El subdirector gerente del Fondo Monetario Internaciona (FMI), Dan Katz, se reunió recientemente con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para «debatir el progreso de las reformas y su visión a largo plazo para El Salvador», todo en el marco del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (SAF) que el país mantiene con el organismo, y el cual incluye una asistencia financiera por hasta $1,400 millones.

Pese a que la publicación fue realizada este martes 3 de noviembre, Katz no especificó cuándo se llevó a cabo la reunión, sin embargo, sí hizo hincapié en que algunos factores como el aprovechamiento de las nuevas tecnologías son clave para el «potencial de crecimiento del país».

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En este sentido, también señaló que para lograr ese objetivo el país debe «desbloquear más inversión privada», un tema que también está vinculado de forma estrecha con las reformas que el organismo espera que se ejecuten en el país con el fin de reestablecer la sostenibilidad fiscal.

Una de las principales reformas que el FMI ha planteado en el marco del SAF, y que el gobierno ya confirmó para el próximo año, es la modificación de la Ley Integral del Sistema de Pensiones, algo que podría incluir el aumento a la edad de jubilación o el aumento al tiempo de cotización de los trabajadores.

Esta reforma tiene como objetivo de fondo garantizar que el sistema previsional no colapse, sobre todo, porque actualmente enfrenta riesgos por la gran dependencia del gobierno con los ahorros de los trabajadores, ya que de ese dinero toma prestado para financiar las pensiones de los trabajadores que se jubilaron en el sistema actual.

Asimismo, otras reformas esperadas se vinculan con la transparencia, ya que las peticiones del multilateral también incluyen que el gobierno mejore «la divulgación de las declaraciones de activos y mejorar la eficacia de los marcos anticorrupción», lo que se refiere a que se conozcan de mejor manera los patrimonios de los funcionarios públicos, según el comunicado que emitió la entidad a principios de octubre.

Otros cambios que ha solicitado el Fondo en el marco del programa se refieren a la Ley Bitcoin y a la billetera Chivo, los cuales ya han sido cumplidos en buena parte por el gobierno: por ejemplo, se modificó la ley para quitarle la obligatoriedad al criptoactivo el año pasado y, en 2026, se vendió la mayor parte de la Chivo a un operador privado, disminuyendo en gran medida la participación estatal en las actividades con la criptomoneda.

En el comunicado del organismo del 1 de octubre, Katz afirmó que «se debe dar prioridad a mejorar la transparencia y la divulgación de las posiciones de criptoactivos del sector público, mejorando los marcos regulatorios, de supervisión y de gobernanza para los proveedores de criptoactivos, incluyendo enmiendas a la Ley de Emisión de Activos Digitales», lo que implicaría otra reforma que el gobierno debe impulsar.

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El acuerdo con el FMI se mantuvo congelado durante más de un año debido a varios incumplimientos de los compromisos que adquirió el gobierno al suscribir el programa, sin embargo, fue el propio Katz quien confirmó en julio que el SAF continuaba en pie pese a esos contratiempos.

Posteriormente, el FMI confirmó que las revisiones segunda y tercera, que se mantenían congeladas, lograron combinarse en una sola, por lo que el país pudo acceder a un nuevo desembolso de casi $140 millones. El acceso a los fondos del acuerdo con el Fondo está sujeto al cumplimiento de los demás compromisos programados para los próximos meses.

Por su parte, el presidente Bukele señaló, en respuesta a la publicación de Katz, que la «conversación derivó naturalmente hacia el posible impacto de la IA en nuestro país y en el mundo», al mismo tiempo que concluyó: «Nuestra discusión sobre la economía, el mercado laboral, la sanidad, la educación, el gasto público y las redes de protección social acabó siendo mucho más interesante que una reunión tradicional con el FMI».