Desde hace varios meses, Washington ha aplicado una política de “máxima presión” contra Cuba. Esta combina severas sanciones económicas, restricciones energéticas, retórica beligerante y amenazas de medidas secundarias para asfixiar al régimen de Miguel Díaz-Canel. El objetivo es debilitar al gobierno cubano, promover un cambio de régimen y eliminar cualquier influencia adversa (China, Rusia, Irán) en “el hemisferio occidental”, en el marco de una Doctrina Monroe actualizada, conocida como el “Corolario Trump a la Doctrina Monroe”, resumida por algunos como la “Doctrina Donroe” (contracción de Donald Trump y James Monroe, quien inspiró dicha política en 1823).

Durante su primer mandato (2017-2021), Donald Trump ya había roto con la política de apertura de Barack Obama, quien realizó un viaje histórico a La Habana en marzo de 2016. Reincorporó a Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, restringió los viajes de turistas estadounidenses, limitó las transferencias de dinero y reforzó la aplicación de la Ley Helms-Burton, permitiendo el enjuiciamiento de empresas extranjeras que operan en propiedades nacionalizadas después de 1959. Estas medidas buscaban aislar económicamente al régimen, al tiempo que apoyaban a la oposición interna (que nunca llegó a materializarse).

A partir de junio de 2025, durante el segundo mandato de Donald Trump, se aceleraron estas medidas. Un memorando de seguridad nacional endureció las restricciones a los viajes y a las transacciones con entidades militares cubanas, como GAESA, así como las remesas. Cuba continuó designada como «Estado patrocinador del terrorismo». La administración estadounidense justificó esta presión citando los vínculos de La Habana con regímenes hostiles, el presunto apoyo a grupos terroristas y las violaciones de los derechos humanos.

El año 2026 se inscribe en una lógica de escalada: la intervención en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, el despliegue de la Operación “Lanza del Sur” en el Caribe —oficialmente contra el narcotráfico— y el cierre de las fuentes petroleras venezolanas afectan tanto a Cuba como a otras regiones. Los teatros de conflicto son geográficamente diversos, como Irán, y todas estas acciones forman parte de una estrategia global de Washington, que busca consolidar su influencia en América Latina, siguiendo la visión clásica de “zona de influencia” o “patio trasero” de Estados Unidos, concepto popular durante la Guerra Fría (1949-1991).

El punto de inflexión se produjo en enero de 2026, tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Donald Trump declaró el estado de emergencia nacional mediante la orden ejecutiva E.O. 14380, calificando las acciones cubanas como una «amenaza extraordinaria» para la seguridad estadounidense. Autorizó aranceles a los productos de los países que suministraban petróleo a Cuba, interrumpiendo prácticamente los suministros venezolanos, principal fuente de hidrocarburos baratos. Solo unos pocos petroleros rusos lograron cruzar la frontera.

Este «bloqueo energético» provocó apagones masivos, escasez de combustible y un agravamiento de la crisis humanitaria, con falta de alimentos y medicinas. La central eléctrica de Matanzas, que funciona con fueloil y petróleo crudo, está prácticamente paralizada. La refinería de Cienfuegos, otro pilar de la economía cubana, opera a capacidad reducida, sin recibir ya petróleo de Venezuela ni de Rusia, mientras que la producción cubana solo puede abastecer el 40% de las necesidades de la isla, estimadas en 60.000 barriles diarios.

En mayo de 2026, un nuevo decreto, firmado el 1 de mayo, amplió significativamente las sanciones, dirigiéndolas a sectores relacionados con la energía, la defensa y la minería (Cuba es el quinto mayor productor mundial de cobalto y posee una de las mayores reservas de níquel del mundo).

Se impusieron sanciones a funcionarios del régimen, agentes de la represión y personas involucradas en violaciones de derechos humanos. Se reforzaron las sanciones secundarias contra bancos y empresas extranjeras que mantienen relaciones comerciales con estas entidades (congelación de activos en Estados Unidos y exclusión del sistema financiero estadounidense).

Cuba, ya debilitada por la pandemia de COVID-19, por los huracanes y la pérdida de los subsidios venezolanos durante años, está sufriendo las peores consecuencias de esta presión. Los apagones diarios, las largas filas para conseguir gasolina y la escasez de alimentos alimentan el descontento popular, aunque sin provocar el esperado colapso del régimen. La Habana denuncia un «castigo colectivo» y una «agresión ilegal», al tiempo que organiza manifestaciones, como la gran procesión del 1 de mayo de 2026 frente a la embajada estadounidense.

El régimen mantiene una postura de resistencia: apela a la soberanía, fortalece los lazos con China (paneles solares) y Rusia, y lleva a cabo negociaciones discretas con Washington sobre temas como presos políticos y reformas económicas limitadas. Las conversaciones, confirmadas entre marzo y abril de 2026, demuestran que la máxima presión puede coexistir con la diplomacia transaccional. Si bien la presión ha debilitado a Cuba, aún no ha producido el cambio de régimen deseado. Para mediados de 2026, las políticas de Trump mantienen a Cuba en una posición precaria, ilustrando una diplomacia coercitiva que es efectiva a corto plazo para imponer concesiones, pero arriesgada a largo plazo: inestabilidad regional y dependencia de una estrategia impredecible. Trump necesita una victoria internacional antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre de 2026.

Corriendo el riesgo de empantanarse en el conflicto con Irán, Cuba podría convertirse en un espejismo. Tras el éxito de la Operación “golpe” contra Nicolás Maduro, seguida de una política de “compromiso” con la presidenta interina Delcy Rodríguez, en detrimento de una oposición representada temporalmente por María Corina Machado, Trump podría verse tentado a actuar con rapidez en Cuba.

El objetivo sería acelerar un «cambio de régimen» negociado. El presidente estadounidense bromeó el 28 de abril, en Florida, sobre una posible «toma de control» de Cuba por parte de la Armada una vez que «el trabajo en Irán esté terminado», refiriéndose al despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln «a unos cien metros de la costa cubana». Estos comentarios provocaron indignación en La Habana, pero son un recordatorio de la presión actual sobre la isla. El hijo de Raúl Castro, Alejandro Espín, y su nieto, Raúl Guillermo Rodríguez Castro, estarían en el centro de negociaciones secretas con Washington.

¿La solución es cambiarlo todo para que nada cambie? Esta podría ser la línea política preferida, mientras que otros frentes comienzan a surgir en la región: en Haití, las recompensas por información que conduzca al arresto de líderes de pandillas como Jimmy Cherizier, conocido como «Barbecue», han aumentado a 5 millones de dólares. Nicaragua también aparece en las declaraciones de Trump; el 26 de abril afirmó que Daniel Ortega «no tenía toda su cabeza», lo que generó la reacción del mandatario nicaragüense calificándolo de “desequilibrado mental”.

¿Son estas las primeras señales de acción contra el régimen Ortega-Murillo? Quizás, sobre todo porque Managua se vería debilitada por una acción que allanaría el camino hacia un «cambio de régimen» en Cuba. En otras palabras, la situación en La Habana se observa con atención en todo el continente, con consecuencias para la política interna de Estados Unidos, la región del Caribe y Latinoamérica en general. Mientras tanto, China y Rusia se encontrarían algo más aisladas en el hemisferio occidental, según lo define la administración estadounidense en su documento oficial de «Estrategia de Seguridad Nacional» de noviembre de 2025.

Más que nunca, las tensiones entre Estados Unidos y Cuba deben ser monitoreadas cuidadosamente.

Politólogo francés y especialista en temas internacionales.