El nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala, Gabriel García Luna, destituyó del cargo al fiscal anticorrupción Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos por presunta corrupción y quien estuvo a cargo de los procesos judiciales en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín y del caso de supuesto fraude electoral en 2023.

La destitución de Curruchiche, quien estaba a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, fue confirmada por el Ministerio Público y su orden de ejecución fue inmediata.

Curruchiche se encuentra sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea bajo señalamientos de corrupción al igual que la anterior fiscal general, Consuelo Porras Argueta (2018-2026).

El fiscal removido estuvo a cargo de más de una docena de casos que nunca fueron probados y que según organizaciones sociales, eran persecuciones judiciales en favor de los intereses de la Fiscalía.

Entre los casos referidos están los procesos penales en contra del periodista José Rubén Zamora Marroquín y los intentos por anular los resultados electorales de 2023 que llevaron a la presidencia a Bernardo Arévalo de León.

Igualmente, hace parte de esta lista un presunto caso de corrupción de Arévalo de León y la Organización de Naciones Unidas, que nunca avanzó en tribunales, además del intento de acusación -sin éxito- al excomisionado anticorrupción colombiano Iván Velásquez por presunta corrupción.

El ahora exfiscal, quien fue árbitro de fútbol profesional, se caracterizó también por lanzar constantes mensajes en sus redes sociales con críticas al Gobierno de Arévalo de León.

García Luna tomó posesión el pasado domingo y advirtió que cerraría la Fiscalía al mando de Curruchiche, al argumentar que la misma había perdido su sentido original.

El nuevo fiscal general de Guatemala reemplazó a Porras Argueta, cuyo mandato por ocho años estuvo marcado por las sanciones internacionales en su contra y, en palabras del mismo presidente Arévalo de León, por intentar «socavar» la democracia con su manejo de casos de alto impacto, incluidos los intentos de «golpes de Estado».