El posible fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los salvadoreños en Estados Unidos, y que todavía representa una incertidumbre, plantea también un desafío que va más allá de la deportación y las remesas: El Salvador no tiene, al menos de forma visible, una política pública diseñada para incorporar a esta población al mercado laboral de acuerdo con sus conocimientos y experiencia, según señaló la investigadora Celia Medrano durante el programa Diálogo, de Canal 21.

Medrano explicó que los salvadoreños protegidos por el TPS no coinciden con el perfil de una persona que acaba de incorporarse a un mercado laboral dentro de El Salvador, pues muchos llevan décadas viviendo y trabajando en Estados Unidos. “Tienen un nivel de vida, un nivel de escolaridad. Son licenciados, tienen maestrías en diferentes especialidades, principalmente vinculadas con la educación y con la producción, los negocios y las empresas”, señaló.

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En este sentido, consideró que la brecha salarial sería una de las principales dificultades para quienes regresen pues, “una persona que percibe un salario de no menos de $30,000 o $40,000 al año, aquí va a enfrentarse a que su especialidad o área de experiencia no le garantiza ni siquiera $1,000 mensuales”, advirtió Medrano, quien también señaló que el retorno ocurriría en un país donde el costo de la vivienda y de los bienes básicos ha aumentado en los últimos años, lo que podría provocar una fuerte reducción en el nivel de vida de esta población.

Debido a lo anterior, escenario podría complicarse incluso antes de una eventual deportación, debido a la incertidumbre sobre los permisos de trabajo debido a cómo las empresas en dicho país están manejando la situación.

Según la investigadora, «los empleadores están despidiendo a la gente” debido a que ven cómo sus permisos para laborar están siendo cuestionados, lo que implica que, de todas formas, se vencerían ante un eventual fin al programa del TPS y por ello están tomando decisiones preventivas.

Por otro lado, el impacto económico no se limitaría solo a los propios salvadoreños que podrían ser deportados ya que el posible fin del TPS afectaría también por el lado de las remesas, las cuales durante el primer semestre de 2026 superaron los $5,000 millones, al mismo tiempo que son un pilar para la subsistencia de cientos de miles de hogares salvadoreños. Según datos de la EHPM 2025, más de 1.57 millones de personas reciben remesas y unas 533,875 familias cuentan con estos ingresos mensualmente.

Asimismo, Medrano cuestionó que los programas actuales de atención a retornados estén pensados principalmente desde una lógica de ayuda humanitaria de emergencia y no desde la creación de oportunidades productivas. “No hay política en El Salvador, al menos que la conozcamos, que nos plantee cómo vamos a recibir a estas personas que tienen un perfil muy diferente… algo que exige un nivel diferente de política pública”, sostuvo.

Ante esto, agregó que la falta de una estrategia de reinserción clara podría dejar a esta población frente a opciones de empleo que no son acordes a su experiencia y formación, lo que aumentaría la posibilidad de que algunos decidan migrar nuevamente o enfrenten una situación de frustración económica. “Los programas que existen actualmente liderados principalmente por organizaciones internacionales son bajo el perfil, bajo la lógica de ayuda humanitaria de emergencia, no bajo la lógica de una inserción económica exitosa para estas personas”, recalcó.

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Para Medrano, el eventual retorno de esta población puede convertirse así en una “bomba de tiempo” si el país no desarrolla mecanismos y procesos que ayuden a identificar sus capacidades y conectarlas con rubros o sectores en el país que puedan aprovechar los conocimientos de este grupo de salvadoreños.

De acuerdo con la investigadora, alrededor de unos 190,000 salvadoreños son beneficiarios del TPS en Estados Unidos.