Las discusiones en torno a la reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones que se espera para el próximo año continúan, sobre todo, porque es un tema de interés para una buena parte de la población, aunque las modificaciones no buscarían una mejora en los montos de las pensiones que ya reciben los jubilados en el país o las que recibirán las personas que están próximas a retirarse de su vida laboral.

Así lo indicó ayer el economista y expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, en la entrevista del programa Diana Verónica y Tony, en donde planteó que «a estas alturas, difícilmente una reforma va a ser para mejorar las pensiones», al mismo tiempo que indicó que, en realidad, «va a ser para tratar de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema».

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Según Acevedo, en el fondo realizar los ajustes para reestablecer la sostenibilidad del sistema previsional es, en esencia, una mejora, ya que «si el sistema quiebra, ya no te paga tu pensión», por lo que, al final, modificar algunos aspectos paramétricos, tales como la edad de jubilación o la cantidad de años trabajados, podrían ayudar a que los fondos de ahorros de los trabajadores puedan tener la liquidez suficiente para pagar las pensiones de las personas que se vayan jubilando en los próximos años.

Sin embargo, el expresidente del BCR considera que esas modificaciones deberían aplicarse de forma gradual, por ejemplo, las personas que ya están a punto de jubilarse sí lo hagan pese a que se aumente la edad de retiro, con el fin de no tener que empujarlas a que sigan trabajando cinco años más. «Lo que se recomienda cuando hay un ajuste de la edad de jubilación, por ejemplo, si se aumentará en cinco años, es que no sea de un solo, sino que sea gradual», reitera.

Según expertos consultados anteriormente, entre los ajustes paramétricos que ha solicitado el Fondo Monetario Internacional (FMI), como parte de los compromisos asumidos dentro del Programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) por $1,400 millones, está precisamente subir la edad de jubilación de los trabajadores en hasta cinco años, por lo que las nuevas edades de retiro podrían ser 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres.

De acuerdo con Acevedo, si ese aumento se aplica de forma gradual, tendría un costo político «más suave» entre la población, ya que no se traduciría en un cambio demasiado agresivo. De hecho, el economista propone que la edad de jubilación se vaya aumentando en un año cada año, por ejemplo, que en 2026 la edad de retiro para los hombres ya no sea 60, sino 61; en 2027 que sea de 62; en 2028, de 63, y así sucesivamente.

Con respecto a lo anterior, distintos economistas, expertos e, incluso firmas de calificación crediticia internacionales, coinciden en que, precisamente, es el calendario electoral el que ha influido directamente en la no presentación de una propuesta de reforma previsional, la cual según el calendario oficial del programa con el FMI debió haberse conocido a más tardar el pasado 10 de febrero de este año.

Según la Mesa de Trabajo por un Pensión Digna, la reforma se ha retrasado hasta después de las elecciones de febrero de 2027 porque sus modificaciones podrían afectar a unos 600,000 trabajadores, los cuales podrían tener un peso significativo en las urnas en caso de que la reforma se hiciera pública o se aplicara antes de los comicios.

Con respecto a esto, Acevedo calcula que el impacto podría recaer en hasta 800,000 trabajadores por lo que también coincide en que esa es la razón por la que la reforma se ha postergado, posiblemente, hasta mediados del próximo año, por lo que también apuntó que el FMI ha sido condescendiente con el gobierno salvadoreño, ya que, a estas alturas, «ya hubiera señalado esos incumplimientos en las metas que se planteaban para cada revisión del programa», señala.

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De hecho, recientemente el organismo divulgó un comunicado en el que explicó que había alcanzado un acuerdo a nivel técnico para combinar dos revisiones que estaban pendientes, las cuales corresponden a septiembre de 2025 y a marzo de 2026. En estas revisiones, el gobierno debía cumplir una serie de compromisos asociados con la disminución de su participación en Bitcoin y la propuesta de reforma previsional, sin embargo, no fue hasta el comunicado de principios de este mes que se logró destrabar el acuerdo que ya acumulaba 15 meses de retraso.

Con esto, el país podría recibir un nuevo desembolso de hasta $140 millones como parte del acuerdo, sin embargo, el mismo todavía posee retrasos debido a que el pasado 5 de septiembre se venció la fecha para que se conocieran los resultados de la cuarta revisión, la cual se mantiene pendiente.