La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings señaló en un reciente informe sobre la situación del país que el 2027 representa un reto para las finanzas públicas, ya que el próximo año vencerá el período de gracia que le permite al gobierno no pagar intereses ni capital por la deuda de pensiones.

Esta situación, según Fitch, añadirá “presiones adicionales en la senda de consolidación fiscal”, que son esos esfuerzos que el gobierno está realizando, en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para reducir su déficit fiscal y estabilizar la deuda pública total.

Estas acciones, de hecho, sumadas al respaldo de lograr una cuerdo con el Fondo, son las que han permitido que el Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) se mantenga relativamente bajo para el país, en comparación con los que registró en años anteriores, como en 2022 cuando superó los 2,900 puntos.

¿Pero qué mide este indicador? El EMBI, elaborado por J.P. Morgan Chase, mide la diferencia que hay entre las tasas de interés que los inversionistas exigen para comprar deuda de un país frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados como referencia. En ese sentido, el EMBI de El Salvador refleja la percepción que tienen los inversionistas acerca de la capacidad de pago de la deuda soberana. Si los inversionistas exigen un interés más alto, significa que ven al país como una entidad más riesgosa para invertir y, por ende, la deuda es más cara.

Al 30 de abril, el EMBI de El Salvador se ubicó en 318 puntos, lo que implica que el país debe ofrecer a los inversionistas un rendimiento adicional de hasta 3.18% sobre la tasa de interés de los bonos estadounidenses para colocar su deuda en los mercados internacionales,un porcentaje que es más alto que los demás países de la región.

Por ejemplo, Guatemala se ubicó en 1.18% en la misma fecha, mientras que Honduras y Costa Rica registraron un EMBI de 1.9% y 1.2%, respectivamente. En el caso de Panamá, el indicador situó a ese país en 1.1%. En el caso de otras economías cercanas, como México y República Dominicana, el indicador se situó en 2.0% y 1.8%, respectivamente.

Aún así, si se compara con el EMBI de 29% que registró el país en 2022, puede observarse una mejora muy significativa. No obstante, el panorama del próximo año podría amenazar con aumentar el EMBI para el país y, con ello, el riesgo crediticio.

Según el economista y ex vicepresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Otto Boris Rodríguez, la razón por la que el país mantiene un EMBI superior al de sus vecinos es que, pese a las acciones del gobierno, la deuda pública continúa muy alta. Según estimaciones de Fitch, al cierre de 2024 la deuda pública total, incluyendo pensiones, equivalía a un 90% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), un porcentaje que podría bajar levemente hasta el 87.4% al cierre de este año.

Lo anterior, sumado a los pagos de capital e intereses que el gobierno deberá asumir en 2027, podría impulsar al aumento del EMBI del país. Esto podría provocar que la incertidumbre en los inversionistas aumente ya que, según Rodríguez, los nuevos compromisos de la deuda previsional “pueden dinamitar toda la capacidad de pago de la deuda pública y entonces ahí es donde los mercados se ponen nerviosos”.

Por ello, según el economista, la reforma a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones es algo clave, sobre todo, porque es algo que está anclado al acuerdo con el FMI, el cual mejora la confianza de los inversionistas. Sin embargo, la propuesta que debía presentarse el pasado 10 de febrero aún no se ha hecho pública.

Estos retrasos en el avance del acuerdo con el Fondo, según Rodríguez, levantan sospechas en los inversionistas pues, si se retrasa la reforma “lo que va a suceder es que los mercados van a desconfiar más”, señala, al mismo tiempo que subraya que “quedarse sin liquidez para pagar la deuda externa (por tener que asumir la deuda previsional) es un problema porque se cierra el mercado”.

Hasta el momento, el programa con el FMI no ha avanzado en su segunda y tercera revisión, las cuales estaban programadas para septiembre de 2025 y marzo de este año. La falta de una propuesta de reforma al sistema previsional, además de las operaciones con Bitcoin, estarían frenando los avances, según Fitch, firma que también apunta que el retraso obedecería al calendario electoral y a la necesidad del gobierno de evitar reformas “políticamente costosas”.

En tanto, el gobierno se enfrenta a escenarios complejos: por un lado, debe garantizar la continuidad del acuerdo con el Fondo, y por otro debe sortear los compromisos con el sistema previsional que podrían afectar la liquidez actual. Si el acuerdo con el FMI se interrumpe, las opciones de financiamiento se limitarían o se volverían más caras, ya que con un aumento del indicador EMBI los inversionistas serán más cautelosos a la hora de adquirir los bonos soberanos, en el caso de que el país quiera salir al mercado de deuda internacional.