Desde que el país anunció la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el país, el Fondo Monetario Internacional (FMI), un organismo del que el país es socio, expuso una serie de riesgos financieros para el país, sobre todo, desde el lado del gasto público y del riesgo que supone invertir en un criptoactivo de este tipo para los mercados internacionales.

Por ello, cuando el multilateral anunció que había alcanzado un acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), por hasta $1,400 millones con el país, lo hizo junto a una serie de compromisos que el gobierno salvadoreño aceptó cumplir, entre los cuales estaba el reducir su participación en las inversiones relacionadas con el Bitcoin y que las reservas nacionales que mantiene desde 2021 se mantuvieran sin cambios.

No obstante, el gobierno no ha cumplido este último punto pues, según sus propios datos divulgados en el sitio web de la Oficina Nacional de Bitcoin, las compras de un Bitcoin al día se mantienen vigentes, algo que en la práctica va contra el compromiso que aceptó cumplir cuando accedió al programa de apoyo financiero del FMI.

Según el sitio web de la institución estatal, la última compra de Bitcoin se realizó ayer, 30 de abril, a las 2:57 p. m., por lo que ya acumula hasta 7,638 unidades del criptoactivo (BTC), valorados en hasta $583.24 millones.

De acuerdo con otros portales que monitorean de forma regular el comportamiento de la cartera estatal de Bitcoin, el total de dinero público que el gobierno lleva invertido en esta actividad asciende a unos $422.57 millones, una cifra bastante alta y que podría ser suficiente para financiar distintos programas sociales.

El hecho de que el gobierno destine fondos públicos a la compra de la criptomoneda no es lo único que genera riesgo, sino la propia naturaleza del Bitcoin, el cual se caracteriza por ser un activo inestable y muy fluctuante, a tal punto que, una eventual caída en su valor, podría generar la pérdida del dinero que se ha invertido a la fecha.

De hecho, si se compara el precio actual del Bitcoin con el que registró en octubre de 2025, cuando alcanzó su valor máximo desde que existe, superando los $126,000 por cada unidad, puede observarse que la cartera estatal ha sufrido “pérdidas”. Según el portal DropsTab, las reservas de Bitcoin del país pasaron de una valoración de más de $780 millones en octubre a los $583. 24 millones en abril de 2026, es decir, que valen casi $200 millones menos.

No obstante, esta pérdida se compensa con el precio al que fueron adquiridos muchos Bitcoins en años anteriores, previo al despegue de su precio, por lo que el valor promedio de cada BTC se reduce y provoca que el valor actual se mantenga por encima del total invertido.

Aún así, las operaciones con Bitcoin podrían ser uno de los motivos por los que el acuerdo con el FMI no avanza. Según la firma Fitch Ratings, el retraso en las revisiones al programa, que debieron haberse completado en septiembre de 2025 y en marzo de 2026 se debe, en parte, a las compras que todavía realiza el gobierno de este criptoactivo. “Las autoridades aún no han aclarado la naturaleza de la acumulación de Bitcoin anunciada a finales del año pasado, y el acuerdo prohíbe dicha acumulación con fondos públicos”, señala el informe de la agencia calificadora.

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