La falta de oportunidades y los bajos ingresos han hecho que cada vez menos personas encuentren en el sector agrícola una opción para ganarse la vida, mientras que los productores, al mismo tiempo, enfrentan mayores costos y dificultades para sostener la actividad debido a dificultades climáticas y financieras.

En este sentido, la Mesa de Justicia Climática señala que el sector agropecuario perdió hasta 72,259 empleos entre 2019 y 2024, al mismo tiempo que advierte que esta reducción ocurre en medio de otros problemas que afectan la producción nacional, por lo que es necesario implementar políticas públicas encaminadas a mitigar la situación.

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Puntualmente, la organización señaló que algunos de los principales problemas son, por ejemplo, que el agro recibe actualmente apenas el 2% del crédito del sistema financiero, lo que se suma al déficit de 9.2 millones de quintales de granos básicos que el país enfrentó el año pasado. Al mismo tiempo, las importaciones de alimentos aumentaron 32% en valor, según un comunicado.

Estas condiciones también han comenzado a dificultar el relevo generacional en algunas zonas del país que dependen de las actividades agrícolas, donde los jóvenes la consideran ya poco rentable, una situación que se refleja en San Esteban Catarina, San Vicente, un municipio en que los productores enfrentan dificultades para encontrar personas jóvenes dispuestas a continuar con el trabajo agrícola debido principalmente a los bajos ingresos que genera.

Luz Elena Calderón, productora y secretaria de la Cooperativa de Aprovisionamiento Agropecuario La Esperanza, explicó a El Diario de Hoy el mes pasado que el agricultor más joven de la zona ronda los 50 o 55 años y que los jóvenes ya no muestran interés en aprender el oficio porque “ya no le ven futuro”.

El desinterés por continuar con la actividad coincide con las dificultades que enfrentan los agricultores que necesitan trabajar la tierra para subsistir, pues en San Esteban Catarina algunos agricultores calculaban que perderían buena parte de sus cosechas de maíz después de haber invertido cerca de $1,000 por manzana, además de los aproximadamente $200 que destinaban al arrendamiento de la tierra.

A esos costos se suma la reducción del apoyo que reciben los productores mediante los paquetes agrícolas, que según la Mesa de Justicia Climática pasaron de incluir insumos valorados en $120 a una tarjeta de $75, monto que, de acuerdo con la organización, cubre apenas el 3% del costo de producir una manzana de maíz.

Con este panorama, la Mesa de Justicia Climática y las organizaciones que la integran también presentaron una propuesta de Política para el Desarrollo del Agro que busca abordar las dificultades mediante medidas relacionadas con el acceso a la tierra, el financiamiento, la producción y los mercados, la soberanía alimentaria y la inversión pública.

En cuanto al financiamiento, la propuesta considera necesario elevar al menos al 5% la participación del agro dentro del crédito total, fortalecer el Banco de Fomento Agropecuario y establecer tasas preferenciales para mujeres y jóvenes, además de crear seguros agrícolas que permitan cubrir pérdidas ocasionadas por fenómenos climáticos, como el del El Niño.

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La propuesta incluye, además, la creación de un banco nacional de semillas criollas y una ley de soberanía y seguridad alimentaria, junto con una inversión de $845 millones durante cinco años, equivalente a $169 millones anuales, los cuales las organizaciones consideran como suficientes para generar hasta más de 200,000 empleos y contribuir a la reactivación de la economía en el campo.

Para dar seguimiento a estas medidas, las organizaciones plantean instalar una mesa técnica con participación de representantes campesinos y de mujeres rurales, además de garantizar el acceso de estas últimas a tierra, crédito, agua, semillas y asistencia técnica y detener los desalojos y el despojo de tierras cooperativas y campesinas.