Esa tarde plomiza de frío octubre la frenética rutina de los comerciantes y transeúntes, el rumor de multitudes, el rugir de motores de buses y la música callejera de salsa y cumbia, se vieron rotos en el centro de San Salvador por los decires de un golpe de Estado y noticias de que un avión sobrevolaba Casa Presidencial en el barrio San Jacinto y disparaba hacia el interior.

El tráfico y el movimiento comercial se mantuvieron en una tensa normalidad, en espera de noticias oficiales, pero todos comenzaron a marcharse temprano a sus casas. 

Para los capitalinos no era extraño un cuartelazo, pues los habían visto por décadas, y uno contra Romero se veía venir debido a la intensificación de la represión contra los grupos de izquierda, masacres como las de mayo en el centro de la capital, los cateos en viviendas y las capturas de opositores y el hecho de ser considerado un gobierno espurio, producto de un fraude electoral. 

Era cuestión de tiempo también porque cada vez eran más frecuentes las protestas de organismos internacionales de derechos humanos e incluso del Gobierno de los Estados Unidos.

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El arzobispo de San Salvador, monseñor Óscar Arnulfo Romero, ahora San Romero, denunciaba con energía desde la YSAX los abusos y masacres cometidas por las fuerzas de seguridad, incluso a las puertas de iglesias, pero también los cometidos por las organizaciones guerrilleras y sus bases militantes, tales como asesinatos y secuestros de empresarios y personas vinculadas al gobierno.

Ese 15 de octubre de 1979, los disparos desde el avión no eran razón de sobresalto, pues la gente se había acostumbrado a que de repente las células subversivas se liaban a tiros con los militares, pero esa tarde eran motivo más que suficiente para estar temprano en casa. 

A las 7:00 de la noche se anunció una cadena nacional de radio y televisión, en la que un grupo de militares jóvenes confirmó la salida del presidente, general Carlos Humberto Romero, al exilio en México, así como la instalación de un “gobierno revolucionario” con un pliego de reformas, en un afán de robarle banderas de cambio radical a la incipiente pero dividida guerrilla y sus organizaciones populares, encabezadas por el Bloque Popular Revolucionario (BPR).

Los oficiales estaban liderados por los coroneles Adolfo Arnoldo Majano y Jaime Abdul Gutiérrez, quienes formaron una Junta Revolucionaria de Gobierno con los civiles Guillermo Manuel Ungo, del socialdemócrata Movimiento Nacional Revolucionario (MNR); Román Mayorga Quiroz, exrector de la Universidad Centroamericana (UCA), y Mario Andino, por el sector privado.

A la mañana siguiente, células del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y su organización de masas, las Ligas Populares 28 de Febrero (LP-28), lanzaron débiles ataques en el área de Mejicanos en rechazo al golpe, no tanto porque simpatizaran con el general Romero sino porque lo interpretaron como una jugada de los Estado Unidos para neutralizar a la subversión marxista y evitar que tomara el poder como acababa de lograrlo en Nicaragua con los sandinistas, el 19 de julio de ese año.

Los oficiales jóvenes fundaron un Consejo Permanente de las Fuerzas Armadas (COPEFA) para mantener el pensamiento reformista en el estamento, ordenaron la disolución del grupo paramilitar Organización Democrática Nacionalista (ORDEN) y buscaron la extinción del Partido de Conciliación Nacional (PCN), hasta entonces en el gobierno.

El gobierno se integró con representantes mayoritariamente provenientes de la intelectualidad, los partidos de la Unión Nacional Opositora (UNO) y el Foro Popular, una convergencia de organizaciones y movimientos de centro y centroizquierda, que no lograron convencer a la izquierda radical, cuyos grupos en la Universidad Nacional y el campo se lanzaron a repudiar a la Junta en las calles.

En seguida vino el contragolpe, el cual fue denunciado en El Diario de Hoy por Schafik Handal, secretario general del Partido Comunista Salvadoreño (PCS), quien denunció en las páginas de El Diario de Hoy que militares fascistas duros estaban retomando el mando y esto quedó evidenciado con la disolución del COPEFA.

Prueba de ello fue la masacre de un desfile de bufo de la Universidad Nacional el 31 de octubre que, según se supo posteriormente, fue ordenada por un teniente de la Policía de Hacienda en pleno desconocimiento de la nueva filosofía progresista del nuevo gobierno de consenso.

A esto siguieron semanas de tensión, enfrentamientos en el centro de la capital y el campo, tomas de iglesias y embajadas, incendio de buses y edificios por las organizaciones de masas.

Las organizaciones de extrema izquierda atacaron al dirigente democristiano Napoleón Duarte su regreso del exilio en Venezuela y quemaron la góndola a manera de tarima en la que dirigiría un mitin.

Tras meses de violencia e inestabilidad y una crisis insalvable, las fuerzas de izquierda y centroizquierda abandonaron el gobierno tras no lograr garantías de que se seguiría el programa original de reformas y que cesaran la represión y la violencia.

Miembros de organizaciones de izquierda quemaron la góndola en que pronunciaría su discurso el dirigente democristiano Napoleón Duarte a su regreso a El Salvador.

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Los militares se aliaron entonces con los democristianos para formar otra junta y lanzar la reforma agraria y la estatización de la banca entre enero y febrero de 1980.

Después de tres meses de más masacres y enfrentamientos entre el Ejército y la guerrilla que se estaba unificando, con un San Salvador que se veía arder desde cualquier punto de la periferia, es asesinado monseñor Romero. Esa fue la chispa que detonó el polvorín de una guerra que duró 12 largos años.