La intervención en Paraguay de Ueno Bank se suma a la lista de entidades financieras colapsadas en América Latina por insolvencia patrimonial derivada de la concesión irregular de créditos a empresas vinculadas a los propietarios y conexiones con el poder político.

La quiebra de Ueno Bank, que ha causado la destitución y detención del presidente Santiago Peña, no es una anomalía, sino el manual clásico de las crisis bancarias de la región: crecimiento vertiginoso, la complacencia de los órganos supervisores y una factura final asumida por las arcas públicas.

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Estos son algunos de los casos más significativos de bancos intervenidos en América Latina en las últimas décadas:

Banco Latino (Venezuela, 1994)

El Estado venezolano lo intervino en 1994. Era el segundo banco del país por volumen de depósitos, pero sufrió una crisis de liquidez y una retirada masiva de depósitos.

Fue un caso de expansión desmedida con concentración crediticia entre empresas del mismo grupo y rescates públicos sin transparencia. Además afectó a fondos de pensiones y otras entidades que también fueron intervenidas por el riesgo de contagio financiero.

Banco Anglo Costarricense (Costa Rica, 1994)

El Banco Central de Costa Rica anunció en 1994 la intervención del Banco Anglo Costarricense, uno de los cuatro bancos estatales principales del país, por irregularidades en sociedades creadas en el extranjero.

Las pérdidas por inversiones fallidas equivalían al 1,3 % del PIB nacional y dejaron al banco sin patrimonio para continuar operando.

Filanbanco (Ecuador, 1998)

Filanbanco, propiedad de los hermanos Roberto y William Isaías, fue intervenido por las autoridades ecuatorianas en 1998.

Se detectaron créditos concedidos a empresas de los propios accionistas y préstamos estatales por más de 400 millones de dólares. La entidad financiera cerró sus operaciones en 2001.

Banco Nuevo Mundo (Perú, 2000)

Fue intervenido por las autoridades peruanas en 2000. Contaba con un notable deterioro patrimonial y el Fondo de Seguro de Depósito desembolsó recursos para cubrir a más de 23.000 ahorradores. No fueron detectadas conexiones políticas en este caso.

Aunque se intentó su integración en otra entidad, finalmente fue declarado en liquidación en 2001.

Baninter (República Dominicana, 2003)

Baninter fue intervenido por las autoridades dominicanas en 2003.

Los propietarios mantenían operaciones financieras ocultas mediante una contabilidad irregular que ocultaba pérdidas y se concedían créditos relacionados con sus propias empresas

Representa el ejemplo clásico latinoamericano de quiebra tras vinculación con políticos e influencia en los organismos de control. El Banco Central tuvo que intervenir para evitar el contagio al sistema bancario.

El coste del rescate de Baninter llegó aproximadamente al 15 % del PIB dominicano.

Banco Fassil (Bolivia, 2023)

Fue intervenido en 2023 por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero de Bolivia. El motivo principal fue el incumplimiento de liquidez contraído con los clientes que querían acceder a su dinero.

Se detectó un desvío masivo de fondos y créditos sin garantías vinculados a accionistas del conglomerado. Cerca de 1,3 millones de ahorradores fueron transferidos a otras entidades.

Además: Los ingresos de las familias no han crecido al mismo ritmo de los precios de las viviendas

Banco Master (Brasil, 2025)

El Banco Central brasileño liquidó la entidad en 2025 por presunto fraude financiero a gran escala. La entidad creció captando depósitos mediante productos de elevada rentabilidad.

Su propietario, Daniel Vorcaro, entabló relaciones con el entorno institucional brasileño y el escándalo alcanzó a personalidades políticas y judiciales.

Ueno Bank (Paraguay, 2026)

El Banco Central de Paraguay intervino en 2026 Ueno Bank, para proteger los depósitos de los ahorradores. La entidad protagonizó un escándalo financiero tras su vertiginosa expansión digital y la captación masiva de fondos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS).

La crisis estalló por insolvencia patrimonial debida a créditos irregulares concedidos a empresas vinculadas a sus directivos. El caso desató fuertes cuestionamientos por los estrechos nexos entre los accionistas del banco y el presidente Santiago Peña, que resultó detenido.