La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) emitió un comunicado en el que cuestiona el desarrollo del proceso judicial contra dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz (ANEP) y denuncia presuntas dilaciones en las investigaciones que mantienen detenidos a varios de sus integrantes.

Según la organización, desde la captura de los líderes de la agrupación ha brindado acompañamiento legal a José Santos Melara, conocido como «Pepe Melara», y a Luis Menjívar, a través de su equipo jurídico y técnico.

En el documento, UNIDEHC asegura haber realizado diversas gestiones ante instituciones estatales para conocer el estado de salud de los detenidos y garantizar el respeto a sus derechos fundamentales. Entre ellas menciona la presentación de una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) en junio de 2024, mediante la cual solicitó seguimiento a las condiciones de salud de las personas procesadas, especialmente de adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

La organización sostiene que también presentó escritos ante el tribunal que conoce el caso para solicitar información médica relacionada con José Santos Melara Yanes. Según el comunicado, dichas peticiones buscaban conocer el estado de salud del procesado y obtener información sobre exámenes y consultas médicas programadas.

UNIDEHC afirma que en junio de este año presentó un nuevo escrito para insistir en la necesidad de resolver la situación jurídica de los acusados y garantizar derechos como la salud, la vida y la integridad física, argumentando que Melara es una persona adulta mayor con enfermedades crónicas y en condición de vulnerabilidad.

Asimismo, señala que en el caso de Luis Menjívar también fueron solicitados estudios médicos durante 2024 y que se ofrecieron medios de prueba anticipada, los cuales habrían sido admitidos por el tribunal.

Cuestionamientos a la Fiscalía

En el comunicado, la organización acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de solicitar prórrogas en el plazo de instrucción del caso y sostiene que algunas diligencias no fueron realizadas en los tiempos establecidos.

Además, atribuye a la Fiscalía una supuesta estrategia orientada a prolongar el proceso judicial, una afirmación que forma parte de la postura expresada por la organización y que no incluye la versión de la institución fiscal.

UNIDEHC también manifestó que, debido a la situación judicial que enfrentan algunos de sus abogados y voceros, la familia de los procesados optó por nombrar nuevos defensores particulares para continuar con la representación legal.

Piden libertad de detenidos

Al cierre del comunicado, la organización reiteró que continuará vigilando el proceso judicial relacionado con veteranos y excombatientes y se sumó a los llamados de otros movimientos sociales para exigir la liberación de las personas procesadas.

«Defender derechos humanos no es delito» y «Libertad a las personas presas políticas» son algunas de las consignas incluidas en el documento divulgado por la entidad.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no se había pronunciado sobre los señalamientos contenidos en el comunicado.

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