Tras la reciente aprobación legislativa de la misión en Haití, soldados de El Salvador siguen desaparecidos tras ataque; autoridades no han revelado identidades
Tras la reciente aprobación legislativa de la misión en Haití, soldados de El Salvador siguen desaparecidos tras ataque; autoridades no han revelado identidades

Mientras que el paradero y el estado de salud de los cuatro aerotécnicos de El Salvador reportados como desaparecidos tras una emboscada criminal en Haití siguen siendo inciertos y sin que las autoridades locales hayan brindado detalles sobre sus identidades o condición médica, el hecho ha reabierto la interrogante sobre los motivos y el marco legal que justifican el despliegue de tropas del país centroamericano en la nación caribeña.
La incursión del contingente de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) responde a compromisos internacionales asumidos para el combate del crimen organizado y las pandillas en Haití.
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El Salvador se incorporó en 2024 a la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS) en Haití.
No obstante, en 2025, el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la resolución 2793, autorizó la transición de la MMAS hacia un nuevo mecanismo denominado Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).
Este contingente opera junto a la Policía Nacional Haitiana con el respaldo logístico de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH), aunque no constituye formalmente una misión de paz del organismo internacional.
Para adaptar la participación del país a esta nueva estructura de la ONU, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó con 57 votos, el 29 de septiembre de 2026 —tras una dispensa de trámite impulsada por el Ejecutivo— la Ley Especial Transitoria para la Participación de la Fuerza Armada de El Salvador en la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití.
El marco legal aprobado por el parlamento establece las reglas y capacidades de las tropas en el exterior:
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— FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) October 19, 2026
Recientemente, el 29 de septiembre de 2026, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó por seis meses más el mandato de la GSF, extendiéndolo hasta el 31 de marzo de 2027.
La resolución fue promovida por Estados Unidos y Panamá, obteniendo 12 votos a favor y tres abstenciones.
Reportes de representantes del organismo internacional, como Carlos Ruiz Massieu y Jack Christofides, señalan que la violencia de las bandas armadas sigue siendo el principal obstáculo para la estabilidad haitiana, caracterizando las operaciones multinacionales en una etapa compleja que demanda mayor presión y respaldo contra los grupos criminales.
Es en este contexto de patrullaje e intervenciones donde se produjo el más reciente ataque contra la Fuerza de Tarea Libertad II.
Según el comunicado oficial divulgado por la Fuerza Armada el 18 de octubre de 2026, cuatro aerotécnicos salvadoreños cayeron en una emboscada perpetrada por «grupos criminales fuertemente armados» mientras «regresaban a su campamento a bordo de un vehículo blindado».
Durante el enfrentamiento, los delincuentes utilizaron «armas de fuego y artefactos explosivos, lo que desencadenó intensos enfrentamientos armados».
Como consecuencia de las detonaciones, el blindado fue «alcanzado por los explosivos y terminó incendiándose»; sin embargo, la institución castrense confirmó que «nuestros cuatro militares lograron salir de él».
Pese a que se enviaron unidades aéreas para brindar apoyo —las cuales «también fueron atacadas y recibieron impactos de armas de fuego»—, las labores de búsqueda no han dado con el paradero de los efectivos.
La institución admitió que «se han realizado múltiples intentos de aproximación por vía terrestre y aérea, pero estos se han visto obstaculizados por la intensidad de los enfrentamientos y las condiciones de seguridad en la zona».
Actualmente, la Fuerza de Tarea Libertad II «continúa trabajando de manera conjunta con el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas y las fuerzas internacionales para establecer contacto y determinar la ubicación de nuestros militares», mientras las autoridades mantienen bajo reserva las identidades y la condición médica de las víctimas.
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