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Fitch Ratings: Bitcoin y ausencia de una reforma de pensiones mantienen estancado acuerdo con FMI

La calificadora apunta que el gobierno estaría retrasando la reforma al Sistema de Pensiones, exigida por el FMI en el marco del acuerdo por $1,400 millones, debido a la proximidad de las elecciones generales a realizarse el próximo año

Marcha-Pensiones
Marcha donde exigen una pensión justa. Foto EDH/ Archivo

La calificadora Fitch Ratings señaló en su más reciente análisis sobre el perfil de El Salvador que el acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se mantiene bajo retrasos debido a distintos factores, principalmente a la ausencia de una propuesta de reforma al Sistema de Ahorro para Pensiones, un compromiso que el país adquirió a la hora de negociar el programa.

Según Fitch, los retrasos en el programa, cuya segunda y tercera revisión debieron haberse completado en septiembre de 2025 y en marzo de 2026, respectivamente, tienen su principal causa en esa no propuesta de reforma previsional, algo que se suma a la compra de Bitcoin que aún realiza el gobierno salvadoreño.

Dentro de los compromisos que adquirió el país para acceder a un financiamiento de hasta $1,400 millones, desembolsables en un período de 40 meses, estaba el presentar una nueva ley de pensiones a más tardar el 10 de febrero, sin embargo, a la fecha el gobierno no ha divulgado ningún proyecto de ley de este tipo. Asimismo, otro de los compromisos era el mantener la reserva de Bitcoins sin cambios, sin embargo, la Oficina Nacional de Bitcoin, una entidad creada por el Ejecutivo, confirmó hace un par de meses que la compra de un Bitcoin diario se mantiene, lo que implica que esa reserva continúa aumentando, pese a las solicitudes del Fondo.

De acuerdo con la calificadora, el hecho de que aún no haya una propuesta de reforma previsional podría relacionarse con el calendario electoral que se aproxima. “En opinión de Fitch, la aproximación de las elecciones generales podría complicar las perspectivas de una reforma de pensiones requerida por el FMI”, señala la entidad en su análisis.

Este punto ya había sido abordado anteriormente por la firma Emerging Finance (EMFI), la cual atribuía ese retraso, precisamente, a la cercanía de las elecciones, ya que el gobierno podría estar evitando publicar una reforma de pensiones para no perder el apoyo de la población.

Lo anterior debido a que, según el estudio actuarial que el Ejecutivo realizó en 2025, el sistema enfrenta fuertes presiones y el riesgo de que se agoten los fondos de la Cuenta de Garantía Solidaria para 2029, siempre y cuando no se realicen modificaciones a los aspectos paramétricos del sistema previsional. Según economistas, uno de esos aspectos que podrían modificarse es la edad de jubilación, la cual podría aumentarse y generar descontento entre los cotizantes.

Asimismo, otro punto que genera incertidumbre es el vencimiento del período de gracia que el gobierno logró con la reforma previsional de 2023, la cual le otorgó un respiro de cuatro años antes de empezar a pagar los intereses de la deuda que tiene con los ahorros de los cotizantes. Según la calificadora, esto añadirá presiones adicionales en el camino hacia la consolidación fiscal que busca el Ejecutivo, ya que implica más obligaciones de pago.

Por el lado del criptoactivo, Fitch señala que “los desarrollos relacionados con Bitcoin también han complicado la revisión del FMI, aunque Fitch actualmente no considera que puedan descarrilar el programa”, ya que el país sí ha cumplido algunas de las condiciones como la adopción de un plan para finalizar la participación del gobierno en la billetera virtual Chivo, y la prohibición de recibir pagos de impuestos con la criptomoneda.

En este sentido, la calificadora agrega que “las autoridades aún no han aclarado la naturaleza de la acumulación de Bitcoin anunciada a finales del año pasado”, algo que está prohibido en el marco del SAF.

Aún así, la calificadora señala que la nota crediticia del país se mantiene en B-, con una perspectiva estable, una calificación positiva en comparación con las notas que alcanzó el país en 2022, cuando aumentó desmedidamente el riesgo de que el gobierno cayera en impago. Según Fitch, esta perspectiva estable obedece a que las necesidades de financiamiento se han reducido, algo que también está anclado al alcance del acuerdo con el FMI.

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