Por el momento, la última orden ejecutiva del presidente Donald Trump sobre las cuentas bancarias no implica cerrar las que sean de inmigrantes irregulares o confiscar los fondos, explicaron especialistas consultados y medios estadounidenses.
Según se explica, la orden ejecutiva denominada “Restoring Integrity to America’s Financial System”, anunciada oficialmente por la Casa Blanca el 19 de mayo de 2026, busca fortalecer los controles sobre el uso del sistema financiero por parte de redes de tráfico humano, narcotráfico, inmigración ilegal y organizaciones criminales.
A partir de la misma, informó la cadena Telemundo, el Departamento del Tesoro contempla una revisión de las normas que regulan la identificación de clientes en bancos, emisores de tarjetas de crédito y otras instituciones financieras, sobre todo patrones financieros asociados con actividades ilícitas, fortalecer los procesos de verificación de identidad y evaluar riesgos relacionados con la concesión de productos financieros a personas que no cuentan con autorización legal para permanecer o trabajar en Estados Unidos.
Sin embargo, aclara la fuente, no determina o especifica que las cuentas de personas sin documentos serán cerradas o congeladas como se ha rumoreado.
Telemundo Tennessee consultó a Miguel Vega, un experto financiero con años de experiencia, quien explicó que hasta ahora no existe en ese documento la orden de cierre de cuentas e incluso detalló que no se obliga a los bancos a solicitar documentación para comprobar la estadía legal en el país.
Vega aseguró que aún es muy pronto para conocer el impacto de esta orden ejecutiva, pero dijo que la medida busca combatir el lavado de dinero, tráfico de drogas, tráfico de personas, financiamiento de cárteles, fraude financiero relacionado con inmigración irregular.
En su red social, Trump dijo el martes que «las cuentas bancarias que estén siendo utilizadas para facilitar la inmigración ilegal, o para almacenar beneficios públicos recibidos por extranjeros en situación ilegal, serán cerradas”, así como que el acceso al sistema financiero estadounidense debe limitarse a quienes tengan un derecho legal a permanecer en el país.
Sin embargo, Telemundo explica que estos mecanismos no aparecen expresamente establecidos en el texto oficial de la orden ejecutiva y requerirían procedimientos legales y regulatorios adicionales. Tampoco establece de manera inmediata una obligación general para que los bancos verifiquen el estatus migratorio de todos sus clientes, aunque instruye a los organismos reguladores a estudiar posibles modificaciones normativas y reforzar los controles de cumplimiento financiero.
Analistas señalan que el impacto real de la medida dependerá de las regulaciones que el Departamento del Tesoro y los organismos supervisores desarrollen en los próximos meses, así como de los posibles desafíos legales que puedan surgir durante su implementación.
Sin embargo, recordaron que el Gobierno Federal no tiene la autoridad legal para cerrar cuentas bancarias ni confiscar fondos de manera unilateral, pues las instituciones bancarias de EE.UU. operan bajo leyes federales estrictas, y para que una cuenta sea cerrada o confiscada por el gobierno, el Departamento del Tesoro debe seguir procesos judiciales y administrativos rigurosos, o requerir la orden de un juez.