El Gobierno de Honduras ordenó este jueves la «intervención directa» de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en dos regiones del país tras registrarse dos matanzas que dejaron al menos 15 muertos, crímenes ante los cuales el Estado aseguró que «actuará con firmeza para capturar a los responsables».

El despliegue de las fuerzas del orden se concentrará de forma «inmediata» en el sector de Rigores, en el municipio de Trujillo, departamento caribeño de Colón, donde al menos 10 personas habrían sido asesinadas esta madrugada, informó la Secretaría de Seguridad en un comunicado.

El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, afirmó a los periodistas que, por el momento, no disponen de «información oficial de cuántos son los cadáveres ni de dónde están».

Hasta ahora, las autoridades hondureñas no han establecido ninguna hipótesis sobre los móviles del crimen múltiple en Colón, una región afectada por un histórico conflicto de tierras que ha dejado más de 200 muertos en las últimas décadas debido a los enfrentamientos entre campesinos y guardias de seguridad privada.

La intervención militar y policial se aplicará también en la zona de Corinto, fronteriza con Guatemala, donde cuatro policías y un presunto delincuente murieron durante un enfrentamiento armado.

El tiroteo ocurrió cuando miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) intentaban ingresar a una vivienda en una operación antidrogas, detalló el portavoz de la Policía Nacional, Edgardo Barahona.

El plan operativo en ambas zonas contempla la preservación de evidencias y el desarrollo de operativos de búsqueda para «identificar y capturar» a los responsables de los ataques, añadió.

La Secretaría de Seguridad anunció además la conformación de «equipos investigativos conjuntos» integrados por fiscales, unidades de inteligencia y especialistas en medicina forense, con el objetivo de garantizar «transparencia» en las diligencias y resultados que permitan esclarecer los hechos.

La prioridad de esta acción institucional es «fortalecer la confianza ciudadana y reafirmar el compromiso institucional en la lucha frontal contra la impunidad criminal», añadió.

«El Estado de Honduras actuará con firmeza para capturar a los responsables» de los hechos violentos, así como «proteger a las comunidades vulnerables» y asegurar una «justicia integral» para las víctimas, en un esfuerzo por reafirmar su deber constitucional de «preservar la seguridad, la paz y el orden público en el país».

Las cúpulas de la Secretaría de Seguridad y de las Fuerzas Armadas mantienen una reunión de emergencia para planificar la intervención en las regiones afectadas.