La deuda que el Gobierno mantiene con el sistema de pensiones continúa aumentando a un ritmo acelerado, algo que puede observarse en los datos publicados por el Banco Central de Reserva (BCR), los cuales muestran que, entre enero de 2023 y mayo de 2026, ese compromiso financiero creció en $3,122.7 millones, lo que equivale a un promedio de $76.1 millones adicionales cada mes durante los últimos 41 meses. En términos anuales, ese ritmo representa más de $900 millones de nueva deuda.

Para poner en perspectiva, en enero de 2023, la deuda previsional ascendía a $8,444.6 millones, mientras que al cierre de mayo de este año ya alcanzaba los $11,567.3 millones, impulsada por las emisiones de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), el mecanismo mediante el cual el Gobierno obtiene financiamiento de los fondos administrados por las AFP desde la reforma implementado a finales de 2022.

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El ritmo de endeudamiento, en lo que va de este año, también se ha mantenido alto, pues solo entre enero y mayo de 2026 el saldo aumentó en $326.2 millones, al pasar de $11,241.1 millones a $11,567.3 millones. Aunque el incremento mensual no siempre es el mismo, la tendencia ha sido constante desde que la ley actual entró en vigencia.

En este sentido, para entender la magnitud del crecimiento basta con comparar con datos previos a la reforma, como los que presentó anteriormente la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), la cual señala que entre 2013 y 2022 el gobierno acumuló $3,480.9 millones de deuda con el sistema de pensiones. Sin embargo, desde enero de 2023 hasta mayo de este año ya ha incorporado otros $3,122.7 millones, por lo que en apenas 41 meses prácticamente ha igualado todo lo que se endeudó durante la década anterior, con una diferencia que podría igualarse en los próximos meses.

Ese aumento responde al uso continuo que hace el Estado de los COP, y los cuales son utilizados cuando se necesitan recursos para cubrir el pago de las pensiones del sistema público, algo que logra a partir de la emisión de estos títulos que son adquiridos con el dinero de los fondos previsionales de los trabajadores que cotizan en el sistema privado. Por ello, el pago de las jubilaciones se mantiene, pero al mismo tiempo también crece la deuda que el gobierno deberá devolver en el futuro, aunque por el momento se encuentra bajo un período de gracia que le permite no abonar capital ni pagar intereses de dicha deuda hasta 2027, año en el que incrementarán significativamente las presiones sobre las cuentas del país.

Cinco meses de retraso en la propuesta de reforma a las pensiones

Asimismo, el crecimiento de esa deuda sigue siendo uno de los temas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene bajo observación en el marco del Programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), un acuerdo financiero por $1,400 millones que alcanzaron El Salvador y el organismo, y en el cual el gobierno se comprometió a presentar una propuesta para reformar la Ley Integral del Sistema de Pensiones a más tardar el 10 de febrero de este año. Sin embargo, cinco meses después ese documento aún no ha sido presentado y tampoco ha sido anunciado por ninguna de las partes.

Según el organismo, una nueva reforma es necesaria para reducir el ritmo con el que sigue aumentando la deuda previsional y dar mayor sostenibilidad al sistema en el largo plazo, pero, hasta ahora, el gobierno no ha dado a conocer cómo pretende modificar la ley ni cuándo enviarán la propuesta a la Asamblea Legislativa. Algunos economistas prevén que la propuesta podría incluir un aumento a la edad de jubilación o al porcentaje de aporte que realizan los trabajadores.

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Por otro lado, esta reforma no es el único compromiso que el país suscribió dentro del programa con el FMI, por lo que en los últimos meses, analistas y firmas calificadoras internacionales también han señalado que el avance del acuerdo depende del cumplimiento de otras medidas, entre ellas las actividades que el gobierno mantiene con respecto a la compra de Bitcoin, algo que no ha dejado de hacer pese a las solicitudes de FMI.

Otros análisis, además, consideran que el retraso podría estar sujeto al calendario electoral del país pues, al ser un año previo a las elecciones generales que se realizarán el próximo año, el gobierno estaría evitando emitir medidas impopulares que afecten la preferencia electoral de la población. «La aproximación de las elecciones generales podría complicar las perspectivas de una reforma de pensiones requerida por el FMI”, señaló en abril la firma Fitch Ratings.