El Salvador dio un paso hacia el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad mediante un taller regional impulsado por la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), orientado a fortalecer el marco normativo, las capacidades institucionales y la promoción del ejercicio de la capacidad jurídica en el país.

La iniciativa reunió a representantes de instituciones gubernamentales, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría, la Cancillería, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades vinculadas con la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Buscan transformar el enfoque sobre la capacidad jurídica

La directora jurídica del Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), Claudia Melgar, destacó que para la institución es fundamental impulsar este tipo de espacios de formación debido a la importancia que tiene el reconocimiento de la voluntad y la autonomía de las personas con discapacidad.

«Para el INABVE, como ente rector en el tema de discapacidad, es fundamental este taller en razón del tema de la capacidad jurídica, que es lo que nos ocupa, y darle esa importancia debida a la voluntad de la persona», afirmó.

Melgar señaló que la participación de diversas instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil permitirá avanzar en un cambio de paradigma sobre la capacidad jurídica.

«Los participantes, que son los actores en este tema, las diferentes instituciones gubernamentales que nos han acompañado, así como la sociedad civil, tienen mucha importancia en cambiar los paradigmas que existen alrededor de la capacidad jurídica. Creo que va a ser de gran importancia», expresó.

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Asimismo, agradeció la coordinación entre la OEA, CAF e INABVE para desarrollar el taller y abrir el debate sobre temas que calificó como esenciales para la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Reformas para garantizar la autonomía

El director de Inclusión de CAF, Juan Pablo Salazar, explicó que la capacidad jurídica constituye un derecho fundamental porque permite a las personas ejercer otros derechos esenciales.

«¿Te imaginas no poder votar, no poder tener una cuenta en el banco o decidir casarte? Muchas personas con discapacidad intelectual viven esa realidad todos los días. Por eso es tan importante la capacidad jurídica», manifestó.

Recordó que este derecho está reconocido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que, junto con la OEA, CAF impulsa procesos de capacitación en América Latina y el Caribe para promover las reformas regulatorias necesarias.

Salazar explicó que en El Salvador participaron representantes de la Corte Suprema de Justicia, Procuraduría, Cancillería y otras instituciones públicas, además de organizaciones de la sociedad civil, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.

«Nada sobre nosotros sin nosotros. Esperamos sembrar una semilla y cambiar el paradigma que viene desde el derecho romano de la interdicción para avanzar hacia un modelo moderno de apoyos, donde las personas con discapacidad estemos siempre en el centro de nuestras vidas», afirmó.

Instituciones destacan intercambio de experiencias

Durante la jornada, representantes de diferentes entidades coincidieron en la importancia de impulsar reformas que fortalezcan la protección de los derechos de las personas con discapacidad.

Vanessa Leiva, directora de Atención Integral a las Mujeres y Acceso a la Justicia de la Corte Suprema de Justicia, consideró que estos espacios permiten compartir experiencias entre instituciones y conocer buenas prácticas implementadas en otros países.

«Es importante para las instituciones que estamos representadas porque nos da la oportunidad de aportar nuestras experiencias de trabajo, pero también nos enriquece aprender de las experiencias de otras instituciones y de otros países», indicó.

Desde la sociedad civil, representantes de la Fundación Paraíso Down señalaron que las organizaciones que trabajan directamente con personas con discapacidad y sus familias conocen de primera mano las necesidades de esta población, por lo que consideran indispensable participar en la construcción de políticas públicas.

Además, subrayaron que el trabajo coordinado entre organizaciones permitirá consolidar esfuerzos para promover una misma línea de acción en favor de la inclusión.

Los participantes coincidieron en que el fortalecimiento de la capacidad jurídica debe involucrar a todos los sectores y colocar a las personas con discapacidad en el centro de las decisiones, bajo el principio de la Convención: «Nada sobre nosotros sin nosotros».

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