Exdiputado del FMLN y exviceministro de Trabajo admitió delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En 2017 popularizó frase “devuelvan lo robado”
Exdiputado del FMLN y exviceministro de Trabajo admitió delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. En 2017 popularizó frase “devuelvan lo robado”

El exdiputado del FMLN Calixto Mejía Hernández, quien en 2017 lanzó desde la Asamblea Legislativa la frase “devuelvan lo robado”, terminó condenado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos en el caso de los sobresueldos entregados durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes.
Mejía se sometió a un procedimiento abreviado y admitió los delitos que le atribuyó la Fiscalía General de la República (FGR).
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador le impuso una pena de tres años de prisión, que fue sustituida por trabajo de utilidad pública. Como parte del acuerdo, también debió restituir al Estado el dinero reclamado en el proceso.
La Fiscalía había establecido que Mejía recibió $208,000 en concepto de sobresueldos entre 2009 y 2014, cuando ocupó el cargo de viceministro de Trabajo durante la administración de Funes.
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La trayectoria política de Mejía volvió a cobrar relevancia después de su condena debido a una frase que pronunció durante una plenaria de la Asamblea Legislativa el 22 de abril de 2017.
En esa sesión, el entonces diputado del FMLN se dirigió a legisladores de ARENA y les exigió: “devuelvan lo robado”. La expresión posteriormente fue utilizada de manera recurrente por sectores políticos distintos al FMLN y se convirtió en uno de los mensajes más reconocibles de la campaña electoral de 2019.
En entrevistas posteriores, Mejía sostuvo que él había creado la frase como un mensaje político de tres palabras para resumir sus cuestionamientos contra ARENA.
El contraste entre aquella exigencia y su situación judicial actual es el elemento que ha vuelto a colocar al exdiputado en el centro de la conversación política.

Mejía tuvo una larga trayectoria como dirigente y legislador del FMLN.
Fue elegido diputado por La Libertad en las elecciones de 2003. También formó parte de la legislatura 2006-2009.
En 2009 dejó la Asamblea para incorporarse al Ejecutivo. Durante la administración de Mauricio Funes (2009-2014) ocupó el cargo de viceministro de Trabajo y Previsión Social. Además, también fue encargado del despacho ministerial durante las ausencias de la titular.
Posteriormente regresó a la política legislativa. Fue electo nuevamente como diputado del FMLN por La Libertad para el período 2015-2018.
En 2018 volvió a competir por una diputación por La Libertad, pero no consiguió continuar en la Asamblea.
La acusación contra Mejía forma parte del proceso abierto contra exfuncionarios de la administración Funes por la entrega de dinero adicional a sus salarios.
La FGR presentó en 2022 acusación contra diez exfuncionarios y señaló que, en conjunto, habrían recibido $2.673 millones. Según la Fiscalía, los fondos procedían de recursos manejados desde Casa Presidencial y fueron entregados mediante un mecanismo de pagos adicionales a los salarios.
En el caso de Mejía, la Fiscalía estableció un monto de $208,000.
El proceso siguió durante varios años hasta que en 2026 la defensa solicitó acogerse a un procedimiento abreviado. La Fiscalía autorizó esa salida y el Tribunal Sexto de Sentencia finalmente avaló el acuerdo.
La audiencia en la que se concretó el procedimiento se realizó el 5 de septiembre de 2026. De acuerdo con información judicial, Mejía confesó los hechos y entregó el dinero durante la audiencia, lo que permitió que recuperara su libertad.
Además de los $208,000 correspondientes al monto señalado por los sobresueldos, Mejía y su esposa quedaron obligados a devolver $277,203.61 al Estado en concepto de responsabilidad civil. El dinero fue depositado mediante un cheque en el Ministerio de Hacienda.
La diferencia entre ambas cifras requiere explicarse: $208,000 corresponde al monto de los sobresueldos atribuidos a Mejía en la acusación, mientras que los $277,203.61 corresponden al monto de restitución civil consignado en la resolución.
La situación judicial de Mejía no comenzó en 2026. El exfuncionario fue detenido en julio de 2021, junto con otros exfuncionarios del gobierno de Funes, durante el operativo denominado “Desfalco”.
En aquella ocasión, la Fiscalía lo señaló por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos. Permaneció detenido mientras avanzaba el proceso judicial.
Para 2024, Mejía era el único de los procesados en ese expediente que permanecía en El Salvador y enfrentaba el proceso con medidas sustitutivas a la detención, mientras otros exfuncionarios eran procesados en ausencia.
El caso de Mejía forma parte de una serie de procesos derivados de la investigación sobre los sobresueldos durante el gobierno de Funes.
Antes de la sentencia contra Mejía, Carlos Cáceres, Violeta Menjívar, Hugo Flores y Erlinda Hándal aceptaron los delitos mediante procedimientos abreviados y recibieron penas de tres años de prisión sustituidas por trabajo de utilidad pública, además de la obligación de devolver los fondos cuestionados.
Otros exfuncionarios, entre ellos el expresidente Salvador Sánchez Cerén, Gerson Martínez, Lina Pohl, José Guillermo López Suárez y José Manuel Melgar han estado vinculados al proceso por diferentes montos, aunque sus situaciones judiciales no son idénticas a la de Mejía.
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