La Asamblea Legislativa autorizó, este día, tres préstamos nuevos que se firmarán con entidades internacionales. El último, aprobado con 56 votos, es para un empréstito por $100 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador, una iniciativa orientada a ampliar el acceso a la educación y facilitar la inserción laboral de jóvenes en situación de vulnerabilidad.

Previamente, se aprobó uno por $185 millones para rehabilitar la planta de agua Guluchapa y otro por $155 millones para carreteras.

La aprobación de todos se dio durante la sesión plenaria número 120, como parte de la agenda de financiamientos internacionales impulsados por el Gobierno.

De acuerdo con la iniciativa para el tema educativo, el programa busca fortalecer las oportunidades de desarrollo de adolescentes y jóvenes mediante el acceso a la educación media, técnica y universitaria, priorizando a quienes enfrentan mayores obstáculos para continuar sus estudios e incorporarse al mercado laboral formal.

Refuerzo académico y orientación vocacional

El programa estará estructurado en tres componentes principales. El primero contempla el fortalecimiento de la formación académica y socioemocional de estudiantes de educación secundaria y media.

Para ello se desarrollarán actividades de refuerzo en matemáticas y lectoescritura, además de cursos extracurriculares y servicios de orientación vocacional que permitan a los estudiantes identificar carreras o programas de formación con mayores oportunidades de empleo.

Las autoridades consideran que estas acciones contribuirán a reducir la deserción escolar y mejorar la preparación de los jóvenes para continuar estudios superiores o incorporarse al mercado laboral.

Becas para jóvenes con mayores barreras

El segundo componente estará enfocado en el otorgamiento de becas y apoyos económicos para estudiantes de bachillerato que enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

Entre los grupos priorizados se encuentran jóvenes con embarazo o maternidad temprana, personas con discapacidad y migrantes retornados, quienes, según el Gobierno, suelen enfrentar mayores dificultades para permanecer dentro del sistema educativo.

Con estos incentivos se pretende reducir las barreras económicas que limitan la continuidad de los estudios y ampliar las oportunidades de formación para estos sectores.

Sistema de seguimiento

El tercer componente busca fortalecer las capacidades institucionales de la Dirección de Integración, mediante el diseño e implementación de un sistema de registro, seguimiento y alerta temprana para estudiantes en condición de vulnerabilidad.

La herramienta permitirá dar acompañamiento a la trayectoria educativa de los beneficiarios y facilitar su transición hacia el mercado laboral mediante mecanismos de monitoreo y apoyo institucional.

Cooperación adicional del BID

Además del préstamo por $100 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo otorgará una cooperación no reembolsable de hasta $4 millones, recursos que servirán para fortalecer la ejecución del programa y apoyar su implementación.

El decreto aprobado por la Asamblea también faculta al ministro de Hacienda para suscribir el convenio de financiamiento y realizar las modificaciones presupuestarias y administrativas necesarias para poner en marcha el proyecto.

Con este nuevo financiamiento, el Gobierno busca ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la juventud, en un contexto en el que las autoridades han planteado como prioridad incrementar las oportunidades de educación, capacitación e inserción laboral para poblaciones en condición de vulnerabilidad.

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