Decía antes que en el binomio democracia-república, la segunda es menos apreciada por los ciudadanos. En esto inciden los déficits de educación cívica, pero también las experiencias de la gente con una y otra. A través de las elecciones, la democracia es más vivencial, se tiene la impresión de que se participa en el proceso. La república no se percibe de forma tan directa, pero su importancia en la vida política es capital. La democracia es el mecanismo institucionalizado para la toma de decisiones políticas basado en el principio de la mayoría y la soberanía popular. Operativamente, es la herramienta que responde a la pregunta ¿Quién gobierna? Y se asume que lo hacen aquellos que han logrado mayoría de votos. Simple y claro.

República proviene del latín res publica («cosa pública»). Es una forma de organización del Estado donde el poder político pertenece a la ciudadanía y no a una dinastía o monarca. Su esencia es que el gobernante no es dueño del Estado, sino un servidor temporal de la voluntad popular, bajo el principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. La república requiere de un el diseño institucional que regule su funcionamiento. Se sostiene sobre tres pilares básicos: la división y contrapeso de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), la periodicidad de los cargos (renovación de gobernantes) y la publicidad de los actos de gobierno (transparencia y rendición de cuentas).

La ciudadanía valora más la democracia porque representa la posibilidad de poder, inclusión y acción inmediata (la voz del pueblo), mientras que la república se percibe como un entramado frío, burocrático y restrictivo (el límite de la ley), que obstaculiza. La gente se aprecia más el derecho a decidir (democracia) que las reglas que limitan ese derecho (república). La democracia es la fuerza del «sí» (la mayoría decide, el pueblo avanza). La república suele ser la fuerza del «no» o del «espera» (los tribunales frenan una ley, la constitución pone límites). Al ciudadano común le entusiasma más ejercer el poder que limitarlo. Obviamente, los demagogos explotan a su favor esa cara aparentemente negativa del sistema republicano y lo debilitan en cuanto pueden.

Y resulta que al igual que república, la Constitución es poco valorada por el común de la gente. El argumento más manido es que la constitución suena bonita, pero no se cumple. La última vez que la discutía con mis alumnos, analizábamos el artículo uno que dice “es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social”. Curiosamente, la discusión no se centro en la obligación estatal, sino en las implicaciones prácticas del “asegurar”. Alguien decía “tal cosa es imposible, debería decir procurará”. Detalles aparte, lo cierto es que nos hace falta estudiar más la Constitución.

Hace más o menos una década sucedía algo que hoy día sería inaudito. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional “apoyados por los colaboradores jurídicos de la Sala de lo Constitucional y empleados administrativos cumplieron su cometido de entregar más de 400 mil constituciones de bolsillo en los 262 municipios”, además de que daban charlas sobre la Carta Magna, a fin de que la ciudadanía conociera los derechos y deberes que ella consigna. “Visitaron universidades, institutos de educación media, plazas públicas, alcaldías, sedes judiciales y muchos lugares, donde acudieron cientos y hasta miles de pobladores por cada jornada de difusión”, informaba un periódico.

Algunos dieron en llamar a esa sala “los Cuatro Magníficos”. Ese grupo lo conformaba los magistrados Florentín Meléndez, Sidney Blanco, Rodolfo González y Belarmino Jaime. En realidad, eran cinco porque muy cercano a ellos estuvo Eliseo Ortiz. Es difícil determinar el alcance y los resultados de la difusión de la Constitución entre la población. Si tomamos como referencia que muy pocos han salido en defensa de la constitución cuantas veces ha sido violentada por el actual gobierno, podría pensarse que dicha campaña no sirvió de mucho. En todo caso fue una iniciativa loable que difícilmente se repetirá.

El estudio y análisis de la constitución debiera ser tarea prioritaria del sistema educativo nacional, incluyendo las universidades. Pero, tal y como pintan las cosas, es difícil pensar que el Ministerio de Educación esté interesado en ello. Sería muy complicado promover el estudio de la constitución para que los estudiantes descubran que hoy día no vale más que cualquier otra ley (dada la facilidad con que puede reformarse). Peor aún, justificar que pasamos de la prohibición de la reelección presidencial a permitirla y luego avalar la reelección indefinida, aderezándola con una extensión del periodo de gobierno. Hubo que eliminar el literal 4º del artículo 75 que establecía que perderían los derechos de ciudadanía, «Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin». Así, las cosas.

Es muy improbable es que nuestros estudiantes conozcan la constitución, al menos eso es lo que sugiere el programa del curso “Ciudadanía y valores” para educación media de 2024. La constitución solo aparece en dos contenidos conceptuales: primero, como “Constitución de Cádiz” (1812) en la unidad 3 que trata sobre el proceso de independencia y la República Federal de Centroamérica para primer año de bachillerato. Y segundo. “La Constitución de 1950”, en la unidad 3 “Los gobiernos militares en el siglo XX” de segundo año. Pero ciudadanía aparece 64 veces. En ninguno de los dos casos, se profundiza en la cuestión constitucional. ¿Descuido o intención? Sería un contrasentido pensar que un gobierno que ha violado sistemática la Constitución estuviera interesado en promover su estudio. Prueba de ello es que en el programa “Ciudadanía y valores” para tercer ciclo la constitución no aparece ni una vez. Paradójicamente, ciudadanía aparece 79 veces. ¿Tendrá sentido hablar de ciudadanía sin considerar la Constitución?

La democracia puede ser usada por los demagogos y los populistas para destruir la república. Este proceso se facilita cuando la población no entiende la naturaleza de la república, ni la forma como funciona un sistema republicano y ve los mecanismos de control (pesos y contrapesos) como un algo negativo. Quienes usan ese desconocimiento pueden dar muchos ejemplos a favor. Por el contrario, hoy día, los salvadoreños tenemos pruebas de los abusos cometidos cuando esos mecanismos de control son anulados por los que accedieron al poder por la vía democrática. En unos meses tendremos elecciones. No habrá mayores sorpresas; todo está a favor del partido en el poder. Hay opositores políticos, pero no hay oposición. El gobierno las presentará como prueba de democracia, algo muy discutible. No puede haber democracia plena sin república y sin respeto a la Constitución.

Historiador, Universidad de El Salvador