La firma inglesa Emerging Finance (EMFI) afirma que “el acuerdo con el FMI sigue estancado, sin avances significativos en ninguno de los dos frentes”, al mismo tiempo que hace énfasis en los retrasos que el programa ha presentado en los últimos meses. De hecho, según el calendario oficial del acuerdo, el país ya tuvo que haberse sometido a la segunda y a la tercera revisión de los compromisos adquiridos, y cuyos resultados debieron haberse hecho públicos en septiembre de 2025 y en marzo de 2026.

EMFI abordó en su más reciente informe el peso que las pensiones mantienen sobre las finanzas públicas, tanto por el lado de los compromisos financieros que el gobierno deberá asumir el próximo año, como por el lado de su importancia en el marco del Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) que el Gobierno de El Salvador mantiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En este escenario es que entra en juego el tema de las pensiones, pues para el 10 febrero pasado (a más tardar) el gobierno debió haber presentado una propuesta de reforma a la Ley Integral del Sistema de Pensiones, sin embargo, a la fecha no se conoce ningún proyecto de ley relacionado con este punto.

Asimismo, EMFI considera que esta falta de “reformas estructurales” podrían estar retrasando, precisamente, las revisiones que el país tiene pendientes en el marco del SAF, algo que se suma a las preocupaciones fiscales derivadas del período de gracia de cuatro años que el gobierno tiene con el sistema previsional y que se vence el próximo año, por lo que subraya que “este punto ayuda a explicar el estancamiento en el acuerdo”.

Dicho período de gracia se refiere al cambio que se aplicó en 2023 a las condiciones de la deuda que el Estado tiene con los fondos de pensiones, de los cuales se financia a través de los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) y de los Certificados de Financiamiento de Transición(CFT), establecidos tras la reforma de 2022. Estas nuevas condiciones permitieron que el gobierno no pagara intereses ni abonara capital a esta deuda durante un período de cuatro años.

Según informes internacionales de años anteriores, este período libre de obligaciones le ha otorgado al gobierno un ahorro de hasta $500 millones anuales; sin embargo, este oxígeno caducaría el próximo año con el vencimiento del período de gracia, lo que implica que el país deberá afrontar mayores compromisos financieros.

De acuerdo con la firma inglesa, la deuda relacionada con las pensiones aumentó del 25.7% con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), que equivalía a unos $8,200 millones en 2022, al 30.6% del PIB ($11,200 millones) al cierre de 2025. Las cifras más recientes del Banco Central de Reserva (BCR) reflejan que el total de la deuda previsional ya alcanzó los $11,520.42 millones.

Esta situación provocaría que el equilibrio fiscal que el gobierno busca alcanzar, siempre en el marco del acuerdo con el FMI, se tambalee pues, según EMFI, este acuerdo “seguirá siendo un factor central para evaluar la sostenibilidad macroeconómica del país”, la cual se ha caracterizado en los últimos años por un déficit fiscal bastante amplio (gastos públicos superiores a los ingresos) y un nivel de endeudamiento cercano al 90% del PIB.

Aún así, la firma inglesa apunta que la continuidad de las etapas del acuerdo con el FMI están sujetas no solo al cumplimiento de los compromisos adquiridos en materia fiscal, sino también a la disposición del gobierno por reformar los puntos claves para estabilizar sus cuentas.

“La normalización de las revisiones pendientes (con el FMI) dependerá menos de la capacidad del gobierno para cumplir los objetivos fiscales a corto plazo y más de su voluntad de impulsar reformas estructurales, especialmente en materia de pensiones, que estabilicen las obligaciones de pensiones a mediano plazo. Sin una solución permanente al componente de las pensiones, el actual proceso de consolidación fiscal corre el riesgo de convertirse más en un aplazamiento de las presiones que en una corrección estructural definitiva”, apunta la firma.

Anteriormente, EMFI había señalado que la razón detrás del retraso en la reforma de pensiones obedece a las elecciones generales programadas para el próximo año pues, según un informe de febrero de este año, “la cercanía del ciclo electoral de 2027 introduce claros incentivos para posponer o suavizar medidas impopulares, particularmente aquellas que afectan directamente a los trabajadores activos”, ya que “el calendario político condicionará decisivamente el ritmo y el alcance de la reforma del sistema de pensiones en 2026”.