El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a 25 integrantes de la MS-13 por homicidio agravado, privación de libertad, tráfico ilícito y organizaciones terroristas. En otro proceso, un pandillero de la 18 Revolucionarios recibió 15 años de prisión por extorsión agravada
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo condenas de hasta 96 años de prisión contra 25 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13), tras demostrar su participación en diversos delitos cometidos en la zona oriental del país.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel, que validó las pruebas presentadas por la Fiscalía y declaró culpables a los procesados por seis casos de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, además de privación de libertad, tráfico ilícito y organizaciones terroristas.
Según la FGR, los condenados pertenecían a una estructura que mantenía presencia en los distritos de Usulután, Mercedes Umaña, Berlín, San Miguel Centro, Ciudad Barrios, así como en la zona norte de los departamentos de Usulután y San Miguel.
Entre las condenas más altas figura la de Wilber Antonio Carranza Aparicio, quien recibió 96 años de prisión.
También fueron condenados Herson Enrique Ramos Granados, con 76 años de cárcel, y Josué Galeas, Armando Amaya y Francisco Márquez, quienes deberán cumplir 60 años de prisión cada uno.
La Fiscalía sostuvo que las evidencias presentadas durante el juicio permitieron acreditar la participación de los imputados en los hechos delictivos.
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En un proceso judicial distinto, la FGR también logró que Tony Alexis Ramírez Castellano, identificado como integrante de la Pandilla 18 Revolucionarios, fuera condenado a 15 años de prisión por el delito de extorsión agravada.
De acuerdo con las investigaciones, el ahora condenado formaba parte de una estructura criminal que operaba en el sector de Altavista, en el distrito de Tonacatepeque, la cual fue desarticulada en 2010 y obtenía recursos mediante el cobro de extorsiones a comerciantes y residentes de la zona.
La investigación comenzó luego de que una de las víctimas denunciara que era obligada a entregar dinero de forma mensual bajo amenazas de muerte dirigidas contra ella y su familia.
La vista pública se desarrolló en el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado, donde la Fiscalía presentó las pruebas que acreditaron la responsabilidad del imputado. Ramírez Castellano fue declarado rebelde, por lo que la condena fue impuesta en ausencia.
Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó al condenado pagar 75 dólares en concepto de responsabilidad civil.
La Fiscalía señaló que otros integrantes de esa misma estructura criminal ya habían sido procesados y condenados en procedimientos anteriores.
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