La Asamblea Legislativa aprobó las reformas que transfieren a la DGEHM las competencias en electricidad que tenía la SIGET. La oposición advirtió un posible conflicto de interés y cuestionó la concentración de funciones
La Asamblea Legislativa aprobó las reformas que transfieren a la DGEHM las competencias en electricidad que tenía la SIGET. La oposición advirtió un posible conflicto de interés y cuestionó la concentración de funciones

La Asamblea Legislativa aprobó este jueves, con 57 votos, dos reformas que modifican la estructura institucional del sector energético al trasladar las competencias de electricidad de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
Las modificaciones corresponden a los dictámenes 36 y 37, que reforman la Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas y la Ley de Creación de la SIGET.
Con las reformas, la DGEHM asumirá en un plazo máximo de seis meses las facultades regulatorias, administrativas y de registro vinculadas con el sector eléctrico, así como los expedientes, archivos, activos, bienes y recursos asociados a esa área.
El proceso será coordinado por una comisión especial encargada de trasladar toda la información y documentación relacionada con el sector eléctrico. Además, el personal de la Gerencia de Electricidad de la SIGET podrá ser transferido a la Dirección, dependiendo de las necesidades institucionales.
Tras la aprobación, la SIGET dejará de ejercer funciones relacionadas con la electricidad y pasará a concentrarse exclusivamente en el sector de telecomunicaciones.
La institución conservará el acrónimo SIGET, pero su denominación cambiará a Superintendencia General de Telecomunicaciones, cuyas competencias estarán limitadas a la regulación del mercado de las telecomunicaciones, la emisión de normas técnicas, la aprobación de tarifas contempladas en la legislación, la resolución de controversias entre operadores y la representación del país ante organismos internacionales del sector.
Asimismo, la ley establece que cualquier referencia a la SIGET en normas relacionadas con electricidad deberá entenderse como una referencia a la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas.
Durante el estudio de las iniciativas en la Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión, el director de la DGEHM y presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez, sostuvo que la reforma pretende eliminar duplicidades institucionales y fortalecer la planificación del sector energético.
«No se trata de centralizar el sector energético; lo que estamos haciendo es ordenarlo para hacerlo más eficiente y facilitar la llegada de nuevas inversiones«, aseguró el funcionario.
Álvarez explicó que la Dirección será la responsable de aplicar la Ley General de Electricidad y otras normativas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y promoción de energías renovables.
También indicó que los procesos judiciales iniciados por la SIGET continuarán bajo esa institución hasta su resolución, mientras que los procedimientos administrativos pasarán a la DGEHM.
La diputada de Vamos, Claudia Ortiz, cuestionó en días previos a la votación en el pleno que la Dirección de Energía concentre las funciones de rectoría, regulación y supervisión del sector eléctrico, al tiempo que su director, Daniel Álvarez, también preside la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), una de las principales entidades reguladas.
Las reformas forman parte del proceso de reorganización del sector energético iniciado por el Gobierno tras la creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas en 2021.
Con la entrada en vigor de las modificaciones, la Dirección concentrará las atribuciones relacionadas con la regulación y supervisión del mercado eléctrico, incluyendo la aplicación de la Ley General de Electricidad, la Ley del Fondo de Inversión Nacional en Electricidad y Telefonía (FINET), la Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables y otras disposiciones vinculadas al sector.
El oficialismo sostiene que la medida permitirá ofrecer mayor certeza jurídica a inversionistas y usuarios al concentrar en una sola institución los trámites relacionados con la electricidad, mientras que la oposición mantiene reservas sobre la concentración de funciones regulatorias y de formulación de políticas públicas en una misma entidad.
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