El proyecto prevé beneficiar a 60,000 estudiantes vulnerables en un período de cinco años, reduciendo la deserción escolar y facilitando el acceso a la educación superior y al empleo formal
El proyecto prevé beneficiar a 60,000 estudiantes vulnerables en un período de cinco años, reduciendo la deserción escolar y facilitando el acceso a la educación superior y al empleo formal

Durante la sesión plenaria número 119 de la Asamblea Legislativa, el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro, leyó la pieza de correspondencia 6A, en la que se anunció que el gobierno ha solicitado un nuevo préstamo para ser estudiada su aprobación.
La iniciativa, enviada por el presidente de la República a través del ministro de Hacienda, solicita la autorización para suscribir un contrato de préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de hasta $100 millones.
El financiamiento está destinado a ejecutar el «Programa de Integración Académica y Comunitaria para Jóvenes en El Salvador».
De acuerdo con la pieza leída en el pleno, el proyecto tiene como objetivo central impulsar la continuidad educativa de la juventud salvadoreña en situación de vulnerabilidad, incrementando el acceso a la educación media y postsecundaria de estudiantes del sector público.
La solicitud pasó formalmente al estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, la cual tendrá su próxima sesión el lunes 27 de mes.
El documento técnico del BID (disponible en el sitio web del banco) revela que la operación leída en la Asamblea corresponde a la primera etapa de una Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP) por un monto global de hasta $300 millones a diez años, dividida en hasta tres operaciones individuales.
Esta primera operación individual (identificada con los códigos ES-L1175 y ES-J0003) contempla un presupuesto total de ejecución de $114 millones, estructurado de la siguiente manera: Préstamo BID (Capital Ordinario): $100 millones (87.7% del total). Donación no reembolsable (GRF-MIG): $4 millones provistos por la Facilidad de Concesionalidad para Migración del BID. Contrapartida local: $10 millones aportados en efectivo por la Dirección de Integración (DI) para la contratación de personal de apoyo.
Las condiciones financieras fijadas para los $100 millones del crédito establecen un plazo de amortización de 23 años, con un período de gracia de 7.5 años y un plazo de desembolso de 5 años.
La tasa de interés aplicable será la SOFR basada en referencia diaria, más el margen de fondeo y el margen variable del Capital Ordinario del Banco. El organismo ejecutor designado para este programa es la Dirección de Integración (DI), una entidad pública autónoma creada a fines de 2023.
El informe oficial del BID justifica la necesidad del préstamo detallando la amplia interrupción de las trayectorias educativas en El Salvador. Según las estadísticas del documento: De cada 100 niños que ingresan a la educación primaria, solo 56 concluyen el noveno grado. Unas 43 personas logran finalizar el bachillerato. Apenas 16 ingresan a la universidad o instituciones técnicas. Únicamente 14 estudiantes se gradúan de una carrera postsecundaria. La tasa de culminación del bachillerato en el país entre los jóvenes de 18 a 24 años es de apenas el 43%, muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe, que se sitúa en el 65%.
En consecuencia, los salvadoreños acumulan un promedio de solo 8 años de escolaridad, frente a los 9 años del promedio regional. Esta baja formación repercute de forma directa en el mercado laboral: solo el 35% de los jóvenes salvadoreños cuenta con un empleo formal, una proporción inferior al 40% que registra la región.

El proyecto identifica tres determinantes clave detrás de la deserción educativa: Deficiencias académicas y socioemocionales:
El programa de $114 millones busca intervenir directamente sobre las barreras antes descritas mediante tres componentes principales:
1: Fortalecimiento de competencias en educación media. Contempla un presupuesto de 12 millones para, entre otras cosas financiar el «proceso formativo» de la Dirección de Integración en el último año de bachillerato.
2. Capacitación docente: Certificación de 1,200 profesores en metodologías de apoyo académico y desarrollo socioemocional.
3. Cobertura escolar: Ampliación de los servicios a un 95% de los centros educativos públicos que imparten educación media a nivel nacional (pasando del 78% actual).
4. Plataforma virtual: Creación de una plataforma de orientación vocacional accesible y libre de sesgos de género, promoviendo la participación de mujeres en carreras STEM.
5. Becas y estipendios económicos por $88.8 millones: Financiamiento de 63,157 cupos/becas para lograr 60,000 matrículas efectivas en educación postsecundaria durante 5 años (12,000 jóvenes por año).
6. Apoyo económico (estipendios): Transferencias económicas complementarias para cubrir gastos de manutención, transporte y materiales a favor de subgrupos con vulnerabilidades severas.
7. Fortalecimiento institucional y alertas tempranas. Este prevé $10.7 millones) en acciones de desarrollo de un sistema de registro, seguimiento y alerta temprana para monitorear el progreso académico e identificar riesgos de deserción en las instituciones de educación superior.
8. Además, incluye la realización de un programa exploratorio de vinculación laboral directa para 450 estudiantes postsecundarios mediante cursos intensivos codiseñados con el sector privado para puestos laborales en sectores de alta demanda.
9. También tendrá un componente de atención a migrantes retornados: Módulo especializado para la revalidación de competencias, derivación educativa y acompañamiento psicosocial.
10. Adicionalmente, el modelo impulsará acuerdos de cofinanciamiento con instituciones de educación superior públicas y privadas.
La propuesta de préstamo pasará ahora a ser discutida y analizada en el seno de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa antes de emitir un dictamen que autorice al Ejecutivo la firma formal del contrato con el organismo multilateral.
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