Según las autoridades, los detenidos intimidaban a comerciantes para obligarlos a abandonar un sector de Usulután. Durante el operativo fueron capturados tres sospechosos que enfrentarán un proceso judicial
Según las autoridades, los detenidos intimidaban a comerciantes para obligarlos a abandonar un sector de Usulután. Durante el operativo fueron capturados tres sospechosos que enfrentarán un proceso judicial

Tres hombres fueron capturados en Usulután señalados de amenazar e intimidar a vendedores de teléfonos celulares para obligarlos a abandonar la zona donde desarrollaban su actividad comercial, informó Gustavo Villatoro, Ministro de Seguridad Pública y Justicia.
Los detenidos fueron identificados y presentados por este en redes sociales, y sus iniciales son K.A.P.C., M.A.M.S. y M.R.G.M., quienes, de acuerdo con la versión oficial, utilizaban un fusil para amedrentar a los comerciantes y exigirles que dejaran el lugar.
Las autoridades indicaron que la captura fue posible tras una investigación desarrollada por la Policía Nacional Civil (PNC), la cual culminó con un operativo ejecutado en ese departamento.
Según el informe oficial, los sospechosos interceptaban a vendedores de teléfonos móviles y les advertían que no podían permanecer en el sector. Además, presuntamente los amenazaban con despojarlos de toda la mercancía si continuaban trabajando en el lugar.
El ministro aseguró que las autoridades no permitirán que personas intenten restringir la libre circulación o el desarrollo de actividades económicas mediante amenazas o intimidaciones.
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«Estos sujetos vieron salvadoreños que andaban ganándose la vida honradamente y les dijeron que ahí no podían andar y que se fueran», expresó el funcionario al informar sobre las capturas.
Hasta el momento, las autoridades no han detallado si durante el procedimiento fue decomisado el fusil mencionado ni los delitos específicos que serán imputados a los tres detenidos, quienes deberán ser presentados ante los tribunales en los próximos días.
El procedimiento se suma a otros operativos realizados en diferentes puntos del país contra personas señaladas de pertenecer o colaborar con estructuras de pandillas.
En semanas recientes, la Policía reportó la captura de varios hombres acusados de intentar reorganizar grupos criminales en distintos municipios, así como de supuestos colaboradores señalados de participar en actividades de extorsión, amenazas y vigilancia para pandillas, según informaron las autoridades.
Asimismo, El Diario de Hoy informó recientemente sobre la detención de varios presuntos pandilleros que, de acuerdo con las investigaciones policiales, permanecían ocultos tras el desmantelamiento de sus estructuras durante el régimen de excepción.
En algunos casos, las autoridades sostienen que los sospechosos continuaban realizando labores de apoyo logístico, cobro de extorsiones o intimidación contra comerciantes y residentes.
Otro de los casos publicados por este medio fue la captura de supuestos integrantes de pandillas localizados mediante labores de inteligencia en los departamentos de San Miguel, La Libertad y San Salvador, donde la Fiscalía y la Policía ejecutaron órdenes administrativas por delitos relacionados con agrupaciones ilícitas, extorsión y amenazas.
Las capturas ocurren mientras continúa vigente el régimen de excepción, implementado desde marzo de 2022 como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas.
De acuerdo con cifras oficiales, bajo esta medida han sido detenidas más de 90,000 personas señaladas de pertenecer o colaborar con estructuras criminales.
Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han manifestado preocupación por denuncias de capturas arbitrarias y violaciones al debido proceso en algunos casos, así como la muerte de más de 500 personas en centros penitenciarios sin haber sido enjuiciados.
Mientras que el Gobierno sostiene que la medida ha permitido reducir de forma significativa los homicidios y recuperar territorios que anteriormente eran controlados por pandillas.
Los tres detenidos en Usulután permanecerán bajo custodia mientras avanzan las investigaciones y se determina su situación jurídica ante los tribunales competentes.
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