grupo Hermanos al Rescate y con base en Miami, fueron derribadas por cazas MiG-29 cubanos sobre aguas internacionales, aproximadamente a nueve o diez millas náuticas de la costa cubana. Cuatro personas murieron: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales —tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal—. Un tercer avión, pilotado por José Basulto, logró escapar. Raúl Castro, entonces ministro de Defensa, fue acusado de haber autorizado o supervisado la llamada Operación Escorpión.

Treinta años después, el caso sigue siendo un símbolo poderoso para la diáspora cubanoamericana, particularmente influyente en Florida, un estado clave desde el punto de vista electoral. Además, permite a la administración Trump movilizar a su base política y justificar una escalada contra un régimen percibido como una amenaza persistente. Como declaró el propio presidente Trump: «Este es un día muy importante para los cubanos».

El fiscal general interino, Todd Blanche, sucesor de Pam Bondi, insistió en la necesidad de hacer justicia para las víctimas y recordó que Estados Unidos «no olvida a sus ciudadanos».

Esta reactivación judicial no constituye un hecho aislado. Se inscribe en una tradición estadounidense de “justicia diferida” aplicada contra adversarios políticos, como ocurrió con Manuel Noriega, Slobodan Milošević o, más recientemente, Nicolás Maduro. La estrategia consiste en criminalizar a la cúpula del régimen castrista, transformando un antiguo conflicto en una herramienta contemporánea de política exterior.

En 2026, Cuba atraviesa su peor crisis desde el “Período Especial” de los años noventa. La pérdida del suministro de petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en enero de 2026 resultó decisiva. Estados Unidos impuso además un bloqueo energético efectivo mediante sanciones secundarias contra cualquier país que suministrara combustible a Cuba, amenazas arancelarias e incluso interceptaciones marítimas.

El resultado ha sido devastador: apagones de entre 16 y 22 horas diarias, paralización del transporte y escasez de alimentos y medicamentos. La obsoleta infraestructura eléctrica cubana —compuesta por centrales térmicas de origen soviético construidas en las décadas de 1970 y 1980— dependía del petróleo venezolano subsidiado para cubrir más del 60 % de sus necesidades energéticas.

Sin combustible, las fábricas funcionan a capacidad reducida y el Sistema Eléctrico Nacional colapsa con frecuencia. Entre marzo y abril de 2026, apagones generales afectaron a toda la isla. Los hospitales tuvieron que posponer cirugías; el acceso al agua potable se volvió irregular debido a la falta de electricidad para bombearla; y toneladas de alimentos se perdieron por ausencia de refrigeración. El turismo, uno de los pilares de la economía cubana, también se desplomó.

El régimen del presidente Miguel Díaz-Canel, en el poder desde 2018, atribuyó la crisis al “bloqueo imperialista”. Sin embargo, las causas también radican en décadas de mala gestión, corrupción dentro de GAESA —el conglomerado militar que controla buena parte de la economía cubana— y ausencia de reformas estructurales.

En este contexto de extrema vulnerabilidad, la acusación contra Raúl Castro representa un golpe simbólico de gran magnitud, incluso ritual, según algunos observadores. Contribuye a reforzar el aislamiento internacional de Cuba, desalienta a los potenciales inversores y consolida la narrativa estadounidense de un régimen criminal e ilegítimo. Asimismo, proporciona una justificación moral y jurídica para nuevas sanciones o una mayor presión, sin necesidad de recurrir de inmediato a una intervención militar, aunque Washington también ha denunciado la supuesta adquisición de unos 300 drones procedentes de Irán y Turquía desde comienzos de la década de 2020.

Desde el punto de vista jurídico, la acusación fue emitida por un gran jurado de Miami el 23 de abril de 2026. Además de Raúl Castro, figuran como acusados Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, este último detenido en Estados Unidos. Todos ellos se enfrentan a penas máximas, incluida la cadena perpetua.

Simbólicamente, el proceso eleva el caso al nivel de responsabilidad directa de un jefe de Estado. Para muchos cubanos en la isla, refuerza la sensación de asedio y alimenta la narrativa de victimización frente a Washington.

Políticamente, la iniciativa consolida el apoyo de la comunidad cubanoamericana a Donald Trump y Marco Rubio. También parece inscribirse en una reinterpretación contemporánea de la Doctrina Monroe. Después de Venezuela e incluso Irán, Cuba aparece como el tercer elemento de una estrategia estadounidense cada vez más afirmada en el escenario internacional.

La acusación sienta además un precedente importante: en adelante, cualquier dirigente cubano podría ser considerado personalmente responsable de acciones pasadas. Esto podría precipitar negociaciones discretas o, por el contrario, endurecer aún más las posiciones. Se perfilan varios escenarios: una transición negociada, un colapso interno o —menos probable por ahora— una intervención militar limitada.

En conclusión, esta acusación va mucho más allá de una cuestión judicial. Constituye un acto de guerra política en medio de una crisis existencial para Cuba. Redefine las relaciones entre Estados Unidos y la isla al entrelazar justicia histórica, realpolitik e imperativos humanitarios. El futuro de Cuba dependerá tanto de la capacidad del régimen para resistir este estrangulamiento como de la voluntad de Washington de transformar la presión en una eventual oferta de salida.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.