La deuda que tiene el gobierno central con el sistema previsional continúa creciendo a un ritmo bastante significativo, de acuerdo con los datos más actualizados del Banco Central de Reserva (BCR), los cuales arrojan que, solo en abril, el monto prestado incrementó hasta en $44.1 millones con respecto al mes anterior.

Puntualmente, los datos oficiales reflejan que el total de dinero que, hasta la fecha, ha tomado el gobierno a modo de préstamo de estos fondos asciende a $11,520.42 millones, una cifra que se ha elevado a un ritmo bastante acelerado en los últimos años.

De hecho, solo en lo que va de 2026, esta deuda ha crecido en $279 millones y, si se compara con abril de 2025, el aumento equivale a más de $778.5 millones en solo un año.

No obstante, ese ritmo de crecimiento en la deuda previsional no solo se ve reflejado en el último año, sino desde enero de 2023, cuando se emitieron los primeros Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) ya bajo la ley actual (reformada en 2022). Estos COP son un instrumento mediante el cual las administradoras de los fondos (AFP) están obligadas a colocar el dinero de los cotizantes para financiar las necesidades estatales.

En este sentido, si se compara la cifra con enero de ese año, puede observarse que la cifra se ha elevado en hasta $3,075.80 millones, lo que se traduce en un ritmo de endeudamiento de hasta $923 millones anuales y casi $77 millones, en promedio, por mes. Esta dependencia que tiene el gobierno de los fondos acumulados que ahorran mes a mes los trabajadores no había presentado un crecimiento tan agresivo en años anteriores.

Por ejemplo, las cifras de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), arrojan que la deuda previsional adquirida entre enero de 2023 y marzo de 2026 presenta números similares a toda la deuda que se adquirió en el período 2013-2022 (equivalentes a nueve años), pues en ese lapso el gobierno tomó prestado hasta $3,480.9 millones, una cifra que supera en “solo” $449.2 millones al total acumulado en los últimos tres años y medio.

De hecho, en ese período, el ritmo de aumento anual equivalía a casi la mitad de los números que se observan desde 2023 a la fecha, con unos $390 millones anuales frente a los $923 millones que se promedian desde que entró en vigencia la Ley Integral del Sistema de Pensiones actual.

Pero, ¿por qué es importante esta cifra? El aumento significativo de la deuda previsional da pistas sobre la necesidad que tiene el gobierno de financiarse de los ahorros de los salvadoreños para pagar las pensiones de los trabajadores que se jubilaron antes del sistema actual, asimismo, se traducen en una presión cada vez más prominente sobre las finanzas públicas.

Lo anterior se suma, además, a que el próximo año se vencerá el período de gracia por el cual el gobierno ha dejado de pagar los intereses y capital a dicha deuda con el sistema previsional, una medida que según informes internacionales, le ha permitido al Ejecutivo oxigenarse a través de un ahorro de hasta $500 millones anuales.

Por ello, y debido a que estas situaciones ocurren en un contexto en el que el país necesita ordenar sus finanzas y disminuir el déficit fiscal, es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó al gobierno una propuesta de reforma de pensiones para mejorar algunos elementos que permitan garantizar la sostenibilidad de los ahorros. Sin embargo, a la fecha, la administración del presidente Bukele no ha hecho pública la propuesta que debió haberse presentado el pasado mes de febrero.