Estados Unidos cruzó esta semana una frontera financiera que hace años habría sido impensable: la deuda de la nación superó la astronómica suma de 40 billones de dólares.
El Departamento del Tesoro informó que la deuda nacional total alcanzó los 40,047 billones de dólares el 18 de agosto. La cifra es abrumadora, y constituye también una advertencia sobre las decisiones fiscales que se han tomado en Washington durante varias décadas y sobre todo en los últimos años.
Cierto: una deuda elevada –aun una deuda tan alta como la actual– no significa que Estados Unidos esté a punto de irse a la bancarrota. El país sigue teniendo la mayor economía del mundo, con un Producto Interno Bruto de más de 32 billones de dólares, seguido muy de cerca por China; emite la principal moneda de reserva internacional, el dólar, y posee una enorme capacidad para recaudar impuestos y financiar el gobierno. Pero es un error grave dormirse en los laureles: la deuda sigue creciendo a gran velocidad, y hay que contenerla.
Durante largos años, los dos principales partidos políticos –el Demócrata y el Republicano– han contribuido al desequilibrio fiscal, aunque discrepen sobre sus causas y sobre sus posibles soluciones. Lo cierto es que los ingresos fiscales no han crecido al ritmo de los gastos.
Otros factores también influyen decisivamente en el crecimiento disparado de la deuda: la subida de los intereses, el envejecimiento de la población, y el consiguiente aumento de los costos de programas sociales como el Medicare y el Seguro Social. Y también el presupuesto inflado y el gasto inmenso en el sector militar, incrementado por las aventuras imperialistas del gobierno de Donald Trump.
El combate contra la pandemia de la COVID-19, de la cual Estados Unidos llegó a ser el epicentro en un momento, también causó un desembolso enorme en las cuentas públicas.
El gobierno deberá dedicar una proporción creciente de sus ingresos simplemente al pago de intereses. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que los intereses netos superarán 1 billón de dólares en 2026 y podrían alcanzar unos 2,1 billones anuales en 2036 si se mantienen las leyes actuales.
El pago de esos intereses reduce los fondos que se podrían destinar para educación, vivienda, ayuda a las familias de bajos ingresos, infraestructuras viales, investigación y desarrollo. Y si surge una nueva crisis —por ejemplo, una recesión, una guerra, una epidemia—, el gobierno tendría menos capacidad de respuesta simplemente porque tiene menos dinero.
La abrumadora deuda de más de 40 billones de dólares golpea directamente a los hogares. Un endeudamiento federal persistentemente elevado puede causar que aumenten los costos de financiación de viviendas y también que suban las tasas de interés. La consecuencia sería hipotecas, préstamos para automóviles y créditos empresariales más caros, una subida del costo de vida que puede ser especialmente difícil para los jóvenes que planean comprar una vivienda o abrir un negocio.
Cuando el gobierno recorta los impuestos, como ocurrió de una manera peligrosa bajo el paquete legislativo republicano aprobado en 2025 bajo el nombre “One Big Beautiful Bill Act” (Un Gran y Hermoso Proyecto de Ley), el Tesoro federal recauda significativamente menos ingresos.
La Oficina de Presupuesto del Congreso ha calculado que las reformas fiscales y sus ampliaciones presupuestarias —especialmente bajo los dos mandatos de Trump— sumarán billones de dólares adicionales a la deuda en la próxima década al reducirse los ingresos por impuestos empresariales y sobre la renta.
Los artífices de las reducciones de impuestos prometieron que el crecimiento económico compensaría la pérdida fiscal, pero la realidad es que los mayores beneficios fueron para las grandes empresas y los hogares de mayores ingresos. Esto ha aumentado el déficit fiscal que el gobierno federal debe cubrir pidiendo dinero prestado.
Al mismo tiempo, el gasto del sector militar ha alcanzado un nivel máximo en la historia, con un pesado efecto en el presupuesto público. El endeudamiento se catapultó este año para financiar —entre otras obligaciones— el elevado costo de la guerra con Irán.
Pero estos gastos parecen tener sin cuidado a Trump, que planea ambiciosos incrementos del presupuesto que podrían subir el gasto militar anual hasta la cifra récord de 1,5 billones de dólares, con la consiguiente adición a la ya muy abultada deuda nacional.
Los enormes presupuestos para las guerras, y también para la campaña contra la inmigración indocumentada, combinados con una recaudación tributaria menor, han causado que el gobierno estadounidense haya tenido que emitir más bonos y pedir préstamos a un ritmo demasiado rápido.
Una visión financiera más responsable es urgente. Estados Unidos todavía tiene tiempo para encaminar sus finanzas públicas por una senda sostenible. El fin de las acciones bélicas emprendidas por Trump es parte del remedio. Pero si no se actúa a tiempo, la subida incesante del déficit hará que la solución sea más costosa. Las familias sufrirán el embate de intereses más altos y un alza intolerable del costo de la vida. [FIRMAS PRESS]
Andrés Hernández Alende es un escritor y periodista radicado en Miami. Sus novelas más recientes son El ocaso yLa espada macedonia, publicadas por Mundiediciones. También ha publicado el ensayo Biden y el legado de Trump con Mundiediciones y el ensayo Una plaga del siglo XXI, sobre la pandemia del COVID-19.