La reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones que entró en vigencia en 2023 incluyó entre sus modificaciones un nuevo tipo instrumento a través del cual el gobierno puede tomar prestado el dinero de los trabajadores que aportan al sistema mes a mes, algo que, además de liquidez, le ha permitido al Ejecutivo ahorrarse hasta $500 millones anuales en pago de intereses.

Estos instrumentos, denominados como Certificados de Obligación Previsional, son los que vinieron a sustituir a los anteriores Certificados de Inversión Previsional (CIP) y, con ello, también modificaron las condiciones bajo las cuales el se toma prestado dinero de los ahorrantes y sus respectivos rendimientos. Por ejemplo, en los CIP que se manejaban previo a la reforma, el interés que el gobierno pagaba por el dinero que tomaba prestado rondaba los 4.5%-6% y se emitían a un plazo de 24 o 44 años.

Algo que cabe señalar es que los anteriores CIP no se convirtieron en los nuevos instrumentos por defecto, sino que se convirtieron en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y fueron absorbidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (creado tras la reforma más reciente). A partir de ahí, el gobierno solo ha utilizado los COP como mecanismo para solicitar nueva deuda, la cual asciende a $11,476 millones ($8,394.19 millones adquiridos bajo el mecanismo anterior y $3,082.13 millones ya con el nuevo instrumento).

En este sentido, con la ley actual, reformada en 2022 y en vigencia desde 2023, y con las nuevas condiciones el gobierno ahora paga hasta 7% pero con un plazo más amplio (50 años) con los nuevos COP, incluyendo un período de gracia de 4 años en los que, desde su primera emisión en abril de 2023, no ha pagado intereses ni capital a los fondos de los trabajadores, pese a que la deuda sí ha continuado aumentando.

De acuerdo con una actualización que hizo la firma Standard & Poor’s (S&P) en mayo de 2023, ese período de gracia le significaría un ahorro de hasta $500 millones por cada año al gobierno, es decir, que la reforma derivó en un alivio para las finanzas públicas ya delicadas desde 2021. Este beneficio, no obstante, culminó en una calificación de impago técnico de la deuda que asignó S&P tras la modificación en las condiciones de la deuda previsional.

Aún así, algo que está elevando las alarmas en el panorama financiero internacional es que el próximo año, terminará dicho período de gracia y, con ello, el gobierno deberá comenzar a abonar capital e intereses a los ahorros de los trabajadores, lo que implica desde ya que las obligaciones y compromisos para las arcas del Estado incrementarán significativamente

De acuerdo con otra firma calificadora, como Fitch Ratings, este vencimiento del período de gracia añadirá “presiones adicionales” en los esfuerzos que está realizando el gobierno para poder reducir el déficit fiscal y estabilizar la deuda pública, todo en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) logrado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional y que incluye una inyección financiera de hasta $1,400 millones para esta consolidación fiscal.

Esto, además, mantiene vivos los debates sobre la sostenibilidad del sistema previsional, el cual amerita una reforma según las recomendaciones hechas por el FMI, un compromiso que adquirió el propio gobierno pero que aún no ha mostrado avances. Según el calendario del programa, la propuesta de reforma debió haberse presentado el 10 de febrero pasado, sin embargo, aún no se sabe nada al respecto.

En opinión de Fitch Ratings, el retraso en esta reforma podría obedecer a la proximidad de las elecciones generales que se llevarán a cabo a inicios del próximo año. “El ciclo electoral podría complicar las perspectivas de reformas políticamente costosas, especialmente este año”, subraya la firma.

El dinero que toma prestado el gobierno de los fondos de las AFP se utiliza para financiar el pago de las pensiones de los trabajadores que se jubilaron bajo los sistemas anteriores a las AFP, es decir, bajo el Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP) y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).